Es noticia
Impuesto en frontera y fondo social: sensatez ambiental europea
  1. España
  2. Por si acaso
Nemesio Fernández-Cuesta

Por si acaso

Por

Impuesto en frontera y fondo social: sensatez ambiental europea

La política europea de subir los precios de la energía fósil para promover su sustitución tiene sentido económico, pero supone asumir un riesgo notable en tiempos de una crisis energética como la actual

Foto: Estación del gasoducto del Báltico en Polonia. (EFE/EPA/Marcin Bielecki)
Estación del gasoducto del Báltico en Polonia. (EFE/EPA/Marcin Bielecki)
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

La Unión Europea sigue firme en su deseo de reducir en 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero un 55% respecto a 2005 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. El paquete Fit for 55 avanza. La Comisión y el Parlamento han alcanzado un principio de acuerdo para ampliar el mercado de derechos de CO₂. Aunque falta la ratificación definitiva del Parlamento y la aprobación de los países miembros, se trata de un hito más en el esfuerzo por asumir el liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático, aunque, en estos tiempos de crisis, haya quien se pregunte, no sin razón, tras sopesar sobre todo las políticas climáticas china o india, o los vaivenes de Estados Unidos, si nuestro esfuerzo merecerá la pena.

Unas 12.000 instalaciones industriales y el transporte aéreo intraeuropeo están sujetos al sistema europeo de derechos de emisión. Reciben una parte de sus derechos de emisión gratis y deben adquirir el resto en el mercado. Hasta ahora, el conjunto de sus emisiones debía reducirse entre 2020 y 2030 un 2,2% anual hasta alcanzar una reducción del 43%. El acuerdo alcanzado supone aumentar el ritmo de reducción anual hasta el 4,3% para llegar al 62% en 2030. Hace años se constituyó un fondo de reserva —se drenaron derechos del mercado para subir su precio—: el acuerdo supone limitar el número de derechos del fondo de reserva, limitando su volumen a 400 millones y eliminando definitivamente los que sobrepasen dicho techo. En 2034 se eliminará el otorgamiento de derechos gratuitos. En resumen, todas las medidas acordadas tienen por objeto restringir la oferta disponible y subir el precio, que hoy supera los 82 euros por Tm de CO₂, más de 10 veces el precio de hace cinco años.

Foto: El ministro de Exteriores egipcio y presidente de la COP27, Sameh Shukri. (EFE/Rosa Soto) Opinión
TE PUEDE INTERESAR
COP27. Fuese y no hubo nada
Nemesio Fernández-Cuesta

La segunda parte del acuerdo supone la creación de un nuevo sistema de derechos de emisión al que esté sujeto el consumo de combustibles fósiles para el transporte terrestre y marítimo y para calefacción. Este nuevo sistema entrará en vigor en 2027, si bien se contempla la posibilidad de retrasar un año su entrada en vigor si los precios del petróleo y del gas estuvieran altos en el momento de su puesta en marcha. En paralelo, se pone en marcha un fondo social para el clima, dotado con 87.000 millones de euros, cuyo objeto es ayudar a los consumidores vulnerables que sufrirán el encarecimiento de precios derivado de la exigencia de los derechos de emisión, que funcionarán como un impuesto adicional, con la peculiaridad de que el tipo impositivo será variable, determinado por la oferta y la demanda y con las oscilaciones y volatilidad propias de un mercado financiero.

Esta es una parte del problema. En los asuntos de fiscalidad energética europea, las propuestas de la Comisión tienden a evitar el enfoque impositivo, que requeriría unanimidad de los países miembros, y utilizar algún vericueto jurídico que evite otorgar el derecho de veto que la unanimidad supone a cualquiera de los socios. En el caso de los derechos de emisión se ha optado por un enfoque de corte financiero, en el que el mercado determina el precio de los derechos. El resultado es que ya hoy las empresas industriales se enfrentan a un impuesto variable, derivado de los cambios en el precio de los derechos de emisión, y en el futuro todos los consumidores sufriremos oscilaciones similares.

