Redes eléctricas. La batalla oculta por el (de)crecimiento económico

Queremos un futuro eléctrico. Coches eléctricos, edificios y consumos domésticos electrificados y un sector industrial que abandone en lo posible los combustibles fósiles y los sustituya por electricidad, o por otros combustibles fabricados con un hidrógeno en cuya producción es imprescindible la electricidad. Una de las restricciones técnicas de la electricidad es que su transporte tiene que hacerse a través de un cable. A nadie se le escapa que, si el futuro es como el descrito y, además, la producción eléctrica, debido a la generación renovable, se realiza en centenares de instalaciones diferentes repartidas por toda España y no concentrada en unas decenas de grandes centrales, nuestro país va a necesitar grandes inversiones en líneas eléctricas.

En España, la responsabilidad del tendido y mantenimiento de las líneas de transporte de muy alta tensión corresponde a Red Eléctrica. La llegada de la electricidad a los puntos de consumo es responsabilidad de diferentes empresas de distribución a través de líneas de media y baja tensión. En sistemas eléctricos liberalizados como los europeos, el funcionamiento del mercado se atiene a varias reglas:

• Solo una línea llega a cada cliente. No tiene sentido económico que cada empresa que venda electricidad tienda su propio cable.
• Cualquier empresa que venda electricidad puede usar la línea existente. Es el derecho de acceso de terceros a las redes.

TE PUEDE INTERESAR

Todo lo que debe hacer España para ser competitiva industrialmente

Nemesio Fernández-Cuesta Ilustración: Marina G. Ortega Gráficos: Unidad de Datos

• Se obliga a las empresas integradas a separar jurídicamente sus actividades: tienen que constituir empresas diferentes para generación, distribución y comercialización.
• Al tratarse de monopolios naturales -solo hay una línea- las tarifas por su uso las fija la Administración. Esas tarifas son los peajes que forman parte de nuestras facturas.

TE PUEDE INTERESAR

Los retos inmediatos a los que se enfrentan las redes de distribución en España: "Hay que simplificar los trámites"

EC Brands

La fijación de las tarifas de transporte y distribución por parte de la Administración es, como es lógico, fuente de problemas. Las empresas invierten y quieren una retribución adecuada para sus inversiones. Desde el punto de vista de la Administración, se plantean tres problemas básicos: cuánto invierten las empresas, si las inversiones se hacen a un coste adecuado y a qué tipo de interés se retribuyen las inversiones. En España, al margen de detalles menores, hemos abordado el problema de la forma menos liberal posible. En primer lugar, establecimos un límite máximo a las inversiones en transporte y distribución en términos de PIB. Red Eléctrica puede invertir hasta un máximo del 0,065% del PIB y las empresas de distribución tienen un tope 0,13%. En números redondos, unos 1.000 millones al año en transporte y el doble en distribución.

El otro elemento de rigidez es el sistema de planificación de la red de transporte. Actualmente, está vigente la planificación 2021-2026. Lo que no se incluya en la planificación no se ejecuta. Es importante destacar que si no hay inversiones en transporte no puede haberlas en distribución. Si no llega la electricidad en alta tensión no se puede distribuir en media o baja tensión. Supongamos que un cliente contacta con la empresa de distribución de su zona para incrementar su potencia porque va a consumir más electricidad, o porque va a construir un centro de proceso de datos. Con nuestro sistema de planificación habría que remitirle a 2027, con la incógnita de si en el próximo ciclo de planificación se incluye la ampliación de red de transporte que le afecta. Como incluso el planificador más recalcitrante entiende que el sistema es demasiado rígido, se incluyó la posibilidad de Modificar Aspectos Puntuales de la Planificación (MAP). El Consejo de Ministros del pasado 16 de abril aprobó la última modificación, pendiente aún de publicación oficial, por lo que solo se conoce el contenido de la nota de prensa publicada por el ministerio.

En el trámite de esta modificación de la planificación, las empresas de distribución habían planteado peticiones por unos 6.000 MWh, de los que unos 3.000 correspondían a nuevos centros de procesos de datos, unos 1.000 a proyectos de hidrógeno y el resto a ampliaciones de potencia de diferentes industrias. En marzo, la patronal de las eléctricas publicó una nota quejándose de que el 95% de sus solicitudes quedaban desatendidas. Es posible que en el ajuste final se haya mejorado algo la cifra, pero parece que de forma limitada.

TE PUEDE INTERESAR

Por qué la transición energética no será posible sin redes eléctricas flexibles

Romina Vallés

Si el propósito de la transición ecológica es electrificar la economía, para lo que son imprescindibles las redes, es lícito preguntarse por qué las limitaciones a la inversión total, establecidas por el Gobierno de Rajoy se han mantenido sin tocar a lo largo de los ya casi cinco años del Gobierno de Sánchez. Es lícito preguntarse sobre todo por qué, si hay demanda para consumir electricidad, se ha decidido no atenderla. Es lícito preguntarse, también, qué criterios sigue el Gobierno para, ante potenciales incrementos de consumo, decidir cuáles se atienden y cuáles se posponen hasta un nuevo ciclo de planificación.

En esta tesitura, el argumento de que hay que limitar las inversiones en redes para evitar posteriores subidas de tarifas no se sostiene. Si aumenta la demanda eléctrica, los peajes bajarán, porque la retribución al transporte y distribución, aunque aumente, se tendrá que dividir entre más MWh, por lo que la tarifa unitaria tenderá a descender. El argumento de que los centros de procesos de datos crean poco empleo es absurdo: lo importante de la digitalización y la inteligencia artificial no es el empleo directo que crean, sino la competitividad que transmiten a las empresas usuarias.

Si España tiene una ventaja competitiva derivada del aprovechamiento de su irradiación solar y su recurso eólico para producir electricidad barata, nuestra obligación es fomentar el consumo de esa electricidad renovable y favorecer la implantación de industrias y actividades económicas que creen riqueza y empleo. El problema no es consumir más o menos energía. El problema es conseguir que la energía que consumimos sea limpia. Es conseguir que el consumo de electricidad renovable crezca de forma sostenida. El propósito del Ministerio de Transición Ecológica -por sus hechos los conoceréis- está resultando ser el decrecimiento. Lo que importa al ministerio es reducir el consumo de energía, sea limpia o no. El PNIEC es meridianamente claro: hay que invertir en renovables para exportar a Francia. Que sean ellos los que aprovechen nuestra electricidad barata. Para que sea así, nada mejor que limitar el crecimiento de las redes de transporte y distribución. Es la mejor manera de asegurarse que la demanda eléctrica no crece.