El Gobierno de Pedro Sánchez, en el bosque de Sherwood

Todos los espectadores de las múltiples versiones cinematográficas del mito de Robin Hood hemos sonreído con complicidad ante las muestras de ingenio y audacia del valeroso líder y sus proscritos. Los sicarios del 'sheriff' de Nottingham, cargados con el oro procedente de la explotación abusiva de los ciudadanos del entorno, eran privados del fruto de sus fechorías con nuestro agrado. Recibíamos sus desgracias con indiferencia y satisfacción.

Todo perfectamente compatible con la ficción melodramática, en la que los buenos son buenísimos y los malos, malísimos. Todo, también, perfectamente incompatible con la realidad económica en la que estamos inmersos, cuya complejidad requiere una finura intelectual más elevada que la que se necesita para presumir de “quitar a los ricos y poderosos para dar a los pobres y débiles”.

Vaya por delante que no es posible transitar por una crisis como la que estamos viviendo en Europa sin un marco de ayudas directas a empresas y particulares que sufren especialmente las dificultades derivadas de las subidas de precios de energía, alimentos y todo tipo de bienes y servicios.

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Vaya por delante también que los bancos o las grandes compañías energéticas tienen grabado a fuego en su ADN, y es bueno que así sea, la maximización del beneficio. A todos ellos les es de aplicación el chiste contado por Mario Draghi en una aparición pública: a un paciente que va a ser sometido a un trasplante de corazón le dan a elegir entre el corazón de un atleta de 25 años y el de un banquero central de 86. Elige el anciano corazón del banquero central “porque está sin usar”.

Aún ahora que hablamos tanto de 'stakeholders' y de responsabilidad social corporativa, lo más saludable desde el punto de vista intelectual es considerar que los grandes bancos y corporaciones industriales no tienen corazón, solo tienen intereses. Desde el poder público, conviene lidiar con ellas con diálogo, con una regulación que acote su poder de mercado y en casos muy específicos, como la situación actual del mercado eléctrico, con un impuesto extraordinario a los beneficios generados por determinadas tecnologías de generación, cuyos ingresos no estén atemperados por contratos bilaterales a precios inferiores a los del mercado.

Nuestro Gobierno ha cogido el gusto a imaginarse a sí mismo en las copas de los árboles del bosque de Sherwood. Las eléctricas han sufrido, a través de dos decretos leyes, un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de todas las tecnologías de generación, incluidas eólica y fotovoltaica, el mecanismo llamado 'tope al gas', explicado por la ministra de Transición Ecológica como un método de reducir los beneficios de estas empresas, y ahora tienen sobre sí el nuevo impuesto anunciado en el debate sobre el estado de la nación. Aunque suspendida de momento, las empresas petroleras y gasistas han sufrido la exacción para financiar el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y ahora el nuevo impuesto. El antecedente para los bancos es el impuesto a las transacciones financieras.

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La solución de la actual crisis energética, origen de las dificultades económicas actuales, pasa por acelerar la descarbonización de nuestro sistema eléctrico y electrificar la economía en la medida de lo posible. Se requieren ingentes inversiones en generación eléctrica renovable, en almacenamiento de electricidad y en el desarrollo de redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

En estos momentos, el peso de la electricidad en el consumo final de energía en España se sitúa en el 22%. Necesitamos que en 28 años ese porcentaje supere el 50%. La transformación a la que están abocadas las empresas petroleras es aún más drástica. El 50% restante de nuestro consumo final de energía deberían ser biocombustibles de segunda generación, combustibles sintéticos, hidrógeno y otros gases renovables. Los productos derivados del petróleo serán residuales y su consumo deberá ir acompañado de instalaciones de captura de CO₂. Al igual que en el sector eléctrico, las inversiones deberán ser masivas. En las actuales circunstancias, desde una perspectiva gubernamental, mucho más relevantes que los beneficios de hoy de las empresas energéticas deberían ser sus inversiones presentes y futuras en nuestro país, su capacidad de crear y mantener nuevos puestos de trabajo y su contribución a la transformación de nuestro sistema productivo. El efectismo de las exacciones recurrentes no es incentivo para nada ni para nadie.

Tampoco el efectismo de las ayudas selectivas y específicas tiene, por lo reducido del colectivo al que se dirigen, por lo escaso de su importe o, sobre todo, porque ignoran al sector empresarial, pese a la grandilocuencia de los anuncios, un impacto relevante. Hay multitud de empresas que se enfrentan a pérdidas crecientes por imposibilidad de repercutir los mayores costes energéticos. Hay empresas del sector agroalimentario que sufren el impacto de la subida de la electricidad, de los piensos, de los fertilizantes y del transporte en una tormenta perfecta que amenaza con obligarles al cierre. Hay empresas intensivas en consumo energético que se encuentran en situaciones similares. En el glosario de ayudas anunciadas por el presidente del Gobierno, no hay una sola referencia a un mundo empresarial, responsable de que la economía funcione, y obligado a subir precios si quiere subsistir.

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Complementar becas con 100 euros o la bonificación durante cuatro meses del 100% de coste de los abonos de transporte ferroviario de cercanías o media distancia no son iniciativas a las que quepa oponerse. El problema de las medidas selectivas es que dejan fuera a muchas personas que necesitan ayuda, pero que no tienen hijos en edad de estudiar o viven en el centro de las ciudades. En el otro extremo del espectro, el problema de las medidas indiscriminadas, como los famosos 20 céntimos por litro, es que ayudan a quien no lo necesita.

Tendría más sentido, a través de rebajas fiscales o de ayudas directas, transferir el importe que se considere a todos los hogares cuya renta neta equivalente (*) se sitúa por debajo de 10.000 euros anuales netos, umbral que no alcanza el 20% de la población española. Cada familia sabe mejor que nadie a qué dedicar la ayuda recibida.

Es potestad del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo apoya establecer los impuestos que considere oportunos, pero la inflación no se corrige incrementando los costes de las empresas, aunque se asegure que se les va a impedir su repercusión. La mayor responsabilidad del Gobierno es establecer una política económica efectiva que nos permita salir de la crisis en las mejores condiciones posibles, aunque los aliados parlamentarios tengan menos oportunidades de aplaudir las habilidades del justiciero de Sherwood.

(*) 'Encuesta de condiciones de vida' del INE (ingresos totales del hogar divididos por el número de miembros, con el siguiente ajuste: primer adulto 1, otros adultos 0,5, niños 0,3).