Subvenciona, que algo llega

La rebaja de 20 céntimos en el litro de combustible se ha convertido en la medida más notoria de las aprobadas por el Gobierno para luchar contra la crisis económica desatada por la guerra en Ucrania. Ahora que se propone su prórroga, convendría recordar que su génesis fue una huelga de transportes que llegó a producir desabastecimientos parciales.

Ante la imposibilidad de discriminar entre transportistas y consumidores particulares, se optó por subvencionar el gasóleo. Ante el problema que suponía favorecer solo a los propietarios de coches diésel, se amplió la subvención a la gasolina.

"La creación de riqueza y la mejora de la productividad requieren reformas que van más allá de la concesión de subsidios y ayudas"

A nadie le amarga una rebaja, pero quien más consume —que es, salvo en actividades profesionales como el transporte, quien más tiene— es quien más se beneficia. En un país como el nuestro, con un déficit público estructural y una abultadísima deuda, conviene preguntarse si no es posible encontrar un camino alternativo para atender a quienes lo necesitan sin favorecer a los más pudientes, o a los turistas extranjeros que vienen en coche a pasar sus vacaciones. La respuesta es que en un mundo digital es por supuesto posible. Incrementos temporales del ingreso mínimo vital o deducciones específicas en el impuesto sobre la renta para los tramos inferiores de ingresos no deberían ser difíciles de implementar.

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Estas ayudas específicas no pueden hacer olvidar el fondo del problema. La necesidad de resolver el minifundismo empresarial del transporte por carretera en España no queda obviada por una ayuda en el precio del combustible que el mercado del petróleo y la fortaleza del dólar ya han diluido. La creación de riqueza, la mejora de la productividad, la adecuación de la oferta y la demanda de trabajo, la adecuación de nuestro sistema energético a un menor requerimiento de combustibles fósiles requieren reformas que van mucho más allá de la concesión de subsidios y ayudas, pese a que nadie discuta que en una crisis energética como la actual y con una inflación cercana a los dos dígitos sea necesario atender necesidades perentorias de sectores productivos o a los grupos de población más desfavorecidos.

La tesis de que las ayudas en situaciones de crisis deben ser acotadas y discriminadas choca frontalmente con la historia interminable de la reducción del precio de la electricidad a través del establecimiento de un tope artificial al precio del gas.

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Mañana jueves, el Congreso se dispone a convalidar un real decreto ley entre cuyos efectos se cuenta subvencionar la electricidad consumida en Francia y Portugal. Este real decreto ley entrará en vigor una vez se produzca la aprobación definitiva de Bruselas a las medidas que en él se contemplan, aprobación que se retrasa, al parecer, por diferencias entre la normativa española y la portuguesa, pese a que ambas tienen por objeto materializar la misma excepción ibérica.

La subvención a Francia ya se expuso en un artículo anterior. Si subvencionamos el precio de la electricidad a través de la subvención al gas, en el marco de un mercado europeo de la electricidad, nuestros precios serán inferiores a los franceses. Nos convertiremos en exportadores netos de electricidad a Francia gracias a una subvención que pagaremos los consumidores de electricidad españoles y disfrutarán nuestros vecinos. Conviene subrayar que la subvención la pagaremos los consumidores de electricidad a través de un recargo que nos pasarán nuestros respectivos comercializadores. No es un coste que asumirá el Estado.

"Produce tristeza contemplar que la transición ecológica en España consiste en subvencionar carbón, gas, gasóleo y gasolina"

El caso de Portugal es más complejo. Una primera parte de la subvención se debe a que normalmente el flujo de electricidad entre ambos países es exportador desde España. Como la intervención del mercado es igual en ambos países, no habrá alteraciones de precio que modifiquen los flujos tradicionales. El único cambio es que la exportación española, a diferencia de años anteriores, será subvencionada por los consumidores españoles. La parte más compleja de la subvención a Portugal se debe a que el mecanismo diseñado, salvo arreglo de última hora, tiene como efecto secundario que España subvencionará electricidad producida en Portugal y consumida en Portugal.

La explicación es la siguiente: la subvención la recibe toda la producción eléctrica con gas y carbón de la península Ibérica y la pagamos, en principio, todos los consumidores eléctricos de la península Ibérica a través de un recargo en nuestras facturas. Sin embargo, establecer un recargo en los contratos a plazo, que son contratos a precio fijo, supone en esencia la ruptura de dichos contratos. La solución regulatoria ha sido que a los contratos a plazo no se les imponga el recargo hasta el momento en que deban ser renovados. Por lo tanto, el recargo se impone desde el primer momento solo a aquellos consumidores que tienen un contrato vinculado al mercado diario. El precio del mercado regulado portugués se fija a partir de cotizaciones a plazo, mientras que el español se establece a través del mercado diario. Es decir, hay muchos más contratos a plazo o con coberturas financieras y, por tanto, exentos de contribuir a la subvención en Portugal que en España. En consecuencia, en el momento inicial, ya existe un desequilibrio: contribuyen más los consumidores españoles.

La normativa española establece que según se vayan produciendo “renovaciones, revisiones de precio o prórrogas” de los contratos a plazo, estos contratos pasarán también a soportar el coste de la subvención. La normativa portuguesa, para el mismo supuesto, habla de “renovaciones o alteraciones de las condiciones relativas a los precios de abastecimiento”.

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Una interpretación literal abre la puerta a que prórrogas de los contratos portugueses sin cambio de precios mantengan dichos contratos sin contribuir a la subvención. En resumen, en el caso español, todos los contratos, una vez vencidos, pasan a contribuir. En el caso portugués, parece que no, con lo que, según pasa el tiempo, el desequilibrio se acentúa. Es difícil hacer un cálculo por la cantidad de hipótesis sobre el volumen y duración de los contratos a plazo existentes a finales de abril en España o sobre la evolución de los precios del gas, pero algunas fuentes hablan de 500 millones de euros durante el año previsto de intervención. En resumen, Francia y Portugal recibirán del orden de 1.500 millones de euros de los consumidores españoles, bien por importar electricidad subvencionada, bien por contribuir de forma menos que proporcional a la subvención al carbón y al gas.

Aunque sean tiempos difíciles, produce cierta tristeza contemplar que la transición ecológica en España consiste en subvencionar carbón, gas, gasóleo y gasolina y penalizar la generación de electricidad sin emisiones de CO₂. Produce más tristeza aún pensar que buena parte de los recursos dedicados a estas subvenciones lo son de forma indiscriminada y no tienen por objeto una aproximación ajustada a satisfacer las necesidades de quienes más lo necesitan, sino que ni siquiera se dedican a los consumidores españoles.