Cuidados paliativos

A fecha de hoy, no hay un volumen suficiente de gas natural licuado (GNL) disponible en el mundo para ser transportado a Europa y sustituir al casi desaparecido suministro ruso. Con esta idea en la cabeza, se comprenden las decisiones europeas hasta la fecha: reducir el consumo un 15% y tener los almacenamientos llenos en un 80% el día 1 de noviembre. Cabría añadir el cruzar los dedos a la espera de que el invierno sea suave, pero eso forma parte del capítulo de los deseos.

El problema ha sido y es que la falta de gas ha hecho que su precio se dispare, con el consiguiente impacto en la industria, en los hogares y en los precios de la electricidad. Según ha ido Rusia recortando su suministro, los precios han alcanzado niveles impensables, y la necesidad de tomar medidas 'europeas' —más allá de permitir a los Estados miembros tomar medidas de apoyo a sus empresas y consumidores e imponer exacciones fiscales a las empresas energéticas— se ha ido abriendo paso. A esa necesidad de 'medidas europeas' ha tratado de dar respuesta el consejo de ministros de Energía celebrado el pasado viernes. Aunque la propuesta definitiva se aprobará el día 30, se conocen ya las cuestiones que más debate han suscitado y las primeras conclusiones de la Comisión.

Buena parte del debate se centró en la intervención del mercado de gas a través de la fijación artificial de precios. La primera idea analizada fue establecer un precio máximo para el gas suministrado por Rusia. Cuesta entender la racionalidad de los creyentes en sanciones económicas que requieren la cooperación del sancionado. Salvo situación desesperada de este, que no es el caso, nadie se somete voluntariamente a un castigo. Putin, en sus primeras declaraciones, ya ha dejado claro que Rusia no suministrará a un precio fijado por sus clientes europeos.

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Una extensión de esta idea ha sido la de fijar un precio máximo al gas en toda Europa. El problema de fijar un precio por debajo del precio de mercado es que su efecto inmediato es restringir la oferta e incrementar la demanda. En la Venezuela bolivariana pueden ofrecer cursos acelerados en la materia. Europa necesita gas, es importadora neta y tiene que reducir su consumo. Un precio intervenido a la baja es el mejor reclamo para incrementar el consumo y para invitar a los exportadores foráneos a buscar otros mercados.

Una variante es intervenir solo el precio del gas destinado a la generación eléctrica. Con independencia de su instrumentación, es la idea básica de la llamada 'excepción ibérica'. La opinión mayoritaria europea parece que se inclina al rechazo, dados sus efectos expansivos sobre la demanda de gas, pero el debate no está cerrado. En España, la demanda media de gas para producir electricidad en los cinco primeros meses del año ha sido de 8,5 teravatios hora (TWh). El 'tope' al precio del gas se comenzó a aplicar el 15 de junio. Ya ese mes, el consumo de gas para electricidad subió a 13,1 TWh, para situarse en julio en 17,2 TWh y en agosto en 16,6 TWh. Los datos preliminares de agosto indican que el consumo de gas natural en España se incrementó un 4,2% respecto a agosto del año pasado —lejos de la reducción del 7,5% prometida a Europa en el marco de la reducción conjunta del 15%—, pero con un matiz trágico: la demanda convencional, la de hogares y empresas, se ha reducido un 37,6%, mientras que la demanda para generación eléctrica ha crecido un 97,6%. Si el problema es que falta gas, incrementar su consumo no parece buena idea.

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Con la crisis actual, cada vez que se convoca una reunión europea para analizar medidas conjuntas, revolotea en España la idea de una reforma en profundidad del mercado eléctrico europeo: que en lugar de pagar a todos los operadores el precio ofertado por la última central que ha sido necesario poner en marcha (coste marginal o 'pay as cleared'), el pago se efectúe en función de la oferta efectuada por cada central (coste medio o 'pay as bid'). La Comisión Europea encargó a la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER) un estudio al respecto. ACER emitió una opinión preliminar en noviembre y su informe definitivo en abril: en este último, propone hasta 13 medidas para mejorar el funcionamiento del mercado eléctrico europeo, en especial los mercados a plazo, pero sostiene que el enfoque marginalista es el mejor posible: lo justifica, sobre todo, señalando que las nuevas tecnologías renovables, el almacenamiento eléctrico o la aparición de agregadores de demanda requieren para su expansión ser retribuidos no a su propio coste, sino al coste de las tecnologías menos eficientes, al coste de la última unidad que es necesario poner en marcha.

Las primeras conclusiones de la Comisión dejan de lado las intervenciones en el mercado a través de la limitación de precios. Tampoco se menciona la reforma del mercado. Se insiste en el ahorro, esta vez una reducción forzosa del consumo eléctrico del 5% en horas punta, dado que la producción eléctrica en los momentos de más alto consumo suele utilizar gas.

Si las intervenciones de los mercados —con razón— no gustan, queda paliar los efectos de la crisis. Ayudar a consumidores y empresas a sobrellevar los efectos de unos precios energéticos disparados. Caben las reducciones fiscales y las ayudas directas, cuyo espectro puede ir desde la máxima generosidad en el esfuerzo, como la mostrada por el nuevo Gobierno conservador británico, acogotado por las encuestas, hasta la máxima cicatería, como la mostrada por nuestro Gobierno. La subvención al gas en la 'excepción ibérica' es aportada por los propios consumidores que se benefician de ella. La rebaja del IVA del gas se ha producido más de un año después de que los precios del gas empezaran a subir de forma acelerada. Las ayudas a las empresas intensivas en consumo eléctrico o de gas han sido tan reducidas y condicionadas que se pueden considerar inexistentes.

La subvención al gas en la 'excepción ibérica' es aportada por los propios consumidores que se benefician de ella

La idea europea es que estas ayudas se financien a través de los presupuestos de los Estados, pero que estos cuenten con ingresos adicionales procedentes de impuestos a los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas energéticas. Aquí hay otro debate abierto. En el caso del mercado eléctrico, para las energías más eficientes, como las renovables, la propuesta europea es gravar el 100% de los ingresos superiores a 180 euros por MWh. Un precio inferior al de mercado, pero lo suficientemente alto como para seguir incentivando las inversiones en renovables, almacenamiento eléctrico y, en general, todas las inversiones necesarias para asegurar el éxito de la transición energética. La Comisión propone también un impuesto extraordinario a petroleras y gasistas que grave el 33% de los beneficios que superen en más de un 20% los beneficios medios de los últimos tres años.

Tras la propuesta de la Comisión, se deberá alcanzar el acuerdo final entre los países. Casi todo está en el aire, pero la idea mayoritaria parece ser la de dejar el mercado funcionar y paliar los efectos de la crisis financiándola con impuestos a las empresas que se benefician de la misma. Cuando la propuesta final europea quede negro sobre blanco, será curioso compararla primero y armonizarla después con la situación española, donde tenemos impuestos a los beneficios extraordinarios establecidos y por establecer, intervenciones de mercado subvencionadas por los propios consumidores y, sobre todo, tenemos un Gobierno con una profunda convicción: las empresas son malas, los mercados no funcionan y su omnisciencia es el único clavo al que debemos agarrarnos.