Impuestos verdes, grises y por la puerta de atrás

El pasado mes de abril el precio de la electricidad en el mercado mayorista se situó en 65 euros por megavatio hora (€/MWh), casi cuatro veces el precio del mismo mes del año pasado y, lo que es más representativo, dado que en abril de 2020 estábamos confinados, un 29% más que el precio del mismo mes de 2019. Para llegar desde el precio mayorista al precio que pagamos en nuestra factura, hay que añadir otros costes 'eléctricos', como la potencia contratada, el transporte y la distribución, y sumar también otros costes 'fiscales y regulatorios', que suponen algo más del 50% del precio total. Entre estos últimos costes están el IVA, inherente a toda actividad económica, el impuesto a la producción de electricidad, las ayudas a las renovables y el pago de la deuda derivada del antiguo déficit de tarifa.

Un elemento clave en la obligada transición energética es que el transporte, la calefacción o buena parte de los usos industriales consuman electricidad procedente de fuentes renovables en lugar de gasolina, gasóleo o gas natural. Para que dicha sustitución se produzca, una medida necesaria, aunque no suficiente, es que el precio de la electricidad sea lo más reducido posible.

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De los elementos 'fiscales y regulatorios' de la tarifa eléctrica, dos merecen, por su concepto y cuantía, especial atención. El primero es el impuesto a la producción de electricidad. No parece tener sentido gravar un producto cuyo consumo se desea incentivar. Ahora que tanto se habla de fiscalidad 'verde', el impuesto a la electricidad es un impuesto 'gris' que penaliza el consumo eléctrico. Su supresión, que de momento no figura en los planes del Gobierno, sería recomendable. El segundo elemento son las ayudas a las renovables. En este caso, el Gobierno ha movido ficha a través de la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que absorberá estas ayudas sacándolas de la factura, y que será sufragado con las aportaciones de todas las empresas energéticas. Pagaremos como consumidores de productos petrolíferos o de gas lo que nos ahorremos con la luz, pero se abaratará la electricidad mejorando su capacidad de penetración en nuestro sistema productivo. El cálculo disponible indica que en 2025 la aportación al fondo será de unos 4.765 millones de euros, de los que el sector petrolero asumirá el 43,7% (unos 2.085 millones de euros), el eléctrico el 31,5% (unos 1.500 millones de euros) y el gasista el 24,8% (unos 1.181 millones de euros).

Ahora que tanto se habla de fiscalidad 'verde', el impuesto a la electricidad es un impuesto 'gris'

El problema es que la reducción del precio de la electricidad por la desviación de las ayudas a las renovables al nuevo fondo, o incluso por la hipotética desaparición del impuesto a la producción de electricidad, puede verse eclipsada por la ya comentada subida del precio de la energía en el mercado mayorista. La causa principal de este incremento ha sido el precio de los derechos de emisión de CO₂ que las empresas deben adquirir para poder generar energía eléctrica quemando gas o carbón. En los cinco últimos años, el precio de los derechos europeos de emisión ha subido de forma notable:

Este incremento de precios ha sido un efecto buscado por la propia Unión Europea. Sin entrar en demasiados detalles, el sistema se modificó en 2015 para reducir la oferta disponible de derechos de emisión de forma que el precio subiera y el mercado recibiera una señal clara que incentivara la reducción de emisiones y, en el caso del sector eléctrico, la sustitución del gas y del carbón por fuentes renovables, como la solar y la eólica. Este sobrecoste de los derechos de emisión es un impuesto más. A lo largo del mes de abril, España ingresó algo más de 220 millones de euros procedentes de su subasta.

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La filosofía inicial del sistema creado en 2005 era que los derechos de emisión encarecerían la generación eléctrica tradicional y que este mayor precio permitiría que los incipientes desarrollos de energías renovables alcanzaran un umbral suficiente de rentabilidad. Este esquema 'europeo' de protección se complementó en ocasiones con los sistemas propios de cada país. En nuestro caso, nuestro sistema fue especialmente generoso, al garantizar un retorno del 9%, luego reducido al 7,5%, a cualquier inversión efectuada. Este sistema propio es el que da origen a las 'ayudas a las renovables' incluidas en los elementos regulatorios de la factura eléctrica.

El problema del esquema europeo de protección a través de un precio de mercado artificialmente elevado es que ha perdido buena parte de su sentido como consecuencia de la reducción de costes de las renovables. Hoy, la energía solar fotovoltaica y la eólica son las formas más baratas de generar electricidad. En la reciente subasta efectuada por el Gobierno español para garantizar un precio que diera certeza a los inversores en renovables, se adjudicaron 3.000 MW a unos precios medios de 24 y 25 €/MWh. Si a los 65 €/MWh del mercado mayorista de abril se les deducen los costes derivados de los derechos de emisión que, según publicaba este periódico el pasado día 6, ascendían a 18 €/MWh, tendríamos un precio de 47 €/MWh, muy superior al precio de 24-25 €/MWH al que están dispuestos a vender los productores de renovables. En otras palabras, las renovables no necesitan la protección de los derechos de emisión. Sin esa finalidad 'verde', los derechos de emisión no son sino un impuesto más, un impuesto creado por la puerta de atrás, que encarece la electricidad, lastra la competitividad y reduce la renta disponible de los hogares. Eso sí, contribuye a llenar las magras arcas del fisco a un ritmo no despreciable de 220 millones de euros al mes.

Sin finalidad 'verde', los derechos de emisión no son sino un impuesto más, creado por la puerta de atrás, que encarece la electricidad

Si el esquema fiscal de la electricidad plantea más dudas que certezas sobre su alineamiento con los fines que se pretenden conseguir, las figuras impositivas que van a incidir en el transporte se acumulan en una sola dirección. Son todos impuestos 'verdes', que penalizan los consumos de combustibles que debemos sustituir. A los impuestos de matriculación y circulación se suman los impuestos especiales a los combustibles con la esperada subida de los tipos del gasóleo, el nuevo peaje a las autovías y la repercusión de los costes del fondo de sostenibilidad eléctrico. El transporte es un elemento clave en los costes empresariales y, en nuestro caso, la fabricación de automóviles tiene un peso significativo en nuestro PIB. Añadir impuestos y carga fiscal de forma indiscriminada, sin un adecuado análisis coste-beneficio, es como echar más madera a la caldera de una máquina de tren que amenaza con descarrilar los vagones que arrastra.