El entierro de Villar de Cañas y la muerte del sentido común

El último Consejo de Ministros del año, además de aprobar uno de los Decretos leyes cuya convalidación ha dado y dará tanto que hablar, dio luz verde al séptimo Plan de Residuos Radioactivos. Pese a que la normativa vigente habla de la actualización periódica de dicho plan, el anterior fue aprobado en 2006. Son las ventajas del lenguaje administrativo: tan periódica es una revisión cada cinco años como cada 18. Otro tema es si resulta admisible mantener un oscurantista silencio sobre los residuos radioactivos que se generan en España, su tratamiento, los costes que generan y cómo se pagan. Los residuos son el gran inconveniente de la energía nuclear. Su peligrosidad se extiende durante siglos. De ahí que su gestión sea responsabilidad estatal.

Este nuevo plan confirma el cierre de todas nuestras centrales nucleares entre 2027 y 2035. Pese a la firmeza mantenida por el actual Gobierno en este propósito, no es descartable, tal y como van las cosas, una rectificación forzada por sus socios de gobierno. El cierre de las tres centrales nucleares ubicadas en Cataluña dejaría el sistema eléctrico catalán en una situación más que comprometida dado que, además de otras cuestiones de carácter técnico, el Gobierno de la Generalitat ha reducido al mínimo la aprobación de nuevas instalaciones de generación renovable. Sin nucleares, con pocas renovables y sin conexión relevante con Francia, la solución es depender del resto de España, lo que no parece formar parte del ideario independentista.

Una segunda decisión del plan aprobado ha sido dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) para albergar un almacén temporal centralizado. La idea era almacenar en un único emplazamiento los residuos de las diferentes centrales. En su momento, el Gobierno de Rajoy convocó un concurso para la localización de este almacén, al que se presentaron su candidatura varios ayuntamientos. Ganó Villar de Cañas. Se iniciaron los trabajos hasta que García-Page, electo presidente de Castilla-La Mancha, suspendió los permisos. La razón de fondo era no albergar en el territorio de su Comunidad una infraestructura que no beneficiara específicamente a sus ciudadanos. Como si en Castilla-La Mancha no se consumiera electricidad de origen nuclear. Es una inclinación política cada vez más extendida. Ahora en Aragón se pretende gravar la producción de electricidad renovable por la sencilla razón de que no se consume en su Comunidad. Como otras cosas, deberíamos hacérnoslo mirar.

El actual Gobierno socialista se avino al criterio de García-Page y el pasado 27 de diciembre ha procedido a enterrar administrativamente el almacén centralizado de Villar de Cañas. En su sustitución, el nuevo plan propone la continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los almacenes temporales individualizados (ATI), existentes en las centrales, y la puesta en marcha de siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en esos mismos emplazamientos para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo. Este almacenamiento definitivo será un almacenamiento geológico profundo, que entrará en funcionamiento en 2070.

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No hace falta mucho conocimiento para concluir que siete almacenes cuestan más que uno y que la gestión durante décadas de unos residuos peligrosos es más eficiente en un emplazamiento que en siete. Tampoco es difícil deducir que un almacén en la profundidad del subsuelo es más caro que un almacén en superficie. El Gobierno enarbola el principio de quien contamina paga. Nada que decir en contra. Pero el exceso de costes respecto a la solución inicial prevista, un único almacén centralizado, no es una decisión de los “contaminadores”, es una decisión del Gobierno. Es una decisión que acabaremos pagando los ciudadanos, bien en nuestra condición de consumidores eléctricos, bien en nuestra condición de contribuyentes tributarios.

