Chapuza

La compleja relación con Marruecos es, con sus altibajos, el problema más difícil al que debe hacer frente nuestro Ministerio de Exteriores: la reclamación sobre Ceuta y Melilla y, al fondo, Canarias y la delimitación de aguas territoriales. Inmigración ilegal, tráfico de drogas y terrorismo islamista. El Sáhara, con las reminiscencias de nuestras responsabilidades como potencia colonial, el recuerdo de la Marcha Verde, la legalidad internacional decantada a favor de un referéndum de autodeterminación y 45 años de ocupación marroquí.

Desde hace varios años, España es el primer proveedor y cliente de Marruecos. Nuestras exportaciones superaron en 2019 los 8.500 millones de euros y la balanza comercial nos es favorable. El número de empresas españolas que exportaron a Marruecos durante 2019 fue de 21.861. En España viven casi 900.000 marroquíes. Es la colonia inmigrante más numerosa.

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Mantener una relación equilibrada con Marruecos requiere atenerse a tres principios. No ceder en aquello que para nosotros resulta esencial, no ofender en lo que para ellos tiene especial relevancia y construir y ampliar las relaciones entre ambos, de forma que ante las periódicas crisis que puedan presentarse, cada vez merezca más la pena salvaguardar lo existente.

Estos tres principios requieren conocimiento mutuo de las formas de sentir y pensar, y entender que la realidad internacional es dinámica y que determinados factores pueden alterar nuestra manera o su manera de ver las cosas. A finales de octubre del año pasado, después de muchos años sin graves altercados, se produjeron enfrentamientos armados entre el ejército marroquí y las fuerzas del Frente Polisario. Como consecuencia de estos enfrentamientos, el Frente Polisario declaró la guerra a Marruecos en noviembre, dejando formalmente sin efecto el acuerdo de alto el fuego firmado en 1991. Pese a esta declaración formal, no ha habido noticias de enfrentamientos graves.

El pasado 10 de diciembre, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había firmado una "proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental". Aunque puede aducirse que la firma se produjo como contraprestación a la normalización de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel, e incluso que a Trump apenas le quedaban semanas en el poder, la realidad es que el presidente Biden, del que hay que recordar que fue presidente de la Comisión de Exteriores del Senado norteamericano durante años, no ha anulado el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Se haya conseguido como se haya conseguido, es el mayor éxito de la diplomacia marroquí en décadas.

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Tras el éxito, el Ministerio de Exteriores marroquí inició la difícil tarea de convencer a otros países de que siguieran los pasos de Estados Unidos. El 2 de marzo, Rabat anunció que había decidido "suspender todo contacto" con la embajada de Alemania en Marruecos, debido a los "malentendidos profundos" con Berlín sobre la cuestión del Sáhara Occidental, entre otros asuntos. La suspensión o aplazamiento de la cumbre de alto nivel con España de diciembre a febrero y de febrero a una fecha por determinar, aunque achacada a la pandemia, tiene un idéntico origen.

Estos son los acontecimientos, todos ellos acaecidos en los últimos siete meses, que enmarcan la decisión española de dar asistencia hospitalaria a Brahim Ghali, máximo líder de la República Árabe Saharaui Democrática, formalmente en guerra con el Reino de Marruecos. Algunas fuentes indican que fueron cinco países los que rechazaron la petición argelina de atender al jefe del Polisario. Otras indican que solo Alemania rechazó la solicitud. Sean cinco o solo uno los países que declinaron atender al líder saharaui, España tenía y tiene más razones que nadie para negarse. Además de suponer una ofensa para Marruecos, nos arriesgábamos a vernos envueltos en un embrollo judicial.

Brahim Ghali tiene dos causas abiertas en la Audiencia Nacional: la primera, derivada de la querella interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos por delitos de genocidio en concurso con delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones. La segunda deriva de la querella interpuesta por el activista saharaui con nacionalidad española Fabel Breica, en la que acusa al líder del Polisario de los delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad. Para el maniqueísmo de cierta izquierda, que considera a los saharauis cercanos a la santidad, puede sorprender la mera relación de los hechos denunciados en las querellas. El juez ha rechazado de momento interponer medidas cautelares, pero ha procedido a citar a declarar a Ghali.

Igual fue por la cuestión de las querellas, quizá por menosprecio a los servicios de Inteligencia marroquí o quizá por simple estupidez, pero la decisión de que el líder del Polisario entrara en España bajo una identidad falsa es de las que hacen incurrir en el ridículo más espantoso a toda la Administración española. La verdadera personalidad del hospitalizado tardó pocos días en conocerse. El juez de la Audiencia Nacional reactivó las querellas y Marruecos inició su venganza en forma de la marea humana que invadió Ceuta.

España es un país soberano con un Gobierno elegido democráticamente. Puede tomar las decisiones que considere en materia de política exterior y no necesita hacerlo a escondidas. Si se decide acoger al líder saharaui, se hace. Incluso se comunica con carácter previo a Marruecos por los canales diplomáticos habituales. Algunos o muchos estaremos en desacuerdo. Los costes potenciales eran, como se ha visto, muy altos, y no teníamos necesidad alguna de meternos en este lío. Si se esgrimen razones humanitarias, seguro que es posible encontrar entre los refugiados en Tinduf saharauis con nacionalidad española o descendientes de españoles enfermos de covid a los que proporcionar ayuda sanitaria.

La posición marroquí la ha resumido su ministro de Exteriores, que ha declarado que la crisis durará mientras continúe su verdadera causa, que es la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en territorio español “en condiciones indignas para un Estado de derecho y su no comparecencia ante la Justicia española”. Así que ya sabemos: supuesta la recuperación del líder saharaui, el juez debería decidir si existe riesgo de fuga y obrar en consecuencia, dictando medidas que le retengan en España. Si le dejamos ir sin juzgar, malo; si le juzgamos y la Audiencia le declara inocente, probablemente peor, y si le declara culpable, tendremos el lío con Argelia, país con cuyo pasaporte viaja y que solicitó para él la atención hospitalaria.

En resumen, una bonita manera de crearse problemas cuando menos se necesitan. Por cierto, si González Laya estaba a favor y Marlaska en contra, ¿quién tomó la decisión de cometer uno de los errores más innecesarios y absurdos de nuestra política exterior reciente?