Isla eléctrica e ideológica

Ni la crisis energética derivada de una guerra que parece prolongarse ni la gira del presidente Sánchez han movido a nuestros socios europeos a abdicar de sus convicciones liberales y a intervenir el mercado eléctrico. En momentos extraordinarios pueden caber soluciones extraordinarias, pero ha prevalecido la opinión de que el mercado, incluso en condiciones extremas, es mejor solución que la intervención administrativa. Para sobrellevar la crisis, todos ellos dan ayudas a consumidores y empresas, incluso más generosas —sobre todo en el caso de las empresas— que las nuestras, pero respetan el funcionamiento del mercado. Es un planteamiento que nos produce cierta perplejidad, sobre todo con el mercado eléctrico y su marginalismo, tan denostado por nuestro Gobierno.

Una convicción compartida por nuestros socios es que todos los mercados son marginalistas, y que es precisamente ese carácter el que garantiza que se produzcan inversiones en las tecnologías más competitivas. En España, la reforma legal del mercado eléctrico se produjo en 1997. Se introdujeron los criterios marginalistas que luego formarían parte del acervo europeo. Desde entonces hasta ahora, distintas empresas han invertido, sin que el Estado garantizara retorno alguno, en la construcción de más de 26.000 MW de ciclos combinados de gas, más del 23% de la potencia eléctrica instalada en España a finales de 2021.

Si el precio marginal del mercado eléctrico lo marcaba la generación con carbón, una tecnología más competitiva como el ciclo combinado de gas iba a ser rentable sin necesidad de ayudas públicas. En estos momentos, la generación solar y la eólica son las tecnologías más rentables. Nuestros socios europeos consideran que el precio marginal garantiza la rentabilidad de las inversiones en renovables que son imprescindibles para desplazar la generación eléctrica basada en los combustibles fósiles.

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Una segunda razón es que el mercado marginal garantiza transparencia y equidad en las transacciones entre países. El algoritmo que determina los precios eléctricos se aplica de forma diaria y simultánea en los diferentes países de la Unión. La Comisión ha efectuado una propuesta para unificar y centralizar en Bruselas la determinación de los precios en los diferentes mercados europeos. Si alguien interviene un mercado y reduce artificialmente el precio, generará un flujo de exportación hacia los países vecinos que no se justifica en razones de mercado.

Hay una tercera razón específica para la oposición europea. España mantiene una vinculación administrativa entre el precio regulado al pequeño consumidor y el mercado mayorista incomprensible desde la óptica europea. Si el Gobierno español modificara esta regulación, no tendría la presión política para intervenir el mercado: el impacto sobre los consumidores se diluiría en el tiempo. Tampoco ayuda el bajo porcentaje de transacciones bilaterales —acuerdos de compraventa de electricidad entre empresas— derivado de un mercado excesivamente intervenido. Además, el historial de las intervenciones españolas en el mercado, con el déficit de tarifa que aún pagamos en la memoria de todos, suscita inmensos recelos.

No obstante, con el argumento de la escasa capacidad de conexión eléctrica con Francia y un teatral abandono de la reunión del Consejo Europeo, Sánchez consiguió la autorización, sujeta a la aprobación de la Comisión Europea, para intervenir de forma temporal el mercado eléctrico a través de la fijación arbitraria del precio del gas que se utilice para la generación eléctrica en la península Ibérica.

A la hora de escribir estas líneas, aún no se conocen los términos exactos en los que se va a materializar la intervención, pero parece que el mecanismo girará en torno a una doble casación de oferta y demanda en el mercado. En primer lugar, como hasta ahora, se determinaría el precio en función de las ofertas de los generadores a precios de mercado. Ese precio sería el relevante para las transacciones internacionales con Francia y Marruecos. La segunda casación se efectuaría con el precio de intervención del gas fijado de común acuerdo por los gobiernos de España y Portugal, que al reducir el precio de la tecnología más cara gracias al efecto marginal, proporcionaría un precio inferior para todos los MWh generados, que sería el precio base para el mercado ibérico.

A este precio base habría que añadir, para llegar al precio final, el coste de la subvención al gas —la diferencia entre el precio de mercado y el precio fijado administrativamente multiplicada por los MWh generados con gas—, repartido entre todos los MWh generados en el día. Esa es la clave: el coste de subvencionar el gas para la generación eléctrica lo pagaremos los consumidores. Si subvencionamos un 20% de los MWh, pero repartimos el coste de la subvención entre el 100% de los MWh generados, se produce un ahorro. Es un mecanismo bastante limpio: No se alteran las transacciones internacionales, el coste de vender el gas a un precio inferior al de mercado se recupera con carácter inmediato y no se genera déficit en el sistema eléctrico.

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El pilar eléctrico del plan de lucha contra las consecuencias de la guerra de Ucrania incluye algunas medidas adicionales. Un ahorro adicional en los peajes y cargos del sistema derivado de adelantar el ajuste de la retribución a las renovables y el mantenimiento del impuesto a los 'beneficios extraordinarios' derivados de los altos precios a aquellos productores que vendan directamente al mercado mayorista. Tras la obligada revisión del decreto ley que creaba esta figura fiscal, la recaudación pasó a ser simbólica y así se mantendrá. El régimen de retribución a las renovables se asienta en un retorno garantizado a la inversión del 7,4%. Como el retorno ha sido superior debido a los altos precios del mercado, se hace necesario su ajuste a la baja que, de acuerdo con la normativa, debería hacerse dentro de dos años. Se adelanta un año y se genera un ahorro que se aplica a los cargos del sistema, con la reducción correspondiente en la tarifa.

Sobre la desvinculación del precio regulado al pequeño consumidor de las oscilaciones del mercado mayorista, no hemos oído una sola palabra. De cualquier medida para ampliar la bilateralidad en el mercado eléctrico y reducir el impacto del mercado mayorista en las empresas y consumidores, tampoco. Estas dos cuestiones constituyen la especificidad de nuestro sistema y no se abordan por una cuestión ideológica: suponen avanzar en la liberalización del mercado y en la consiguiente merma del poder del regulador, que en esta hora de transición energética sabe siempre, mejor que nosotros mismos, lo que nos conviene a todos.