Por si acaso
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Argentina. El tango interminable
La duda es saber hasta qué punto la agenda libertaria y radical del nuevo presidente puede transmitirse a la agenda legislativa a través de una mayoría parlamentaria que no controla
En nuestra democracia parlamentaria nos quejamos de que el partido más votado no necesariamente gobierna. En una democracia presidencialista como la argentina, el presidente electo no tiene garantizado el apoyo de las cámaras legislativas. Tras las elecciones celebradas coincidiendo con la primera vuelta de las presidenciales, La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, el presidente electo, cuenta con 37 diputados de un total de 257. Tiene la posibilidad de alcanzar la mayoría parlamentaria en alianza con la formación de centroderecha Juntos por el Cambio. Ambas formaciones suman 130 escaños, suficiente para controlar con mayoría absoluta la Cámara de diputados.
La duda es saber hasta qué punto la agenda libertaria y radical del nuevo presidente puede transmitirse a la agenda legislativa a través de una mayoría parlamentaria que no controla. Macri, anterior presidente, líder junto a Patricia Bullrich —candidata presidencial derrotada en primera vuelta— del centroderecha argentino, ya ha declarado que "el nuevo Gobierno necesitará apoyo, confianza y paciencia de todos nosotros. Lo que vaya a pasar dependerá de su gestión y de la convicción que mantengamos los argentinos de no ceder ante la lucha que significa cambiar de verdad".
"Cambiar de verdad", en Argentina, solo tiene una traducción posible: atajar el déficit fiscal. En un debate electoral, Milei destacó que, en los últimos 123 años, las cuentas públicas argentinas cerraron con déficit en 113. Pese a sus excesos verbales, esta afirmación de Milei era veraz. En 2020, un informe independiente (*) indicaba que entre 1961 y 2002, en todos los años hubo déficit fiscal, acumulándose desequilibrios por el equivalente al 180% del PBI. Entre 2003 y 2008 se obtuvo un superávit fiscal acumulado equivalente a un 7% del PBI. Estos superávits se produjeron gracias a la fuerte devaluación de 2002 y al impago de la deuda externa por decisión unilateral de Néstor Kirchner. De 2009 a 2019, volvieron a ser todos años de déficit fiscal, acumulándose desequilibrios por otro 40% del PBI. La diferencia en estos 10 últimos años de desequilibrios era la presión tributaria, que había alcanzado niveles récord. Desde 2020, en estos tres últimos años, el déficit acumulado habrá superado otros 15 puntos de PIB.
Este déficit secular se ha financiado en ocasiones con deuda externa y, en la mayor parte de los casos, con recurso al banco central, es decir, imprimiendo billetes. El resultado es una inflación desbocada, que se espera alcance un 185% a finales de este año. Como consecuencia, el tipo de cambio se deprecia de forma acelerada. Hasta la devaluación de 2002, el peso y el dólar cotizaban a la par. Un informe de UBS prevé que el peso cotice a finales de este año a 500 pesos por dólar. La consecuencia es un país cada vez más pobre. A principios del siglo XX Argentina se codeaba con Estados Unidos en el liderazgo económico mundial. Hoy ocupa el puesto 63 en el ranking de PIB per cápita del Banco Mundial. En términos comparativos, en 1970 el PIB per cápita argentino era un 9% superior al español. En 2022, el PIB per cápita español es un 214% superior al argentino.
Otra tradición argentina, sobre todo en los gobiernos peronistas, es, en lugar de empezar por poner orden en las cuentas públicas, tratar de combatir la inflación a través de la intervención de precios. En el mercado interno el Gobierno fija los precios. Para los bienes exportables se establece un impuesto a la exportación que prima la venta en el mercado interno. El resultado es la reducción de inversiones en los sectores afectados y, a medio plazo, escasez, cuya solución pasa por un incremento de las importaciones. Como las exportaciones han disminuido como consecuencia de los impuestos a la exportación, el saldo comercial exterior se deteriora y se reduce la entrada de divisas, lo que a su vez disminuye las ya de por sí limitadas posibilidades de acceso a la financiación exterior. Para evitar que se produzcan las citadas situaciones de escasez como consecuencia de la reducción de inversiones, la tradición argentina no recurre a la solución lógica de la liberalización de precios, sino a mantener la intervención y establecer un sistema de subsidios que contribuya a mejorar las tasas de retorno de una inversión empresarial acogotada por la intervención de precios. Es la historia de la producción de petróleo y gas. Primero se intervienen los precios y luego se subsidia la producción. Luego suben algo los precios y se subsidia la demanda. Al final, los subsidios a la oferta y a la demanda de petróleo, gas y electricidad se situarán este año entre los 11.000 y 12.000 millones de dólares. Más déficit, más recurso al banco central, más inflación. Lo que no pagan los consumidores por la energía lo pagan a través de una inflación disparada, el más injusto y desigual de los impuestos.
Ajustar el gasto público argentino no va a ser fácil. Requiere reformar y ajustar a la baja el sistema de pensiones y suprimir subsidios como los descritos en materia energética. Incrementar ingresos tampoco es fácil. Los tipos impositivos de las diferentes figuras fiscales no se han deflactado, con lo que la presión fiscal implícita se ha disparado. En sus primeras declaraciones, Milei habla de privatizar YPF, la televisión y la radio públicas. Vender activos proporciona ingresos, pero solo durante el tiempo que tardas en gastarte los dineros obtenidos. La venta de la petrolera estatal ya se acometió hace unos veinticinco años por el gobierno peronista de Menem y Cavallo, para volver a ser expropiada y renacionalizada por el gobierno también peronista de Cristina Kirchner. Es lo que tienen los movimientos políticos de amplio espectro. Siempre se encuentra un soporte ideológico para casi todo.
La funcionalidad de la economía argentina requiere ajustar el gasto público de forma permanente. Solo a través de unas cuentas públicas saneadas Argentina alcanzará el futuro que merece. El presidente electo no tiene mucho tiempo. En dos años se renueva la mitad de la Cámara de diputados. Ese es el plazo disponible para que el electorado argentino comience a apreciar la bondad de sus políticas.
(*) Idesa. Instituto de Desarrollo Social Argentino. 2020.
En nuestra democracia parlamentaria nos quejamos de que el partido más votado no necesariamente gobierna. En una democracia presidencialista como la argentina, el presidente electo no tiene garantizado el apoyo de las cámaras legislativas. Tras las elecciones celebradas coincidiendo con la primera vuelta de las presidenciales, La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, el presidente electo, cuenta con 37 diputados de un total de 257. Tiene la posibilidad de alcanzar la mayoría parlamentaria en alianza con la formación de centroderecha Juntos por el Cambio. Ambas formaciones suman 130 escaños, suficiente para controlar con mayoría absoluta la Cámara de diputados.