¿Dónde vamos?

Hace años tuve oportunidad de asistir a una ceremonia de graduación en una universidad norteamericana. En su discurso, el rector recomendó a todos los estudiantes la suscripción de un plan de pensiones tan pronto como obtuvieran su primer trabajo, además de incrementar la dotación al mismo siempre que fueran escalando puestos en su carrera profesional. Desde una perspectiva europea, con un sistema estatal de pensiones, me resultó llamativo. Si los rectores o decanos españoles, al terminar el próximo curso, incluyeran en sus despedidas a los alumnos una recomendación semejante, no creo que los estudiantes se sorprendieran: la opinión mayoritaria de los jóvenes españoles es que 'lo de las pensiones' a ellos no les llega.

No les faltan argumentos. Para empezar, en nuestro actual sistema, son las cotizaciones de hoy las que pagan las pensiones de hoy. El sistema es deficitario y el Estado cubre la diferencia entre ingresos y gastos. Si miran hacia el futuro, se encuentran con que nuestra pirámide de población ya no es tal: cada vez se asemeja más a un abeto, en el que la forma piramidal se sostiene por un tronco cuya base se estrecha y se va a seguir estrechando, porque nuestra tasa de natalidad es de las más bajas del mundo. Cierto es que la inmigración podría paliar —y de hecho ya lo hace— el problema, pero nuestro mercado laboral tampoco alimenta el optimismo: el número de empleados en España es hoy el mismo que teníamos en 2007 y estamos en los principios de una nueva crisis económica. La variable que queda son los salarios. A largo plazo, la evolución de los salarios es función de la productividad y, lamentablemente, la productividad total de los factores (capital y trabajo) ha caído en España un 14,7% entre 2000 y 2021. Subir salarios sin que mejore la productividad supone una pérdida de competitividad que antes o después obliga a ajustar salarios o empleo. Ya lo hemos vivido.

Siempre queda que el Estado asuma el déficit, pero la deuda pública española se sitúa en el 116,1% del PIB. El Banco Central Europeo sigue comprando deuda de los países del sur —sobre todo de Italia y España— y la guerra de Ucrania aleja la vuelta a la exigencia de disciplina fiscal por parte de la Comisión Europea, pero todos sabemos, y nuestros jóvenes también, que mantener déficits crecientes financiados por el Estado no es una solución en el tiempo.

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La última solución posible es una reforma del sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad en el tiempo. Hasta la fecha, la reforma de las pensiones ha consistido en eliminar el factor de estabilidad que embridaba su crecimiento, revalorizarlas con el IPC —aunque este alcance el 8,5%—, subir por sorpresa las cotizaciones de los tramos salariales más altos y volcar la financiación del sistema hacia los Presupuestos del Estado. Ni rastro del llamado 'mecanismo de equilibrio intergeneracional' que se anunció como elemento básico de la segunda parte de la reforma.

Si a la vista de lo anterior nuestros jóvenes quisieran seguir la hipotética recomendación de suscribir planes de pensiones, se encontrarían con que el tradicional incentivo fiscal a la suscripción de un plan individual ha desaparecido. La alternativa serán los nuevos planes de pensiones de empleo de promoción pública, que contarán con desgravaciones fiscales a las aportaciones individuales y descuentos en las aportaciones a la Seguridad Social por parte de las empresas. Se organizarán por iniciativa pública y sectores productivos, su creación será fruto de la negociación colectiva y a ellos podrán adherirse empresas de todo tamaño e incluso trabajadores autónomos. No está claro que la intervención de funcionarios públicos y sindicalistas en la gestión del ahorro privado maximice sus rendimientos.

La idea del Gobierno es limitar las comisiones a pagar por la gestión privada de estos fondos, de forma que su rendimiento neto —beneficios menos coste de gestión— compita favorablemente con el de los fondos privados, además de contar con las ventajas fiscales que les quedan reservadas. Sin entrar en la confrontación entre lo público y lo privado, la fe en el futuro del actual sistema público de pensiones no se refuerza si la propuesta gubernamental consiste en la extensión de planes de pensiones de empleo promovidos desde el sector público. Pero lo más relevante es recordar que tanto el sistema principal de pensiones públicas como el complementario de los planes de pensiones de empleo tienen la misma fuente de recursos: las aportaciones de empresas y trabajadores, complementadas con recursos públicos, sea en forma de aportaciones presupuestarias o en forma de deducciones fiscales. La única forma de dotar de estabilidad al sistema es su reforma, que ya hemos visto cómo va, o promover la creación de empleo y una mejora de la productividad que permita la subida de salarios sin pérdida de competitividad.

Opinión

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Las razones fundamentales de la baja productividad de la economía española tienen que ver con la baja inversión en I+D, la baja inversión acumulada en equipo productivo por empleado, la baja inversión acumulada en digitalización en relación con nuestro PIB y la baja inversión acumulada en equipamiento público por habitante. El resumen es que la creación de empleo y la mejora de la productividad tienen una misma solución: invertir. Los fondos Next Generation de la UE eran una gran oportunidad que parece diluirse en los repartos entre ministerios y administraciones, entre planes y componentes, que llevan a una atomización de convocatorias que reducen su posible impacto. No hay información disponible acerca del volumen de fondos que realmente ha llegado a las empresas y cuantos de estos fondos se han transformado en inversiones.

La inversión depende del flujo de caja generado por las empresas. Nuevos impuestos sectoriales, subidas de las cotizaciones sociales, inexistencia de programa de ayudas ante la crisis energética… Ninguna de las decisiones tomadas por el gobierno apoya la inversión empresarial y, sin ella, ni creación de empleo, ni mejora de productividad ni, al final, crecimiento económico. Seguiremos acumulando años perdidos en la convergencia con nuestros socios europeos —llevamos ya 15— y preguntándonos cómo pagar las pensiones.