Los despropósitos (*) eléctricos (y IV)

La desazón y la polémica en torno al coste de la electricidad se sustentan en un despropósito genérico: olvidar u ocultar el colosal esfuerzo que para toda la sociedad supone la transición energética. Hoy en día, la participación de los combustibles fósiles en el consumo final de energía asciende al 65% en la industria, al 36% en los sectores residencial y servicios y al 95% en el transporte. En 30 años, debemos reducir este consumo a cero o, como poco, al mínimo compatible con la capacidad de captura o absorción de CO2 que tengamos en 2050.

La adaptación de los consumidores finales va a requerir inversiones masivas. Tenemos que cambiar de coche, instalar cargadores eléctricos y transformar la forma de generar calor en nuestros hogares. Las industrias cuyos procesos requieran temperaturas superiores a 100º C deberán sustituir hornos y calderas y cambiar de combustible. La cadena de valor de todas las industrias energéticas tiene que sufrir un cambio radical que, si no se atiende en tiempo y forma, puede amenazar la supervivencia de algunas. Las tecnologías necesarias, como baterías, nuevos sistemas de almacenamiento de electricidad, electrolizadores para la producción de hidrógeno, turbinas y hornos adaptados al consumo de hidrógeno en lugar de gas natural, combustibles sintéticos, captura de CO2 y su reutilización o secuestro, están en fase de desarrollo tecnológico o requieren altos volúmenes de inversión que generen las economías de escala necesarias para que su coste sea competitivo. El resumen es sencillo: el éxito de la transición energética depende de las decisiones de inversión de los consumidores finales y de la industria energética, tanto de los actores hoy incumbentes como de los nuevos entrantes.

Opinión

Los despropósitos (*) eléctricos (I)

Nemesio Fernández-Cuesta

El diseño europeo del mercado eléctrico tiene por objeto maximizar los rendimientos de las tecnologías limpias de forma que se incentiven las necesarias inversiones en este ámbito. Encarecer lo que contamina para rentabilizar la generación eléctrica sin emisiones. Como veíamos en el artículo anterior, el sistema funciona: las inversiones en renovables, sobre todo en fotovoltaica, superan lo esperado. El Gobierno español, acuciado por la subida de precios en el mercado mayorista y un punto desorientado por la constatación de que el éxito en la transición energética requiere una ardua travesía por el desierto, ha decidido echarse al monte. En dos patadas —tanto en sentido literal como figurado—, se ha cargado el modelo. El proyecto de ley que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, aprobado el pasado 3 de agosto, fue la primera. La segunda y definitiva patada ha sido el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

El pasado mes de agosto, el precio del gas fue de 45 euros por MWh y el de los derechos de emisión de CO2, de 56,5 euros por Tm. Con esos costes, a lo largo del mes, los ciclos combinados de gas natural marcaron el precio del mercado durante un determinado número de horas. Ese precio durante esas determinadas horas sirvió para retribuir a todas las tecnologías no emisoras de CO2. La aplicación combinada de las dos normas supone considerar un beneficio injustificado —y por tanto gravable— de las tecnologías limpias todos los ingresos correspondientes a un precio del gas superior a 20 euros por MWh y un coste de los derechos de emisión superior a 20,67 euros por Tm.

Opinión

Los despropósitos (*) eléctricos (II)

Nemesio Fernández-Cuesta

Cada una de las normas impone su respectiva exacción: en esencia, la primera norma supone aplicar un impuesto al CO2 a tecnologías que no emiten CO2. El tipo impositivo es el que se deriva de la diferencia entre el precio de mercado de los derechos de emisión y 20,67 euros por tonelada, precio medio de los últimos cinco años. El problema es que el sistema europeo está diseñado para que el coste de los derechos de emisión sea creciente en el tiempo. Con esta norma, España se sale 'de facto' del sistema europeo y establece un tope fijo al beneficio de las energías limpias derivado de la no emisión de CO2.

La segunda norma supone un despropósito mayor: si el precio del gas sube por encima de 20 euros MWh —precio al parecer considerado adecuado por el Gobierno—, las tecnologías no emisoras de CO2 tendrán que pagar un 'impuesto' calculado en función de la diferencia entre el precio del gas en el mercado y los citados 20 euros. Se habla de las grandes eléctricas, pero las instalaciones renovables que venden su producción en el mercado están sujetas a la misma exacción.

El Plan Integrado de Energía y Clima remitido por el Gobierno a Bruselas prevé unas inversiones privadas en energías renovables de 80.000 millones de euros hasta 2030. En una economía de mercado, la capacidad de inversión depende de la capacidad financiera —caja disponible o posibilidad de endeudamiento—, del retorno esperado y de la percepción del riesgo inherente a dicho retorno. Las medidas del Gobierno reducen la generación de caja de la industria, disminuyen el retorno de las inversiones e incrementan de forma notable la percepción del riesgo regulatorio. Medidas de este tipo dificultan la captación de fondos en los mercados financieros internacionales, imprescindibles para el esfuerzo que supone la transición energética.

Opinión

Los despropósitos (*) eléctricos (III)

Nemesio Fernández-Cuesta

Si se quiere penalizar a las grandes eléctricas, puede subirse el tipo del impuesto de sociedades. Bancos y petroleras ya tienen un tipo más alto. Si se quiere proteger al consumidor vulnerable, puede destinarse parte de la recaudación fiscal, sobre todo la derivada de la subida de precios de los derechos de CO2, a establecer un programa específico de subsidios. Si consideramos la existencia de cinco millones de hogares vulnerables —muchos más de los considerados como tales en el actual sistema—, 2.000 millones de euros suponen una ayuda de hasta 400 euros.

Intervenir el mercado de una forma tan burda como se pretende será contraproducente. La electricidad se abaratará cuando la capacidad instalada renovable más que duplique la demanda, y para ello lo que se necesita son inversiones, no regulaciones extemporáneas radicalmente contrarias a la normativa europea. La regulación de un sector complejo como el eléctrico no puede hacerse 'con' las empresas ni 'contra' las empresas. Tan nociva es la 'captura del regulador' y que las empresas dicten la normativa como el populismo barato de trocear a palmos sus cuentas de resultados. Una y otro, junto a la sempiterna falta de fe en el mercado, han estado en el origen de los continuos despropósitos eléctricos.

(*) Despropósito: dicho o hecho fuera de razón, de sentido o de conveniencia.