Primeras semanas de otoño: los mercados están descontando recesión

La guerra en Ucrania se alarga y se complica. La respuesta de Putin a los éxitos del Ejército ucraniano, debidos al armamento e Inteligencia occidentales, ha sido, en términos militares, la movilización de 300.000 reservistas, la anexión ilegal a Rusia de territorios ocupados y la amenaza de usar su arsenal nuclear. En la guerra energética, cuyos preludios se remontan al verano de 2021, su respuesta ha sido el corte prácticamente total del suministro de gas por tubería a Europa.

La guerra energética, pese al tremendo impacto que está teniendo en la economía europea, tampoco va mal. En siete meses, Rusia ha usado todo su arsenal. Ya no nos suministra gas. Los 100.000 millones de euros que se calcula ha ingresado Rusia en 2022 por ventas de gas a Europa desaparecerán del capítulo de ingresos destinados a financiar la guerra. Sus almacenamientos de gas están prácticamente llenos. Sin las ventas a Europa, su capacidad de producción supera su consumo. Una alternativa es cerrar yacimientos, pero los cierres, por razones geológicas, perjudican de forma notable la capacidad de producción futura, y más sin acceso a tecnología occidental. La solución: producir y quemar el gas, como están haciendo en la frontera con Finlandia. A largo plazo, redireccionar sus exportaciones actuales a Europa hacia China requiere un mínimo de 10 años y varios cientos de miles de millones de dólares, para al final tener que subordinar su posición negociadora a un único comprador que pagará menos que el abierto y plural mercado europeo. Los europeos tenemos por delante no menos de dos o tres inviernos duros y primaveras y veranos estresantes. Inviernos en que tendremos que estar pendientes de una demanda que pueda dejar los almacenes a cero y primaveras y veranos pendientes de los volúmenes que seamos capaces de adquirir para llenar los almacenes de cara al siguiente invierno. En este principio de otoño, los países europeos tenemos prácticamente llenos nuestros almacenes, por encima del objetivo marcado por la Comisión. Alemania, la mayor economía de Europa y la más vulnerable a la falta de gas ruso, ya ha llenado el 90% de su capacidad de almacenamiento. Falta por saber qué tiempo hará este invierno.

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Una guerra energética es dura. El proceso de sustitución de gas ruso por tubería por suministros internacionales de gas natural licuado (GNL) ha supuesto un encarecimiento brutal del precio del gas, con su impacto correlativo en los precios de la electricidad. La subida del petróleo, una de cuyas causas también ha sido la guerra de Ucrania, ha terminado de completar un 'shock' energético, causa fundamental, junto con la interrupción de las cadenas de suministro a causa de la pandemia, de que la inflación haya alcanzado máximos de 40 años.

Los bancos centrales, con la Reserva Federal americana a la cabeza, están tratando de controlar la inflación con agresivas subidas de tipos. El Banco Central Europeo ha tenido que abandonar su renuencia inicial a la vista de la depreciación del euro y su potencial efecto inflacionista adicional.

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Altas tasas de inflación suponen un deterioro del ahorro familiar y, antes o después, una caída del consumo privado, principal componente del PIB. La subida de salarios puede minimizar este efecto, pero su contrapartida es alimentar la espiral inflacionista. El equilibrio es siempre difícil y requiere sacrificar crecimiento. Las subidas de tipos de interés, además de ralentizar la actividad económica en general, inciden en los créditos hipotecarios y por extensión en el mercado inmobiliario, cuyo impacto en términos de empleo es especialmente elevado. Los altos precios de la energía y, en particular, del gas provocan un parón en la actividad industrial. En las principales economías de la zona euro, se calcula que la actividad industrial en agosto ha caído un 30% respecto a agosto de 2021.

Todo esto junto se llama recesión y es lo que los mercados de valores están descontando en estas semanas de septiembre. El pronóstico de crecimiento del PIB en España para la segunda mitad de este año es cero. Como España, el resto de nuestros colegas europeos, a alguno de los cuales sin duda les irá peor, por su mayor dependencia del gas en su consumo energético. La apuesta de Putin es que las débiles democracias europeas desistirán de su esfuerzo y se avendrán a un acuerdo satisfactorio para Rusia. Europa, por su parte, no puede permitirse una Rusia agresora y triunfante en su frontera oriental. Ambas partes nos enfrentamos a un esfuerzo prolongado y difícil, pero la posición europea, pese a las presentes dificultades, es más sólida.

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Ante la recesión que viene, Europa tiene el problema adicional de no poder adoptar una política fiscal expansiva. Neutralizaría la política monetaria restrictiva puesta en marcha por los bancos centrales, necesaria para embridar la inflación. Por ello, su propuesta es ayudar a empresas y familias con la creación de un fondo que se nutra de los impuestos a las energías de generación eléctrica más rentables, cuyos ingresos quedarían limitados a 180 euros por MWh, y de un impuesto del 33% a los beneficios de las empresas petroleras y gasistas que superen en más de un 20% la media de los beneficios de los últimos tres años. Según los cálculos iniciales, con estas iniciativas se podría alcanzar una recaudación de 140.000 millones de euros entre todos los países miembros, cada uno de los cuales repartiría los fondos recaudados de la manera que considere más adecuada. Si los cálculos comunitarios son correctos, España, que en grandes números representa algo más del 8% de la economía europea, podría recaudar unos 11.500 millones de euros, que habría que destinar a empresas y consumidores.

Como casi siempre, este tipo de iniciativas europeas nos pilla descolocados. Para empezar, el debate político está centrado en las bajadas autonómicas del impuesto del patrimonio y en un nuevo impuesto a las grandes fortunas, y no en cómo repartir los fondos que se podrían recaudar con la propuesta europea. Para seguir, armonizar nuestra normativa con la propuesta europea no es fácil. En agosto, debido a la llamada 'excepción ibérica', el precio medio del mercado eléctrico español ha sido de 155 €/MWh. Por consiguiente, la recaudación por aquellos ingresos superiores a 180 €/MWh sería inexistente. Sin embargo, el 58% del consumo eléctrico español, carente hasta este momento de una contratación a plazo o cuyo contrato a plazo ha expirado, tiene que hacer frente a la subvención al gas, por lo que ha acabado pagando un precio medio de 309 €/MWh. Resumen: una buena parte de los consumidores españoles subvenciona el consumo de gas para producir electricidad, lo que reduce el precio de esta por debajo del umbral europeo a partir del cual las empresas de generación deberían subvencionar a los consumidores. Gracias a su propio esfuerzo, los consumidores se quedan sin la generación de fondos para ayudarles a transitar la crisis.

Es de suponer que seremos capaces de adaptar nuestra normativa al previsible futuro acuerdo europeo, pero como siempre en Europa, conviene no ir por libre hasta que la maquinaria europea se mueva.

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