Electricidad y gas: hay otras opciones

A finales de octubre, el volumen de gas almacenado en Europa para atender el consumo invernal era el más bajo de la última década. Si sumamos la llegada temprana del frío, la renuencia de las autoridades alemanas a autorizar el funcionamiento del ya terminado gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania por falta de adecuación de su estructura societaria a la normativa de la Unión Europea y el riesgo de conflicto en Ucrania —una de las vías de tránsito del gas ruso hacia Europa—, podemos entender que el precio del gas en los mercados europeos, que dio un respiro en octubre, no haya dejado de subir a lo largo de noviembre. En el mercado español ha pasado de 60 a 100 €/MWh.

El precio de los derechos de emisión de CO₂ en el mercado europeo ha seguido su marcha ascendente. A finales de noviembre ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 72,7 €/Tm, con un incremento, solo en el mes de noviembre, del 28%.

Opinión

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Como consecuencia de ambos factores, el precio de la electricidad en los principales mercados europeos ha experimentado fuertes subidas y alcanzado niveles nunca vistos. En el mes de noviembre, la media aritmética de los precios medios diarios en los principales mercados europeos, en euros por MWh, ha sido la siguiente:

ITALIA: 226,0

REINO UNIDO: 218,4

FRANCIA: 217,1

ESPAÑA: 193,4

ALEMANIA: 176,2

El descuelgue de los precios alemanes se debe a la importante utilización de lignito —carbón de baja calidad— en lugar de gas en la generación de electricidad. Con la reducción de las emisiones de CO₂ como objetivo prioritario, el éxito verde del cierre nuclear alemán y su sustitución por carbón no han sido un buen negocio. En nuestro caso, la mayor producción eólica en noviembre ha empujado nuestros precios a la baja.

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Matices aparte, los precios de la electricidad del mercado mayorista del mes de noviembre suponen costes difícilmente soportables para las empresas y una parte notable de los hogares europeos y, por supuesto, españoles, si se trasladaran sin más a los consumidores finales. Tiende a olvidarse que el mercado eléctrico incluye transacciones bilaterales entre productores y comercializadores o entre productores y clientes finales que reducen, retrasan o incluso dejan sin efecto los precios del mercado mayorista. Una empresa puede suscribir un contrato para comprar energía verde a un productor renovable a 50 €/MWh y completar con un contrato con una horquilla de precios —máximo y mínimo— en función de la cantidad adquirida con una comercializadora. No son transacciones irreales. Un productor renovable que venda su electricidad a 50 €, incluso a 40, cubre de manera holgada todos sus costes y obtiene beneficios.

Los mercados financieros permiten coberturas a plazo que posibilitan a las comercializadoras efectuar ofertas como la descrita. El impacto en la hipotética empresa compradora de las cotizaciones del mercado mayorista sería muy reducido y, en todo caso, se produciría a medio y largo plazo, siempre que los precios del mercado siguieran altos. En términos agregados, cuantas más transacciones bilaterales haya en un mercado, menor será la dependencia del precio mayorista del mercado diario. En España, en comparación con otros países europeos, nuestro grado de “bilateralidad” es reducido, siempre que no se tengan en cuenta los contratos bilaterales entre generadores y comercializadores de un mismo grupo empresarial.

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En el marco europeo, los consumidores individuales tenemos también la posibilidad de suscribir contratos con comercializadoras a precio fijo y cambiar de suministrador a voluntad, como corresponde a un mercado libre. Los necesarios esquemas de protección a los consumidores vulnerables están por supuesto admitidos. En estos dos ámbitos, libertad de mercado para los consumidores individuales y protección a los consumidores vulnerables, es donde marcamos la diferencia: un tercio de los consumidores españoles se mantiene en un mercado regulado regido por un precio vinculado al mercado mayorista y a sus variaciones. Los consumidores vulnerables, para tener derecho a un precio subvencionado, tienen que permanecer de forma obligada en el mercado regulado, es decir, quedar sujetos a la variabilidad de un precio en el que un estornudo de Putin supone varios euros de subida.

El déficit de bilateralidad en el mercado mayorista y el exceso de regulación en el mercado minorista son las diferencias que hacen que el impacto en España de la actual crisis energética sea superior al de otros países donde los precios del mercado eléctrico son iguales o superiores a los nuestros. Por consiguiente, las medidas a tomar deberían ser el fomento de la contratación bilateral, la liberalización del mercado minorista y, como recuerda la Comisión Europea en su comunicación del pasado 13 de octubre, la ayuda a todos los consumidores finales de energía. En el primero de los dos decretos leyes aprobados por el Gobierno y convalidados por las Cortes para luchar contra la crisis energética se establece la obligación de que los generadores subasten una parte de su energía a través de un mecanismo regulado por el Gobierno, con precios asimismo regulados. Hubiera bastado con obligar a que los generadores integrados vendieran una parte de su energía a comercializadoras que no fueran de su grupo empresarial y que tampoco pertenecieran a otro grupo empresarial eléctrico integrado con una cuota relevante de mercado.

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La liberalización del mercado minorista no se aborda. El Gobierno, con un desconocimiento supino de cómo funciona un mercado, anunció lo imposible: pagaríamos a final de año lo mismo que en 2018. Para ello, redujo impuestos, peajes y otros cargos del sistema. Para financiar esta rebaja, intervino el mercado y estableció una exacción sobre la energía vendida a un precio superior al de considerar el gas a un precio de 20 €/MWh. Tras algún susto parlamentario, se aprobó un nuevo decreto ley que eximía del gravamen a toda la energía sujeta a contratación bilateral, aunque estuviera suscrita entre empresas del mismo grupo y también la energía sujeta a cobertura financiera. Es decir, casi toda. Mucha alforja para tan corto viaje.

Las ayudas a las empresas consumidoras de energía, en especial aquellas que tienen un consumo intensivo de electricidad o de gas, autorizadas por Bruselas, brillan por su ausencia. Con la recaudación adicional derivada de la subasta de derechos de emisión de CO₂ más la subida de la recaudación fiscal derivada del incremento de precios energéticos, habría ingresos más que de sobra para constituir un fondo de al menos 4.000 millones de euros para ayudar de forma temporal a empresas cuya actividad se ve comprometida por los altos precios energéticos. Este tipo de propuestas son las que deberían considerarse si preocupa la reducción a la baja de las previsiones de crecimiento de nuestra economía.

Por cierto, la propuesta española de modificar el funcionamiento del mercado eléctrico fue acogida por Bruselas con un piadoso silencio y despachada con un reciente informe contrario de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER).