'Estado de alarma' energético

Europa podría prescindir en última instancia y con muchas dificultades del petróleo ruso, pero para el abastecimiento de gas no tiene solución. Con un cálculo optimista, se tardarían al menos cuatro o cinco años en culminar el proceso de sustitución de gas ruso por gas de otros orígenes. Por eso, Europa ha excluido de las sanciones a aquellos bancos rusos a través de los que paga las importaciones de gas. El rechazo a la propuesta de Estados Unidos de prohibir las compras de petróleo ruso se debe al miedo de que, en represalia, Rusia corte el suministro de gas. El resumen es que Rusia ingresa todos los meses más de 25.000 millones de euros por las compras europeas de gas y petróleo. Una cifra que convierte en irrisorio el importe de las ayudas recibidas por Ucrania.

La calculada y temerosa posición europea no ha impedido que los precios del petróleo y sobre todo los del gas se hayan disparado en los mercados internacionales. Han alcanzado niveles impensables, que obligan a los gobiernos europeos a tomar medidas extraordinarias para salvaguardar el funcionamiento de unas economías amenazadas por una crisis energética brutal. No son solo la guerra, la valerosa resistencia ucraniana o la proliferación de bombardeos cada vez más cercanos a las fronteras de la OTAN. Los desequilibrios entre producción y consumo causados por la pandemia, la reducción de inversiones en exploración y producción de hidrocarburos o las presiones financieras sobre las empresas dedicadas a las energías 'sucias', pero que aún suministran más del 80% de la energía mundial, forman parte de la realidad que ahora nos agobia.

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En situación de emergencia, los gobiernos tienen que actuar. Las propuestas que aquí se hacen se corresponden con la situación extraordinaria que vivimos. Todas ellas tienen por objeto hacer más accesible un consumo de energía que amenaza la renta disponible de los ciudadanos y la capacidad de nuestras empresas de generar valor añadido. Algunas son medidas temporales, propias de un 'estado de alarma', llamadas a desaparecer cuando nuestra economía recupere un adecuado tono vital. Otras responden a problemas propios de nuestra regulación energética y podrían permanecer en el tiempo.

La primera propuesta es la intervención temporal del mercado de gas, limitando precios para consumidores vulnerables e industrias con un consumo intensivo de gas. Habría que financiar dicha intervención, como han hecho otros países europeos, con cargo al presupuesto. Pero puede haber fuentes complementarias de financiación. A través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque se trata de una información confidencial, se conoce el coste real de adquisición de gas por parte de los diferentes operadores y también su precio medio de venta en el mercado. La idea sería establecer un impuesto a un tipo del 90% por la diferencia entre el precio de venta y el 105% del precio medio de adquisición. La CNMC podría fijar, de forma mensual y con carácter previo, de acuerdo con la información disponible y la recaudación esperada, la subvención por MWh a recibir por los consumidores industriales o domésticos vulnerables. A nadie se obliga a vender a pérdida ni se fijan precios de venta, pero se limitan las rentas extraordinarias derivadas del exceso de volatilidad en el mercado internacional.

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En el mercado eléctrico, la subvención al precio del gas tendría un efecto amplificado en el resto de las tecnologías al marcar el precio marginal en un buen número de ocasiones. Otra posibilidad es no subvencionar el gas para generar electricidad y que la electricidad producida a partir de este combustible forme parte de las 'restricciones técnicas', energía que es necesario producir para que el sistema eléctrico se ajuste y funcione sin alteraciones: la energía dedicada a solucionar las 'restricciones' se excluye de la subasta diaria y se retribuye en función de su coste de generación, pero no influye en el precio del resto de tecnologías. Tampoco debería olvidarse la posibilidad de limitar el precio máximo al que puede ofertarse al mercado el MWh generado con energía hidráulica. Con una sequía pronunciada en determinadas cuencas hidrográficas, debería limitarse el incentivo a reducir las reservas de los embalses.

La otra decisión cuya adopción es imprescindible en el ámbito eléctrico es la desvinculación de los precios regulados y de protección a los consumidores vulnerables con el mercado mayorista. Los clientes con precio regulado, supuestamente protegidos, pagan más que los clientes con precio libre. Debería obligarse a todos los comercializadores con clientes sujetos al PVPC (denominación del precio regulado) a pasarlos a todos al mercado libre en un plazo de seis meses. El exceso de recaudación fiscal de los últimos meses —el IVA solo se ha reducido para los clientes muy pequeños— podría financiar esta transición y permitir que los precios se establezcan, pese a la situación actual del mercado mayorista, en unos niveles razonables, claramente por debajo de lo que hoy pagan los considerados clientes protegidos.

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Una última propuesta en el ámbito eléctrico sería ampliar de forma drástica el nivel de bilateralidad entre productores y consumidores. Para ello, todos los productores sujetos al sistema Recore (renovables, cogeneración y residuos), que garantiza un rendimiento fijo, se verían obligados a suscribir un contrato bilateral por al menos un 50% de su producción esperada con un consumidor. El precio mínimo de dichos contratos sería el precio medio de la última subasta de renovables (31 euros/MWh). Por supuesto, el Estado garantizaría la percepción por los productores sujetos a este régimen de la retribución íntegra a la que tienen derecho. La ventaja de esta propuesta sería poner a disposición de las empresas energía eléctrica a precios razonables y limitar su necesidad de acudir al mercado mayorista, con lo que su precio medio de compra de electricidad se reduciría.

Con un IVA al 21%, el primer beneficiado de las subidas de precio de los combustibles es el Estado. Cabe, por tanto, plantear reducciones del impuesto de hidrocarburos que, no obstante, solo pueden llegar hasta los tipos mínimos fijados por Europa. Siempre queda la posibilidad, a través de procedimientos digitales, de discriminar los tipos fiscales del gasóleo entre consumidores y transportistas, pero ello supone una transparencia fiscal a la que una parte del sector del transporte siempre ha sido renuente.

Como lo urgente no debe hacernos olvidar lo importante, nuestra independencia energética y precios competitivos de la electricidad dependen del desarrollo acelerado de la generación eléctrica renovable. Los retrasos administrativos en la tramitación de nuevas instalaciones se acumulan. Urge una solución que acelere la implantación de tecnologías cuyo coste es entre siete y ocho veces inferior a la media del mercado mayorista en este mes de febrero. Ayer martes, con más del 40% de nuestra electricidad de origen eólico, nuestro precio mayorista se situó en 242 €/MWh, mientras que el precio francés alcanzó los 307 €/MWh. Exportamos a Francia más de 58 gigavatios hora (GWh). Son cifras que conviene recordar.