Cuando la izquierda rectifica

En mayo se cumplirá el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Fue una decisión del Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo recibida con una amplia contestación por la izquierda. Tanto el más radical “¡OTAN no, bases fuera!” como el un punto más sibilino eslogan socialista “¡OTAN, de entrada, no!” fueron atronadoramente coreados por las calles de nuestras ciudades.

Cuatro años más tarde, el Gobierno socialista de Felipe González convocó un referéndum sobre nuestra permanencia en la organización militar occidental. El cambio era notable: el socialismo español defendía nuestra permanencia en la OTAN y el propio González amenazaba con dimitir si los españoles opinábamos como los socialistas cuatro años antes. La sorpresa vino por la derecha. Coalición Popular, a la sazón el partido más representativo del centro derecha, con 107 escaños, decidió, en contra de su propio ideario, abstenerse. El sí se impuso en el referéndum por más de dos millones de votos. Fue un triunfo personal inapelable de Felipe González, quien acto seguido disolvió las Cortes y revalidó, aunque con pérdida de escaños, la mayoría absoluta obtenida en diciembre de 1982. Por su parte, Coalición Popular obtuvo un resultado discreto: perdió dos escaños y unos 300.000 votos.

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En el referéndum, 6.872.421 de españoles votaron en contra de la permanencia en la OTAN. Tres meses después, en las elecciones de 1986, todos los votos de los partidos de izquierda distintos del PSOE sumaron 1.723.623. Todos los partidos nacionalistas o regionalistas no de izquierda, 1.794.937. Otros partidos sin identificar obtuvieron 451.346 votos. Suponiendo, y es mucho suponer, que todos estos votantes hubieran estado en contra de la OTAN, al menos tres millones de votantes socialistas votaron en contra de su Gobierno. Felipe González alcanzó una victoria personal gracias a los votantes de centro derecha, encarnada en aquel año por tres partidos: la ya citada Coalición Popular, el Centro Democrático y Social y el Partido Reformista Democrático.

En las elecciones, estos tres partidos sumaron unos 7.300.000 votos. Entre cuatro y cinco millones de sus votantes habían votado a favor del Gobierno socialista tres meses antes. No por una súbita conversión a postulados de izquierda, sino porque lo que quería el Gobierno coincidía con su manera de pensar y, sobre todo, era lo que en su opinión más convenía a España.

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Han pasado muchos años, pero el devenir de la reforma laboral del PP forma ya parte, como la OTAN, del capítulo de rectificaciones sonoras de la izquierda. De la derogación inmisericorde hemos pasado al retoque de algunas cuestiones. Del ordeno y mando gubernamental, al acuerdo con todos los agentes sociales, empresarios incluidos.

No es fácil bucear en las implicaciones últimas del acuerdo alcanzado, pero una lectura atenta del real decreto-ley permite concluir, al menos de forma preliminar, que los empresarios han hecho bien en firmar. Uno de los temas más controvertidos era la prevalencia del convenio de empresa sobre convenios de ámbito más amplio. Se mantiene en todos los aspectos organizativos y decae en el ámbito salarial. No es una mala solución. Cada empresa se organiza como quiere en tiempos de cambio acelerado, pero la competencia entre ellas no se puede asentar en ver quién paga menos. Aunque sea un ejemplo lejano, los sindicatos suecos aceptaron el cheque escolar y la competencia entre centros públicos y privados siempre que los salarios fueran los mismos en ambos sectores.

La prórroga durante un año de los convenios vigentes para someterse después a un mecanismo de mediación o arbitraje si antes no se ha alcanzado un acuerdo entre las partes tampoco parece una solución demasiado gravosa para las empresas, incluso considerando la prórroga adicional del convenio durante el proceso de mediación.

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Uno de los aspectos más positivos de la reforma son los mecanismos de flexibilidad que introduce a través de la reducción de jornada o la suspensión de contratos. El mecanismo de los ERTE vigentes en la pandemia se generaliza. Se crea además un mecanismo “Red” de flexibilidad por razones macroeconómicas o sectoriales que puede activar el Consejo de ministros.

Es cierto que para evitar algunas prácticas heterodoxas se endurecen ciertos requisitos en la regulación de determinados contratos: contrato formativo, contrato a tiempo parcial, contrato fijo discontinuo o subcontratas de obras y servicios, pero es necesario reconocer también la existencia de abusos en la temporalidad y la subcontratación que conducen a una precariedad laboral, negativa en términos macroeconómicos —reduce el consumo privado— y de cohesión social —somos junto con Grecia el país de la Unión Europea con mayor número de contratos laborales de carácter temporal—. En contraposición a este mayor rigor para estos contratos, tanto para la construcción como para las empresas de trabajo temporal se introducen normas específicas que se adecúan a su actividad.

Puede opinarse que estos cambios no son lo que necesita la España del siglo XXI y que las cúpulas sindicales recuperan parte del poder perdido con la reforma que ahora se modifica. Siempre es posible encontrar razones para rechazar el acuerdo alcanzado, pero la aprobación de este acuerdo por el actual gobierno supone una rectificación absoluta de sus postulados iniciales.

Uno de los aspectos positivos de la reforma son los mecanismos de flexibilidad a través de la reducción de jornada o la suspensión de contratos

Para entender el porqué, sugiero la relectura de la entrevista de la vicepresidenta segunda en 'El País' el pasado domingo. Para entender a un gallego, tan importante es lo que dice como lo que calla: cuando se le pregunta por Bruselas y su influencia en el proceso omite cualquier comentario. Cuando se le pregunta por el resto del Gobierno, se deshace en alabanzas a la ministra de Hacienda y Función Pública y omite cualquier referencia a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. En sus omisiones están las respuestas o, si se prefiere, la razón de ser de los cambios de la posición del Gobierno.

Cuando la izquierda rectifica conviene no regalarle el triunfo. La convalidación en el Congreso del decreto ley de medidas urgentes para la reforma laboral con el voto en contra del PP significaría, como hace décadas con la OTAN, premiar al PSOE por reconocer su equivocación. Por el contrario, la abstención del PP supondría enfrentar a la izquierda con sus contradicciones, dar altavoz al estruendoso silencio de Pablo Iglesias, convertir en papel mojado el acuerdo con Bildu para la derogación de la reforma laboral, hacer innecesario el sempiterno y gravoso peaje de ERC. La abstención del PP significaría la confirmación de que lo que hoy nos venden como piedra angular de nuestra normativa laboral no es más que un punto y seguido de lo que el gobierno de Rajoy aprobó hace años.