Es lo que tiene ser comunista

En el marco europeo, España es una potencia ganadera. Contamos con la mayor cabaña de los países miembros, con 56 millones de cabezas. El 21% de los cerdos y el 25% de las ovejas europeas se crían en España. La industria cárnica española cuenta con casi 100.000 trabajadores y alcanzó en 2020 un volumen de negocio de 27.959 millones de euros, de los que 8.680, algo más de un 30%, corresponden a ingresos por exportaciones. Buena parte de estas exportaciones, unos 3.134 millones de euros, son ventas de carne de porcino a China. El resto de la exportación se dirige sobre todo a nuestros socios de la Unión Europea.

En España hay cerca de un millón de explotaciones ganaderas, tanto de ganadería extensiva, en la que el ganado se mueve libremente, como intensiva, en la que el ganado está estabulado, y de todo tipo de tamaño: pequeñas, medianas y grandes. Es un sector competitivo, como lo prueba nuestra capacidad de vender en el exterior y, sobre todo, el incremento a lo largo de los años del peso de la carne en nuestra dieta alimenticia. Ese proceso solo ha sido posible gracias a una continua reducción de costes por parte de la industria que ha permitido precios de venta más accesibles al presupuesto medio familiar.

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El ministro de Consumo, Garzón, hizo unas declaraciones al periódico británico 'The Guardian' que desataron la escandalera política. Las citas que a continuación se recogen proceden de la transcripción de la entrevista publicada en Twitter por el propio ministro: “Nuestro objetivo es trasladar en su conjunto la evidencia científica a las políticas públicas… El tablero es complejo, porque gran parte de la oposición viene de las grandes empresas, grandes empresas que hacen uso de la ganadería industrial”.

“Aquí hay que diferenciar entre la ganadería industrial y la ganadería extensiva. Esta es una ganadería ecológicamente sostenible… La que no es de ninguna manera sostenible es la que llaman de las macrogranjas… Cogen un pueblo de la España despoblada, meten 4.000 cabezas de ganado allí, 5.000 o 10.000, contaminan los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta… Es una carne de peor calidad, es un maltrato animal además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcionado”.

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Con elecciones convocadas en Castilla y León, que con 2,3 millones de habitantes tiene 8,5 millones de cabezas de ganado, era impensable que unas declaraciones de un ministro en las que se critica la calidad de los productos exportados por el país de cuyo Gobierno forma parte pasaran desapercibidas. Montado el lío, el ministro dio una entrevista al diario 'El País' el pasado 13 de enero, en la que sostenía: “El modelo de las macrogranjas es el modelo de las derechas” y, más adelante, “desde la izquierda lo que tenemos que hacer no es comprar el marco de las derechas, sino desmontar la caricatura”.

Al final, en la configuración mental del ministro, se dibuja con claridad el enemigo a batir: las grandes empresas, la ganadería industrial, las macrogranjas y las derechas, constituyentes todas de una amalgama multiforme que se interpone en el camino al paraíso comunista que, como ya lamentablemente sabemos, se caracteriza por la generalización de la pobreza. Aunque las ciencias sociales sean ciencias de segunda categoría, convendría, siguiendo a Garzón, trasladar a las políticas públicas la evidencia científica de la pobreza comunista. Mejor nos quedamos con nuestra economía de mercado.

“El modelo de las macrogranjas es el modelo de las derechas. Desde la izquierda, lo que tenemos que hacer es (...) desmontar la caricatura”

Economía de mercado no significa ausencia de regulación. Existen unas normas europeas de calidad alimentaria que, como resaltaba el comisario europeo Wojciechowski, España cumple: "Como comisario europeo y como auditor en materia de seguridad alimentaria de la UE, no hay ninguna razón para decir que la carne española tiene menos calidad, porque cumple con los mismos estándares de producción que el resto de los alimentos de la UE y espero que valga para concluir este debate que se ha abierto".

La otra gran cuestión son las externalidades medioambientales que la ganadería industrial supone y que deben ser abordadas. Consumo de agua, emisiones de metano, contaminación de suelos y acuíferos. Existen tecnologías disponibles que permiten la conversión de los residuos procedentes de estas instalaciones en biogás, mezcla de metano y CO₂, que puede ser purificado extrayéndole el CO₂ o, mediante la aportación adicional de hidrógeno, convertirse en biometano. El metano o el biometano así obtenidos pueden inyectarse en las redes de gas natural: a fin de cuentas, el gas natural es metano. También pueden destinarse a la generación de electricidad para abastecer la propia instalación o las poblaciones cercanas. En Alemania, el 9% de la demanda de gas se satisface con biogás o biometano procedente del tratamiento de residuos urbanos, agrícolas o ganaderos. En España, no llegamos al 1% y la mayor parte procede de los 'lodos' de la depuración de aguas residuales. El residuo de estos procesos de tratamiento de residuos se denomina 'digestato' y puede ser utilizado como abono en la agricultura.

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El metano es un potente gas de efecto invernadero. En los primeros 20 años desde su emisión, su contribución al calentamiento global es 80 veces superior a la del CO₂. Esa es la razón por la que, en la última conferencia sobre cambio climático, celebrada en Glasgow el pasado diciembre, se alcanzó un acuerdo para reducir las emisiones de metano un 30% para 2030. Su reducción es a corto plazo muy beneficiosa. Todos los residuos generan emisiones de metano. Su tratamiento y su incorporación a esquemas de economía circular son la solución. Prohibir las macrogranjas y, por extensión, la ganadería industrial es renunciar a una fuente de riqueza y empleo.

Es necesario mantener la actividad reduciendo el impacto ambiental. Todas las instalaciones de ganadería intensiva de un cierto tamaño deberían disponer de manera obligatoria en un cierto plazo de tiempo de instalaciones de tratamiento de residuos y, como complemento, todos los operadores de gas natural deberían estar obligados a incorporar un determinado porcentaje de gases renovables —como los procedentes del tratamiento de residuos ganaderos— en el gas que pongan a la venta. En resumen: obligar a invertir para reducir externalidades negativas y crear un mercado, lo que a la postre redundará en más riqueza. Mejor que prohibir y denostar la calidad de nuestras exportaciones de ganadería industrial, acciones que solo pueden promover más pobreza. Es lo que tiene ser comunista.