Cuando el precio ha sido demasiado bajo para lograr el objetivo de desincentivar el consumo de combustibles fósiles, la solución, como hemos visto en el pasado, ha sido restringir la oferta para subir el precio. A lo largo de la presente crisis, cuando los altos precios del gas indujeron a quemar más carbón para generar electricidad, como las emisiones de este combustible son mayores, se incrementó la demanda de derechos y subió su precio: el resultado fue que al gas más caro se sumó la subida de precios de los derechos de emisión: albarda sobre albarda.

Foto: El ministro chino de ecología clausura la cumbre de biodiversidad. (EFE/J. C. Rivas)

Los impuestos, sean a tipo variable o fijo, encarecen la producción europea. Por vez primera, Europa ha aprobado un gravamen en frontera, calculado en función de las emisiones de CO₂ producidas en su fabricación, a la importación de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno para desincentivar la importación de estos bienes procedentes de países cuya política de reducción de emisiones sea menos ambiciosa que la europea. Este impuesto debe preservar la competitividad de la industria europea y evitar así su traslado a otras geografías donde la normativa ambiental sea menos exigente. Su ámbito de aplicación debería ir aumentando de forma paralela a la desaparición del otorgamiento de los derechos gratuitos de emisión, hasta alcanzar el total de la industria europea.

Acceder al mercado europeo será posiblemente, para muchos países, un incentivo para adoptar una política ambiental más rigurosa muy superior a lo que las sucesivas COP y demás negociaciones multilaterales puedan suponer. Un acuerdo con Estados Unidos en esta materia sería probablemente definitivo como palanca negociadora para el resto del mundo. Los países más pobres podrían quedar exceptuados, pero reservar los dos mercados más grandes del mundo a países y empresas que adopten políticas rigurosas en materia de transición energética es la única solución eficaz si se quiere alcanzar un ritmo de reducción de emisiones compatible con el intervalo 1,5-2º de subida media de las temperaturas a final de este siglo.

Foto: Una activista denuncia el fracaso de la COP27. (EFE/S. Suna)

La política europea de subir los precios de la energía fósil para promover su sustitución tiene sentido económico, pero supone asumir un riesgo notable en tiempos de una crisis energética como la actual, en la que los precios del petróleo, gas y carbón están en niveles no ya muy elevados, sino, en el caso del gas, jamás vistos. La creación del Fondo social europeo para consumidores vulnerables o el establecimiento de un impuesto en frontera que equilibre costes de emisión entre la producción europea y la importada, son elementos compensatorios cuya incorporación a la política energética europea era necesaria. Faltaría un fondo de ayuda a la industria europea, de aplicación temporal mientras dure la crisis, que evite la distorsión que el desequilibrio de las distintas ayudas nacionales, o la ausencia de ellas, como en nuestro caso, pueda suponer.

Europa puede ir por delante del resto del mundo en su política de transición energética, pero siempre introduciendo los contrapesos necesarios que permitan mantener los imprescindibles equilibrios. Avanzar a pecho descubierto, en sistemas democráticos, es opositar a quedarse por el camino.

La Unión Europea sigue firme en su deseo de reducir en 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero un 55% respecto a 2005 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. El paquete Fit for 55 avanza. La Comisión y el Parlamento han alcanzado un principio de acuerdo para ampliar el mercado de derechos de CO₂. Aunque falta la ratificación definitiva del Parlamento y la aprobación de los países miembros, se trata de un hito más en el esfuerzo por asumir el liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático, aunque, en estos tiempos de crisis, haya quien se pregunte, no sin razón, tras sopesar sobre todo las políticas climáticas china o india, o los vaivenes de Estados Unidos, si nuestro esfuerzo merecerá la pena.

Unión Europea Energía
El redactor recomienda