Populismos, inflación, guerra… y ahora, ¿qué?

Todo modelo organizativo tiende a corregir los errores del modelo precedente y a incurrir en sus propias deficiencias. El paso del tiempo diluye los efectos benéficos del nuevo modelo: las ventajas aportadas por el cambio pasan a formar parte de la 'nueva realidad' y dejan de ser consideradas como un logro. Los años también acentúan los defectos que el nuevo modelo organizativo incorpora. En el mundo de la gran empresa, la tensión entre centralización —búsqueda de mayor eficiencia— y descentralización —mayor cercanía al mercado— es permanente. Acontecimientos externos sobrevenidos son los que suelen inclinar la balanza hacia uno de los extremos. Se produce el cambio y se renueva el ciclo. Lo más importante, y lo más difícil, es conservar cuanto de bueno tuvo el ciclo anterior: construir sobre los aciertos y deshacer los errores.

En el ámbito político la dinámica es similar, pero los tiempos son mucho más largos. La liberalización y desregulación de los años ochenta del siglo pasado acabó con la estanflación de la década precedente. En nuestro caso, además, la entrada en el mercado común europeo y años después en el 'euro' internacionalizó nuestra economía, permitió tasas de crecimiento notables y redujo la inflación hasta extremos históricamente desconocidos. Esa fue la gran ventaja para los países desarrollados de la globalización de los flujos comerciales: importar barato, lo que permitía mantener controlado el nivel de precios. Para los países en desarrollo, la globalización supuso recibir una inmensa inyección de fondos que permitió sacar de la pobreza a centenares de millones de personas.

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El paso del tiempo puso de manifiesto los defectos o, quizá mejor, los excesos del sistema. La ausencia de regulación financiera estuvo en el origen de la crisis de 2008-2009. En España, el símbolo fueron las 'acciones preferentes', una curiosa manera de denominar una deuda perpetua subordinada. La exuberancia irracional del mercado inmobiliario, alimentada por unas cajas de ahorros controladas por políticos, produjo una profunda crisis financiera, origen de una crisis económica de la que hubo que salir, en un mundo globalizado, a través de una devaluación interna, es decir, reducción de salarios que permitiera recuperar la competitividad perdida. El resultado fue la eclosión de un populismo de izquierdas, capaz de mezclar trasnochadas recetas económicas de corte comunista con la voluntad explícita de imponer posiciones extremas en algunas cuestiones sociales. Con los matices propios de cada país y de su sistema electoral, esta pulsión izquierdista forma hoy parte de la realidad política de las democracias occidentales, aunque solo en España ha llegado al Gobierno.

La victoria de Trump en 2016 supuso la subida al poder de un populismo de derechas, antítesis del anterior, que recogía el descontento de los trabajadores industriales de baja cualificación, principales perjudicados en los países desarrollados por la transferencia de riqueza a países en desarrollo que había supuesto la globalización. Descontento extensivo a amplias zonas geográficas en las que la desindustrialización había supuesto un notable retroceso económico. Este rechazo a un modelo económico incluía, de forma difusa, una animadversión contra todo 'lo nuevo', contra cualquier cosa que hubiera podido alterar el sólido mundo anterior que les había proporcionado aceptables tasas de bienestar. Entre 'lo nuevo' rechazable están, en lugar preferente, las concepciones sociales extremas del populismo de izquierdas. Stuart Mill, en su ensayo 'Sobre la libertad' nos recuerda que “hay un límite a la interferencia legítima de la opinión colectiva en la independencia individual. Encontrar ese límite y mantenerlo frente a toda intrusión es tan indispensable para una buena condición de los asuntos humanos como lo es la protección contra el despotismo político”. El populismo de derechas se nutre de todas aquellas personas que consideran que la opinión teóricamente colectiva proclamada por la izquierda amenaza con alterar su independencia individual y, lo que es peor, su forma de vida. Al igual que en la izquierda, con las peculiaridades propias de cada país, el populismo de derechas es una fuerza emergente.

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La pandemia y la accidentada recuperación económica posterior han puesto de manifiesto dos problemas del modelo económico globalizado: la fragilidad de unas cadenas de suministro construidas sobre la acumulación de ventajas competitivas y economías de escala y la concentración de la fabricación de algunos insumos básicos para todo tipo de industrias como los semiconductores en dos o tres países del mundo. Cuando la velocidad de recuperación de la demanda ha superado la capacidad de la oferta para volver a los niveles de producción anteriores, la inflación ha vuelto a aparecer.

Cuando Rusia, primer exportador de gas del mundo y segundo de petróleo, decide invadir Ucrania, las sanciones al país invasor y el temor al corte de suministros provocan unas subidas de precios que acumulan una inflación de oferta a la inflación de demanda derivada de las restricciones de las cadenas de suministro. La invasión rusa de Ucrania nos pone de manifiesto la conveniencia de reducir la dependencia energética, pero, sobre todo, nos recuerda que la democracia no es una realidad garantizada, sino un conjunto de derechos que hay que defender. Las conexiones de Rusia con fuerzas políticas que pretenden diluir la propia Unión Europea o la ruptura interna de alguno de sus países miembros, incluida España, deben llamarnos a la reflexión.

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La polarización política, la vuelta de la inflación, la necesidad de reforzar la defensa colectiva, la urgencia de incorporar a la transición energética parámetros de estabilización del impacto de unos costes desmesurados y de reforzar el concepto de seguridad de suministro y, sobre todo, la necesidad de recuperar los niveles de bienestar previos a la pandemia dibujan una difícil ecuación cuya solución no puede ser la vuelta a una restricción de los flujos comerciales y a una intervención estatal creciente en la economía. Un correcto funcionamiento de los mercados, acompañados de una regulación suficiente, no excesiva y estable, debe ser el punto de partida. Un enfoque inclusivo de la política económica y en especial de la transición energética es imprescindible, al igual que reconocer a la actividad empresarial su protagonismo en la creación de riqueza y empleo. Unas empresas que deben también adoptar un enfoque inclusivo, en el que no solo los accionistas figuren en el frontispicio de sus preocupaciones.

El resumen es más centralidad para todos y más Europa. Es la única receta posible en el momento presente. Los fondos europeos constituyen un novedoso ejercicio de política industrial, que debe enfocarse desde las necesidades de los diferentes sectores industriales y de las de aquellos territorios que han retrocedido en sus niveles de riqueza y empleo. Menos circularidad teórica y más atender a la realidad industrial.