Cambio climático: negación, adaptación e incompetencia

Menos del 1% de los gases que componen nuestra atmósfera son capaces de retener calor. Son los gases de efecto invernadero. Sin ellos, no existiría vida en la Tierra. Sin ellos, todo lo que naciera de día moriría de noche. Sin el calor del sol y sin los gases de efecto invernadero, las temperaturas nocturnas serían tan frías que cualquier atisbo de vida se desvanecería de inmediato. El CO₂ es el más relevante de los gases de efecto invernadero.

En 2023 hemos quemado en el mundo 5.171 millones de toneladas de petróleo, 9.096 millones de toneladas de carbón y más de 4 billones (de los nuestros) de metros cúbicos de gas. Este consumo de combustibles fósiles hizo que las emisiones totales alcanzaran los 41.000 millones de toneladas de CO₂. De estas emisiones se calcula que la vegetación terrestre absorbe unos 12.000, el mar absorbe unos 10.000 y en la atmósfera permanecen unos 19.000 millones de toneladas. La demanda de combustibles fósiles no ha dejado de crecer desde el inicio de la Revolución Industrial. Año tras año, salvo accidentes como la pandemia, se baten récords de consumo. El fuego es, en esencia, la reacción entre el carbono contenido en los combustibles y el oxígeno del aire. Se produce calor y CO₂. Por tanto, el contenido de CO₂ en la atmósfera no ha dejado de crecer. Desde 1957 se mide directamente del aire. Hacia atrás, es posible recomponer la estadística a través del análisis de las minúsculas gotas de aire atrapadas en el hielo en aquellas zonas de la Tierra donde existen nieves perpetuas. El resultado es que desde que los homo sapiens empezamos a pasearnos sobre la Tierra hace unos cuatrocientos mil años, nunca el contenido de CO₂ en la atmósfera había sido tan alto.

Si aumenta en la atmósfera la proporción de gases capaces de retener calor, el resultado no es otro que el aumento de las temperaturas. Aumento de temperaturas cuyos efectos más notables son la proliferación de sequías, de olas de calor y, debido a la mayor evaporación de agua, un notable incremento de la asiduidad y virulencia de los fenómenos atmosféricos. Cualquiera es libre de negar la existencia de los cambios que se están produciendo en el clima. La pregunta que los negacionistas podrían hacerse es si su posición intelectual se debe a un análisis de la realidad o a una reacción, quizás visceral, ante la instrumentación que cierta izquierda hace del cambio climático como palanca para intervenir y alterar un sistema económico —la economía de mercado—, que ha demostrado su superioridad ante los viejos postulados comunistas, que ahora se pretenden disfrazar entre la amalgama del desarrollo sostenible.

La lucha contra el cambio climático tiene una vertiente internacional, cuyo objetivo básico es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. No es una tarea fácil poner de acuerdo a países con diferente grado de desarrollo. En cualquier caso, convendría sacudirnos un poco de nuestro eurocentrismo. Las emisiones de la Unión Europea son el 7% de las emisiones mundiales. Las nuestras apenas llegan al 1%. Debemos reducirlas, pero sin sacrificar en el camino la competitividad de nuestra industria y, en general, de nuestra economía. Esta política de reducción de emisiones es conocida, en la jerga climática, como una política de mitigación. Junto a ella, es necesario desarrollar una política de corte mucho más nacional, llamada de adaptación. Consiste en poner en práctica todas aquellas medidas que adapten nuestra economía a las condiciones derivadas del cambio climático. Si en España va a llover menos, va a haber más sequías y olas de calor y los fenómenos que hemos vivido la semana pasada en Valencia van a ser más frecuentes, será imprescindible desarrollar una infraestructura hidráulica capaz de lidiar con esta nueva realidad.

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Tras la riada de 1957 estaba prevista, además del desvío del cauce del Turia, la construcción de un pantano que evitara las crecidas en la zona sur de Valencia. El proyecto, nunca ejecutado, se recuperó en la redacción del Plan Hidrológico Nacional de la época de Aznar. Como el resto del Plan, el proyecto fue abandonado por el Gobierno de Zapatero y no recuperado por ningún Gobierno posterior. Al igual que el cauce nuevo del Turia, hubiera cumplido con su función en la tragedia de la pasada semana. En 2021, el Gobierno de Sánchez sacó a concurso la limpieza y ampliación del cauce del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento ha sido la causa principal de la tragedia de Valencia. La licitación fue suspendida por un decreto del Gobierno valenciano de Ximo Puig que pretendía la recuperación integral de la Huerta valenciana. Una vez más, lo “verde” por encima de lo importante, y lo autonómico por encima de lo estatal. La ejecución de las obras, aunque no hubiera impedido la inundación, habría salvado muchas vidas.

España deberá transformar profundamente su política hidrológica para hacer frente a los cambios que van a producirse. Será imprescindible construir, ampliar y actualizar todas nuestras infraestructuras hidráulicas —presas, canalizaciones y trasvases—, en todas las Confederaciones Hidrográficas, para evitar o minimizar, en la medida de lo posible, que sucesos como los de estos días puedan repetirse.

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Aun así, cuando las pérdidas de vidas humanas y los daños económicos se producen, cuando la posibilidad de una tragedia se hace presente, conviene la retirada de los políticos y la llamada a los profesionales. Profesionales en la dirección de emergencias y crisis, absolutamente ajenos al cálculo político, dotados de medios materiales y de una estructura de mando imprescindible en estas situaciones. Hacer uso desde el primer momento de todas las capacidades del Ejército era obligatorio. Solo el cálculo político, la inexperiencia en la gestión, la ignorancia y el miedo a equivocarse pueden retrasar de las siete de la mañana a las ocho de la tarde la emisión de la alarma por parte de las autoridades valencianas y el retraso en solicitar la presencia del ejército y sus medios en la zona afectada.

Solo el cálculo político más rastrero por parte del Gobierno de Pedro Sánchez puede retrasar el envío del Ejército hasta que lo pida el presidente valenciano. Hay que visibilizar a un responsable y, lo peor, es que Mazón se deja señalar. Tampoco hay que olvidar que a los aliados políticos del partido socialista les gusta la sumisión del Estado al criterio autonómico. Una vez más, el cálculo político, que pretende que olvidemos la responsabilidad que el Gobierno del Estado tiene ante todos y cada uno de sus ciudadanos. Responsabilidad que es indeclinable y no puede hacerse dependiente del criterio de un presidente autonómico.