Unión Europea, coalición y políticas

La posible reedición de la tradicional coalición mayoritaria entre populares, socialistas y liberales ha sido el titular más destacado de los diferentes análisis publicados tras las elecciones europeas. Esta conclusión, aunque cierta, necesita ser matizada. La centroderecha, encarnada en al Partido Popular Europeo, sube escaños y se alza con la victoria. La socialdemocracia aguanta, mientras que liberales y verdes experimentan pérdidas notables. La derecha y extrema derecha suben con fuerza. Suben en Alemania y ganan en Italia y Francia. Aunque divididos en dos grupos o familias políticas (Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, 73 diputados y Grupo Identidad y Democracia, 58 diputados), suman 131 escaños, muy cerca de los 135 que tiene la socialdemocracia.

La coalición de populares (189), socialdemócratas (135) y liberales (79) suma 403 diputados, que deberían ser suficientes para, si resulta ser la candidata propuesta por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reelegir a Úrsula von der Leyen como presidenta de la Comisión. El problema es que la fidelidad de voto a las respectivas familias políticas en el Parlamento Europeo no es férrea. Se estima que al menos el 10% de los diputados de los tres grupos parlamentarios de la tradicional coalición no votarían a Von der Leyen. Con 720 diputados europeos, la mayoría está en 361. El 90% de los diputados populares, socialistas y liberales asciende a 363. Demasiado apretado para correr riesgos.

Lo más importante de la más que previsible reelección de Von der Leyen será la forma en la que se produzca. Puede bastar la tradicional coalición, o puede ser necesaria la colaboración de otros grupos políticos. Un candidato es el grupo de Los Verdes, otro el grupo de Meloni, los Conservadores y Reformistas Europeos, grupo en el que se integran los europarlamentarios de Vox. El problema de estos posibles añadidos a la Coalición son los potenciales rechazos que generan entre los tradicionales partidos que la componen. Desde España resulta difícil imaginar a PP, PSOE y Vox votando en comandita a la nueva Comisión Europea. La otra dificultad son las diferencias ideológicas en algunas cuestiones. Según se añaden grupos a la coalición central, esta se escora a un lado u otro o difumina sus perfiles políticos, para que todo quepa en su seno.

La anterior Comisión, presidida por Von der Leyen, forjó el acuerdo político entre populares, socialistas y liberales sobre el llamado Pacto Verde Europeo. Su objetivo era liderar la Transición Energética en el mundo. Alcanzar una reducción de emisiones del 55% en 2030, el neto cero en 2050 y emisiones negativas a partir de ese año. Se aprobó el paquete de medidas denominado Fit for 55 para garantizar la consecución de la reducción del 55% en 2030. La guerra de Ucrania supuso la aprobación de un nuevo paquete de medidas, llamado esta vez Repower EU, en el que además de propuestas específicas para abordar la crisis del suministro de gas, se insistía en la transición energética como medio de recuperar independencia estratégica. Cuatro años después de la aprobación del Pacto Verde, la Comisión Europea alumbró el Plan Industrial del Pacto Verde, que incluía el proyecto de ley sobre industrias de emisiones cero y el proyecto de ley sobre materias primas básicas y otras iniciativas como el banco del hidrógeno.

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La realidad es que el pacto industrial fue lanzado por la Comisión Europea una vez comprobado que China y Estados Unidos nos habían adelantado por la derecha y por la izquierda. China controla más del 50% de la capacidad de refino mundial de los minerales básicos para el desarrollo de las distintas tecnologías necesarias para reducir emisiones. Sus cuotas de mercado mundial en paneles solares y partes de la cadena de valor de las baterías supera el 90%. En electrolizadores y góndolas de aerogeneradores es superior al 50%. Estados Unidos, por su parte, ha aprobado la Inflation Reduction Act, por la que concede créditos fiscales de hasta 10 años de duración a la producción de electricidad sin emisiones, a la inversión en generación eléctrica sin emisiones, a la producción de hidrógeno bajo en emisiones o a la producción de biocombustibles avanzados. Todas estas ayudas estaban limitadas a la producción ubicada en Estados Unidos. Para los coches eléctricos, las ayudas requerían, incluso, que los componentes de las baterías fueran de origen norteamericano. La conclusión era que la industria europea, ante sus dos grandes competidores, quedaba en fuera de juego. La política europea de incrementar costes a través de los derechos de emisión de CO₂ y fijar objetivos sin analizar ni la disponibilidad efectiva de determinadas tecnologías ni sus costes dejaba a la industria europea a merced de sus competidores.

La nueva Comisión se enfrenta al dilema de continuar y profundizar con la política de los últimos meses, en el que la salud y el futuro de la industria europea pasan a primer plano y los ritmos de avance de la transición energética se adecúan más a lo posible que a lo teóricamente necesario, o recuperar el fervor inicial del Pacto Verde. A favor de esta última opción, socialistas y verdes. A favor de dar prioridad a la industria, populares europeos y cualquier grupo ubicado a su derecha. Es muy posible que la nueva Comisión tenga que optar por acuerdos de geometría variable, en la que los apoyos vengan de uno u otro lado en función del asunto a decidir. No es una situación muy estable, pero sí factible. También podremos ver un alineamiento de los diputados europeos más por sus países de origen que por sus familias políticas. Es difícil pensar que los socialdemócratas alemanes van a olvidarse de su industria o que los socialistas españoles van a renunciar a su beligerancia verde. El negacionismo de Vox no cuadra con ninguna política de reducción de emisiones, mientras que a Meloni le interesa probablemente más su homologación con el centroderecha europeo.

La reducción de emisiones sigue siendo imprescindible, pero no puede hacerse de espaldas a una realidad económica con la que al final hay que contar. La industria europea tiene que seguir siendo la base sobre la que se asiente la prosperidad y la proyección exterior de nuestro continente. Sacrificarla no tiene el menor sentido. China y Estados Unidos nos han marcado la senda a seguir.