Los despropósitos (*) eléctricos (II)

Uno de los más notables y permanentes despropósitos de la regulación eléctrica española ha sido la fijación del precio de venta al público. A lo largo de los años, el manejo administrativo de la tarifa eléctrica ha permitido perpetrar algunos desmanes que los consumidores aún pagamos, favorecer a los generadores de electricidad y dificultar la competencia.

El esquema de funcionamiento de un mercado eléctrico liberalizado es relativamente sencillo: las comercializadoras compran en el mercado mayorista, pagan los costes de transporte y de distribución —fijados por la Administración, al tratarse de monopolios naturales— y venden libremente al precio que consideran oportuno. Las comercializadoras se enfrentan a la dificultad de tener que comprar en un mercado cuyos precios cambian de hora en hora y vender en un mercado donde no es fácil que el consumidor te acepte la variación horaria del precio. Siempre han contado con dos posibilidades: acudir al mercado a plazo, donde a través de las correspondientes coberturas pueden cerrar un precio para un periodo más prolongado, o bien suscribir un contrato bilateral con un productor.

Poco tiempo después de la liberalización de 1997 debió abolirse la tarifa y permitir la libertad de precios, con el único requisito para las comercializadoras de publicar el día último de cada mes el precio por KWh para el mes siguiente, de forma que las empresas asumieran el riesgo de la variabilidad de precios en el mercado de generación, lo cubrieran como estimaran conveniente y el consumidor tuviera certeza del precio a contratar y la posibilidad de cambiar de proveedor. Era la manera más rápida de introducir competencia. Las barreras de entrada para la comercialización eléctrica son reducidas. No hay que invertir en redes de transporte o distribución ni necesitas ser propietario de ninguna central de generación eléctrica. Basta con la capacidad crediticia suficiente para mantener tus posiciones en el mercado, que inicialmente no tienen por qué ser muy ambiciosas. Hacen falta unos pocos profesionales experimentados, sistemas de gestión y, lo que es esencial en cualquier negocio, la voluntad de asumir un riesgo manejable.

Sin embargo, la Administración no solo mantuvo su prerrogativa de fijar los precios finales, sino que introdujo en la normativa la posibilidad de que el precio fijado no recogiera la totalidad de los costes del ejercicio en cuestión, siempre que se incorporaran en ejercicios sucesivos. Se calculaba el coste medio del mercado de generación, se sumaban los costes de transporte y distribución y se ponía un precio por debajo del resultado de la suma. La diferencia ya se recuperaría. Había nacido el déficit de tarifa, alumbrado por un Gobierno del PP.

Opinión

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La primera víctima fue la competencia. Ninguna comercializadora podía vender a un precio inferior a la suma de sus costes. Por consiguiente, la oportunidad más rápida de introducir competencia quedó cercenada. La segunda víctima fue el propio sistema. El esquema de protección a las renovables puesto en marcha por el Gobierno socialista en 2004, al que ya hice referencia en el artículo anterior, no limitaba ni MW a subvencionar ni importe máximo de la subvención global, pero precisaba que la subvención iría con cargo a la tarifa. Es decir, a los costes de transporte y distribución habría que sumar, como un 'peaje' adicional, los importes necesarios para garantizar el retorno asegurado a los inversores en renovables. Estos mayores costes no tuvieron su reflejo en los precios fijados y el déficit se fue incrementando. Para cuadrar de mala manera el esquema, el Gobierno socialista estableció la obligación de que las grandes eléctricas financiaran el desbalance. Como los ingresos eran inferiores a los costes, el déficit se apuntaba religiosamente como deuda en el balance de las compañías. La crisis financiera de 2008-2009 hizo el resto. En 2012, con Rajoy ya en el poder, el déficit de tarifa acumulado alcanzaba los 24.000 millones de euros y se estimaba que podía crecer a un ritmo de 5.000 millones al año. El Gobierno del PP acabó con el problema estableciendo nuevos impuestos —todavía vigentes— a la producción y comercialización de electricidad, reduciendo la retribución a las renovables, lo que dio origen a reclamaciones en instancias internacionales aún pendientes y titulizando con garantía del Estado la deuda acumulada por las empresas eléctricas.

Cuando comparamos los costes de la electricidad en España con los existentes en otros países europeos, hay dos conceptos, fruto de sendos despropósitos, que en nuestro caso abultan la factura: los pagos por el déficit eléctrico del pasado y el sistema de retribución a las renovables.

Si se quiere bajar el precio de la electricidad, antes de discutir sobre el mercado marginalista, tema sobre el que volveremos en un próximo artículo, habría que abordar el problema de todos esos cargos que suponen más del 50% del precio de la luz. Cabe que el Estado asuma todo o parte de dichos costes. De momento, la propuesta existente es la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, en que los costes de las renovables, en lugar de ser asumidos por los consumidores eléctricos, lo serán por todos los consumidores de energía. Al final, los despropósitos los pagamos las empresas y los ciudadanos: como consumidores eléctricos, como consumidores de energía o como contribuyentes.

La regulación de los precios eléctricos ha dado para más curiosidades. En 2009, se introdujo una liberalización parcial: se creó la tarifa de último recurso (TUR) para consumidores de pequeño tamaño —la mayoría— y se liberalizó el resto. Se decidió que la TUR sería trimestral y como novedad se organizaron las correspondientes subastas trimestrales. Hasta su abolición en 2014, las subastas trimestrales siempre arrojaron un precio superior al de las subastas diarias. En resumen, el consumidor 'protegido' por la tarifa soportaba un precio del mercado de generación superior al del mercado libre. Este cambio de 2009 se llevó a cabo sin la regularización del déficit de tarifa que ya se venía arrastrando. En 2014, la tarifa TUR fue sustituida por el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que se vinculó a la media mensual del mercado de generación diario y al que aún hoy están sujetos más de 10 millones de consumidores. Lo que en aquel momento era un avance, hoy se ha convertido en un problema adicional dada la escalada de precios del mercado eléctrico. Con precios de mercados mayoristas similares en toda Europa, el consumidor español es el que antes recibe el impacto de la subida.

Hace 20 años, dejamos pasar la oportunidad de liberalizar precios y transferir a las empresas la responsabilidad que les competía. Cuanto antes lo hagamos, mejor. La experiencia nos muestra que, con la tarifa en la mano, las posibilidades de cometer cualquier despropósito crecen exponencialmente.

(*) Despropósito: dicho o hecho fuera de razón, de sentido o de conveniencia.