Todo el tratamiento del combustible gastado en las centrales y del desmantelamiento de estas se sufragan con las aportaciones de las empresas dueñas de las centrales a través de una “prestación patrimonial de carácter público” consistente en el pago —hasta ahora— de 7,98 euros por MWh generado en las centrales nucleares. La recaudación se acumula en un fondo que gestiona Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos). A finales de 2022 el fondo contaba con unos 7.300 millones de euros. A lo largo de ese ejercicio se había incrementado en unos 150 millones. Aunque sus ingresos son muy superiores, Enresa tiene que hacer frente a los gastos derivados del desmantelamiento de las centrales de Garoña, Zorita y Vandellós I. El recién aprobado séptimo plan de residuos calcula en más de 20.000 millones de euros de 2023 los costes futuros de Enresa, de los que unos 15.500 corresponden al tratamiento del combustible gastado de las centrales más el desmantelamiento y clausura de estas. Es fácil deducir que los números no cuadran. Mucho más si tenemos en cuenta que a partir de 2027 se incrementan los costes por el cierre de centrales y en paralelo, por la misma razón, se reducen los ingresos.

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De entrada, el Gobierno ha anunciado la subida en un 40%, hasta los 11,14 euros por MWh, de la prestación patrimonial que pagan las centrales. Algo más de tres euros por MWh que encarecerán la producción del 20% de la electricidad que consumimos. Y lo que vendrá, porque las estimaciones de costes, con años de adelanto y sin petición de ofertas a los potenciales contratistas, suelen ser lo más parecido a escribir en el agua. Sin generación eléctrica nuclear que pague la factura acabaremos siendo los contribuyentes los que acabemos financiando el “agujero”. Es un problema de dividendo y divisor. Si Almaraz se cierra en 2027, deja de generar y deja de contribuir. El potencial déficit habrá que repartirlo entre menos MWh generados. Así hasta que Vandellós II, cuyo cierre se prevé en 2035, tenga que hacer frente a una imposible factura millonaria, a la que acabarán teniendo que hacer frente las arcas públicas o la factura eléctrica, o ambas en comandita.

Todas las políticas públicas requieren un cuidadoso análisis coste-beneficio. Más aún en el marco de una transición energética que nos pide reducir emisiones y garantizar un suministro de energía seguro y económicamente accesible. En el caso de las centrales nucleares hoy en funcionamiento, cualquier análisis económico se descarta por un apriorismo ideológico. A nadie se le escapa que, si tenemos un déficit esperable en el tratamiento de los residuos radioactivos, alargar la vida de las centrales nucleares —menos gastos y más ingresos— contribuye a su solución. El coste marginal de almacenar los residuos adicionales producidos por la prórroga de vida de las centrales es prácticamente irrelevante en el marco económico general del tratamiento de los residuos.

Más allá del déficit económico del tratamiento de residuos, la sustitución de la electricidad de origen nuclear, en los plazos planteados, solo será posible a partir de un mayor consumo de gas. De momento, el precio del gas, aunque superior al precio anterior a la guerra de Ucrania, se mantiene en niveles moderados. Incluso más allá de 2025, año para el que será determinante como terminen este invierno los almacenes europeos, se prevé cierta abundancia de gas en el mercado: se espera que en 2026 entren en funcionamiento nuevas plantas de licuefacción en Estados Unidos y Qatar. Sin embargo, a partir de 2030 se prevé un déficit creciente. La demanda seguirá incrementándose, sobre todo en economías menos desarrolladas, y es dudoso que se siga invirtiendo en grandes instalaciones de licuefacción, que requieren grandes inversiones y, por tanto, largos periodos de amortización, cuando se prevé que el consumo mundial de gas empiece a declinar en los últimos años de la próxima década. Nunca es fácil hacer pronósticos a largo plazo, pero no conviene correr riesgos. Retrasar cinco o 10 años el apagón nuclear nos permitiría reducir el riesgo de tener que incrementar nuestro consumo de gas en un momento de tensiones en el mercado. Da margen para un mayor desarrollo de sistemas de almacenamiento que complementen la electricidad de origen renovable y, caso de necesitar más gas, acudiríamos al mercado con una demanda declinante y no cuando la oferta puede escasear.