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Por si acaso
Por
La interminable e inútil carrera entre la singularidad y el "café para todos"
La idea de que los españoles paguemos los mismos impuestos y recibamos los mismos servicios sociales ya ha sido superada por la realidad de una especie de “federalismo asimétrico” donde la igualdad entre españoles tiende a desaparecer
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Nuestra Constitución, en aras del máximo consenso, optó por consagrar la singularidad de algunos territorios: habla de “nacionalidades y regiones”, establece dos vías diferentes para alcanzar la autonomía, preserva el arcaico sistema fiscal vasco y navarro y contempla la posibilidad de que el Estado ceda a una o varias comunidades competencias que le son exclusivas.
Al tiempo, como nos recordaban Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre en estas mismas páginas, “el legislador constitucional define la unidad de redistribución como España en su conjunto. La Constitución obliga a que la financiación de la educación de un niño en Mérida sea suficiente para garantizar la igualdad efectiva con la educación de un niño en Barcelona. Nuestro ordenamiento jurídico establece que los extremeños son igual de ciudadanos que los catalanes, y son ellos, no los territorios, quienes tienen derechos”.
Esta tensión entre la singularidad territorial y la igualdad entre todos los ciudadanos es uno de los hilos conductores del desarrollo político de las comunidades autónomas. En febrero de 1980, apenas catorce meses después de la aprobación de la Constitución, Andalucía votó en referéndum alcanzar la autonomía por la misma vía (el art.151) que las llamadas “Comunidades Históricas”. Los andaluces no aceptaron ser menos o tener menos derechos que los vascos, gallegos o catalanes. Fue el principio del “café para todos”, de la generalización de un proceso autonómico, cuyos sujetos, las Autonomías, ni siquiera figuran por su nombre en la Constitución. El “café para todos” dejaba fuera de juego la reclamada “singularidad”, a ratos también llamada “hecho diferencial” que catalanes y vascos esgrimían para reclamar mayores cotas de autogobierno.
En ausencia de entendimiento entre PSOE y PP, las necesidades de conformar mayorías que sostengan el gobierno de España han supuesto sucesivos impulsos a la “singularidad”: traspaso de competencias exclusivas del Estado o cesión de impuestos acompañada de capacidad normativa fiscal. Estos impulsos a la singularidad han venido seguidos de esfuerzos de racionalización basados, de nuevo, en el “café para todos”. El resultado final es uno de los sistemas más descentralizados del mundo, en el que resulta difícil garantizar la igualdad de todos los españoles a la hora de pagar impuestos o a la hora de beneficiarse de los servicios públicos que conforman nuestro “Estado de Bienestar”. La financiación por habitante de las diferentes comunidades es bastante dispar. Oscila entre los 4.163 euros por habitante en Cantabria a los 2.735 euros por habitante de Canarias. (*)
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La doble necesidad de mantener al actual gobierno de Pedro Sánchez en Madrid e investir a Salvador Illa en Barcelona ha desencadenado el nuevo impulso a la “singularidad”, consistente en un régimen fiscal “especial” para Cataluña, que está mereciendo sesuda atención de todo tipo de analistas, la airada reacción de los potenciales perjudicados y provocando la lógica reclamación de revisar un sistema de financiación autonómica que lleva diez años en el limbo. Conviene recordar que lo que se dirime en todo este debate es la preponderancia del ciudadano sobre el territorio. Si todos los ciudadanos somos libres e iguales, merecedores de los mismos derechos y sujetos a las mismas obligaciones, o, por encima nuestro, una entidad territorial mediatiza unos y otras. Si la igualdad entre españoles que garantiza la Constitución es una realidad o una entelequia.
El Gobierno va a soslayar la discusión de principios porque su posición es difícilmente sostenible. Con independencia del galimatías semántico sobre el “concierto”, su idea es incrementar el Fondo de Compensación Interterritorial de forma que cada comunidad autónoma reciba más que lo que viene recibiendo hasta ahora. Ninguna comunidad podrá quejarse de que un eventual acuerdo con Cataluña ha supuesto una reducción de sus ingresos. Para que el Estado pueda financiar la mayor dotación de recursos al Fondo, la receta no es otra que la subida de impuestos. El discurso del “Lamborghini” es un claro indicador de por dónde van los tiros.
Una de las consecuencias de todos estos años de carrera entre la "singularidad" y el "café para todos" es que las CCAA pueden crear impuestos
Una de las consecuencias de todos estos años de carrera entre la “singularidad” y el “café para todos” es que las comunidades autónomas pueden crear impuestos, tienen cedidos algunos impuestos y una parte de la recaudación de otros. Conviene recalcar que no solo se ceden ingresos, sino también capacidad normativa. Las comunidades pueden hacer política con sus ingresos tributarios: pueden subir tipos y bajarlos hasta hacer desaparecer en la práctica algunos impuestos. La consecuencia es de nuevo un problema de igualdad entre españoles y un problema de competencia fiscal entre comunidades. La inconsistencia es otorgar capacidad normativa y pretender que esa capacidad se use de manera uniforme por parte de todas las comunidades. Un nuevo sistema de financiación autonómica debería responder a la pregunta de si aceptamos de partida que la igualdad entre los españoles a la hora de pagar impuestos esté mediatizada por el territorio donde viven.
El parámetro esencial del gasto público es la población. Obviamente, es necesario ponderar la población en edad escolar y la población mayor de cierta edad, cuya incidencia en gasto sanitario y en cuidados sociales es más alta. También será necesario tener en cuenta la densidad de población, la insularidad e incluso el coste de vida. Para cualquier empleado público, vivir en una gran ciudad tiene muchos más costes que hacerlo en una pequeña población. Con todas estas variables puede determinarse un coste medio por habitante que el Estado debería garantizar. Las negociaciones de los parámetros técnicos pueden alargarse durante meses o años, pero la idea de una igualdad básica debería ser irrenunciable.
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Esta idea de que los españoles paguemos los mismos impuestos y recibamos los mismos servicios sociales ya ha sido superada por la realidad de una especie de “federalismo asimétrico” donde la igualdad entre españoles tiende a desaparecer. El acuerdo con Cataluña, si finalmente se produce, será un eslabón más en el camino de las diferencias. Una reflexión adicional: la historia nos demuestra que el camino de la “singularidad” no sirve para aplacar las ansias separatistas de una parte de la población catalana. El irredentismo identitario no termina con una “amnistía” ni con un “concierto fiscal”. Solo sitúa al independentismo más cerca de esas “estructuras de Estado” necesarias para alcanzar su último objetivo. En el camino habremos sacrificado la funcionalidad del Estado y la igualdad entre todos los españoles.
(*) Financiación por población ajustada. Ministerio de Hacienda. 2022
Nuestra Constitución, en aras del máximo consenso, optó por consagrar la singularidad de algunos territorios: habla de “nacionalidades y regiones”, establece dos vías diferentes para alcanzar la autonomía, preserva el arcaico sistema fiscal vasco y navarro y contempla la posibilidad de que el Estado ceda a una o varias comunidades competencias que le son exclusivas.