Competitividad europea (I)

En la Unión Europea hemos tocado a rebato ante la pérdida de competitividad. Recuperar terreno ante Estados Unidos y China es el gran objetivo de la Comisión Europea que tomó posesión a principios de diciembre pasado. Los primeros aldabonazos fueron los informes Letta y Draghi. El pasado 29 de enero, la Comisión aprobó una comunicación titulada Brújula de Competitividad de la UE. Ya se conoce la existencia de tres borradores adicionales de comunicaciones de la Comisión. El primero se refiere a un llamado Pacto por una Industria Limpia, considerado como una hoja de ruta conjunta hacia la competitividad y la descarbonización. Un segundo borrador se refiere al Marco de Ayudas de Estado para apoyar el Pacto por una Industria Limpia. El último se titula Plan de acción para una energía asequible. Este paquete de comunicaciones previsiblemente verá la luz oficial el día de publicación de estas líneas.

Las comunicaciones de la Comisión Europea no son vinculantes, pero sirven para informar y orientar sobre las directrices políticas que la Comisión pretende seguir, proponer iniciativas y sentar las bases de nueva legislación que la Comisión desea aprobar. En una Unión Europea con tanto apego a la norma y a la regulación, conviene empezar subrayando el inmenso trecho existente entre escribir y aprobar una norma y transformar una realidad social. Recuperar competitividad exige un esfuerzo de largo aliento, de años e incluso décadas, y la firme convicción y voluntad de cambiar todo aquello que no funciona o que es, simplemente, mejorable. Requiere también, en ocasiones, analizar los problemas desde una perspectiva diferente. Si la prioridad es la competitividad, toda la normativa, todas las decisiones, deben ir alineadas en esa dirección.

No es mala idea insistir en la combinación entre competitividad y descarbonización. En un mundo dominado por los combustibles fósiles es imposible que la energía en la Unión Europa sea barata. No tenemos petróleo, no tenemos gas natural y las reservas de carbón son muy escasas comparadas con nuestras necesidades. No es el caso de Estados Unidos, el mayor productor de petróleo y gas del mundo, o de China, el mayor productor de carbón del mundo. Estados Unidos, con Trump al mando, no quiere ni oír hablar de cambio climático ni de nada que pueda amenazar su ventaja competitiva. Quiere disfrutar de petróleo y gas más barato que sus competidores, a los que además quiere exportar su producción. China no tiene inconveniente en electrificar, siempre que su electricidad se produzca, sobre todo, con su carbón. En 2024 construyó más centrales eléctricas de carbón que en los últimos diez años.

La competitividad europea pasa necesariamente por la electricidad y, sobre todo, por una electricidad cuya generación se produzca sin consumir combustibles fósiles que tenemos que importar. La respuesta es electricidad renovable y nuclear, almacenamiento, y una punta de energía flexible que ajuste oferta y demanda, que deberá consumir gas, sea biometano, hidrógeno o gas natural con captura de carbono. Cerrar las centrales nucleares ha sido y es un despropósito en términos de competitividad. Un reciente análisis de Price Waterhouse Coopers (PWC) calcula que el coste de la electricidad en Alemania se ha encarecido en 18 euros por megavatio hora por el cierre de sus nucleares.

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Resulta paradójico hablar de una electricidad competitiva y mantener la elevada carga fiscal que sufre. Si nuestra competitividad debe asentarse sobre un consumo eléctrico lo más barato posible, no tiene sentido encarecer artificialmente su precio. En toda Europa adolecemos del mismo problema, pero en España nos llevamos la palma. Pagamos un impuesto del 5% al consumo de electricidad, un impuesto del 7% a la producción de electricidad, además del IVA a un tipo del 21%. La electricidad nuclear tiene además una imposición específica, estatal y autonómica, que incrementa sus costes en un 17%. Esta fiscalidad específica no incluye la tasa que deben pagar para cubrir los costes de desmantelamiento de las centrales y del combustible nuclear gastado.

Nuestras facturas soportan, además, una serie de cargos correspondientes a decisiones políticas, como la anualidad del déficit de tarifa, el sobrecoste de la generación no peninsular y el régimen de apoyo a la generación renovable, la cogeneración y la generación con residuos. En la liquidación definitiva del sistema eléctrico de 2023, la última disponible, estos tres conceptos ascendieron a 7.330 millones de euros, que financiamos a través de los cargos de la tarifa –algo más de 10 euros por megavatio hora por término medio- y, de momento, gracias a superávits de años anteriores. Todos estos costes y gravámenes los pagamos siempre ciudadanos y empresas. No son impuestos, como algunos quieren hacernos creer, a las eléctricas. Son impuestos y cargos a la electricidad que todos los consumidores abonamos. Si el objetivo es la competitividad de la industria, debería hacerse un esfuerzo por reducir, si fuera posible, la carga fiscal y, además, que fueran los Presupuestos los que absorbieran, progresivamente, los costes inherentes a decisiones políticas. Es una cuestión especialmente relevante para nosotros: España, por sus recursos renovables, está en condiciones de producir electricidad barata. No tiene sentido que acabemos vendiéndola cara.

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Mantener el binomio competitividad y descarbonización va a hacer necesario revisar toda la normativa europea. La descarbonización requerirá la disponibilidad de hidrógeno de bajas emisiones. La normativa europea exige que se produzca a partir de electrolisis del agua con electricidad de origen renovable. Esta electricidad renovable debe ser adicional, y su generación debe coincidir geográfica y temporalmente con el consumo de los electrolizadores que producen el hidrógeno. Si el hidrógeno así producido quiere utilizarse para producir combustibles sintéticos debe mezclarse con CO₂ de origen biogénico, nunca producido a partir de un combustible fósil.

Esta normativa se entiende si el objetivo que se pretende es evitar a toda costa cualquier resquicio que permita el uso de combustibles de origen fósil. Si el objetivo es ahora la competitividad, ¿por qué no puede usarse un hidrógeno de bajas emisiones fabricado a partir de gas natural con captura de carbono cuyo precio es varias veces inferior al producido según la norma europea? O ¿por qué no puede mezclarse ese hidrógeno de bajas emisiones con el CO₂ producido en una cementera para hacer metanol u otro combustible? Y, como estas, son muchas las preguntas que caben. Si por algo se distinguen las normas europeas sobre descarbonización aprobadas hasta ahora, es por su absoluto desprecio por la competitividad industrial.