Criterios ESG. Los necesarios matices del gris

La imprescindible transición energética es una cuestión de inversiones: en nuevos procesos productivos, en nuevos modos de transporte, en nuevos sistemas de calefacción y refrigeración. El volumen ingente de inversiones requerido necesita la movilización del capital privado. Para ello, desde los poderes públicos y desde el propio sector financiero, se han promovido iniciativas cuyo objetivo es que las empresas incorporen en su planificación criterios tendentes a reducir su impacto ambiental, en especial sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este análisis específico del impacto ambiental enlaza con los criterios de responsabilidad social exigibles a todas las empresas, que deben tener la consideración debida a los 'stakeholders' o 'grupos de interés' afectados por sus actividades: accionistas, empleados, proveedores, clientes, acreedores, comunidades locales donde operan…

La crisis financiera de 2008 —con episodios tan poco edificantes como las hipotecas 'subprime' en Estados Unidos o la venta de las denominadas 'acciones preferentes' en España— y la imprescindible búsqueda de una mayor igualdad y diversidad en las empresas han incorporado la necesidad de una gobernanza empresarial adecuada, que garantice unos adecuados códigos de conducta internos. Esta amalgama es lo que conocemos como criterios ESG ('environment, social, governance'), que deben guiar la actividad empresarial y, lo que es más importante, la actividad de las instituciones financieras, que deberían concentrar su actividad en las empresas con altos estándares de cumplimiento en estos tres criterios.

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En este marco, Naciones Unidas patrocinó los 'Principios para una inversión responsable', que a finales del año pasado habían sido firmados por unas 3.700 entidades financieras y no financieras y que entronizaban los criterios ESG como guía de análisis para las decisiones de inversión. En un ámbito más restringido, la Unión Europea aprobó una taxonomía que determinaba en qué se podía invertir si se quería ser considerada una entidad ambientalmente responsable. Pese a que el mundo financiero suele ser considerado con razón el reducto del más acendrado liberalismo económico, la verdad es que se ha sumado con cierto entusiasmo a este dirigismo inversor. Es famosa la carta del CEO de BlackRock, una de las gestoras de fondos de inversión más potentes del mundo, en la que argumenta: “Nos centramos en la sostenibilidad no porque seamos medioambientalistas, sino porque somos capitalistas”. En la pasada COP26 de Glasgow se presentó la 'Glasgow Financial Alliance for Net Zero', más centrada, al igual que la taxonomía europea, en la sostenibilidad ambiental.

Evaluar las consecuencias de este dirigismo inversor no es fácil. A mediados de este año, en Estados Unidos, los fondos de inversión con etiqueta ESG acumulaban 2,77 billones (de los nuestros) de dólares. Constituye un éxito para las entidades gestoras. La comisión de gestión es superior —y en algunos casos la triplica— a la de fondos de inversión sin la mágica denominación. Llama la atención este mayor coste porque los valores incluidos en fondos con y sin etiqueta ESG no difieren demasiado. Para los más interesados en la materia, recomiendo la lectura del artículo “Las muchas razones por las que ESG es perdedor”, publicado por Andy Kessler en el 'Wall Street Journal' el pasado 10 de julio. En la parte final del artículo, el autor cita un trabajo del profesor de la Universidad de Colorado Sanjai Bhagat publicado en la 'Harvard Business Review', cuyas cuatro principales conclusiones son: 1) los fondos ESG tienen peores rendimientos; 2) las compañías que pregonan sus credenciales ESG tienen un cumplimiento inferior en materia medioambiental y laboral; 3) los logros en materia ESG de las compañías que firmaron los 'Principios para una inversión responsable de Naciones Unidas' no mejoraron tras la firma y el retorno financiero a los accionistas fue inferior entre aquellas que firmaron; 4) las compañías utilizan los criterios ESG como cobertura de unos deficientes resultados financieros. La lectura de este informe hace recordar, sin necesariamente compartir todos sus postulados, a Milton Friedman, uno de los gurús del liberalismo económico: “La responsabilidad social de los negocios consiste en incrementar sus beneficios”. Sin beneficios, las empresas desaparecen, y con ellas todo lo que de bueno o malo hayan provocado entre sus 'grupos de interés'.

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Las empresas sacan provecho de una moda que les permite atraer capital sin ser los mejores de su clase: se envuelven en burocracia 'verde' y venden bien el paquete. Las gestoras de fondos ganan más porque aducen el trabajo de selección y análisis de un portafolio necesariamente 'verde'. Pierden los inversores, que obtienen peores rendimientos y pagan comisiones de gestión más altas. Pierden también todas aquellas empresas medianas y pequeñas que se dedican a actividades consideradas perjudiciales desde el punto de vista ambiental y que carecen del tamaño corporativo necesario para argumentar con datos y planes estratégicos que serán neutras en emisiones de carbono en 2050. En Europa, donde el sí o el no a determinadas inversiones depende de su inclusión o no en la taxonomía, pierden todas las empresas grandes y pequeñas dedicadas a actividades no consideradas 'verdes'.

La recuperación de la demanda energética tras la pandemia coincidió con la eclosión en el mundo financiero de los criterios ESG. Los recursos financieros necesarios para poner en marcha una industria cuya demanda se había reducido en proporciones nunca vistas no estaban disponibles para una industria llamada a 'desaparecer'. Las empresas dedicadas a la producción de petróleo y gas tuvieron que dedicar más recursos a la recompra de acciones y el repago de deuda que a la inversión en producción adicional. En Estados Unidos se espera que los niveles de actividad de la industria alcancen los de 2019 entre 2023 y 2024. El retraso, el consiguiente déficit de producción y la subida de precios se achacan sin rubor por la derecha política a los criterios ESG. La polémica está servida.

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El estado de Texas ha elaborado una lista negra encabezada por BlackRock, UBS y BNP, por negarse a hacer negocios con empresas energéticas. Aunque el procedimiento administrativo se encuentra en sus inicios, puede acabar prohibiendo a todos los fondos de pensiones del estado invertir en las citadas entidades financieras. El gobernador de Florida ha prohibido a los fondos de pensiones de su estado hacer análisis de inversión basados en criterios ESG. En Europa, con el añadido de la crisis de Ucrania, hemos procedido a cambiar la taxonomía, a incluir entre lo 'verde' lo necesario, como las inversiones en gas o en energía nuclear.

Es imprescindible que las empresas interioricen en su gestión el impacto ambiental de su actividad. Es conveniente, incluso necesario, que el sector financiero presione en esa dirección. Pero el mundo va a necesitar durante décadas petróleo y gas, cuya producción también requiere recursos considerables. Transitar a través de este equilibrio inestable requiere tener sentido común, obviar las decisiones drásticas y evitar que en el río revuelto de un profundo cambio del modelo energético medren los de siempre y paguemos los de a pie.