No sabemos por qué, pero sabemos cómo evitarlo

El pasado miércoles, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Es la respuesta oficial al apagón y constituye un buen resumen de todo lo que se ha hecho mal y, más relevante aún, de todo lo que se ha dejado de hacer en nuestra regulación eléctrica en estos años de Gobierno autotitulado "progresista", en los que malentendidos criterios medioambientales han primado sobre la seguridad y buen funcionamiento de nuestro sistema eléctrico.

La electricidad de origen renovable, tanto por su coste como por la ausencia de emisiones de CO₂, está llamada a ser la columna vertebral de nuestro sistema eléctrico. La energía hidráulica ofrece firmeza -se genera con turbinas- y flexibilidad al sistema. Por el contrario, eólica y fotovoltaica son variables, intermitentes, y, como hemos aprendido desde el 28 de abril, generan un exceso de energía reactiva. Su integración en la red eléctrica puede plantear algún problema. El decreto ley establece diferentes medidas encaminadas a garantizar una correcta integración. Entre ellas, la instalación y correcta configuración de sistemas de POD (Power Oscillations Damping) en la generación eólica y fotovoltaica para reforzar la robustez y amortiguamiento del sistema frente a oscilaciones.

En este ámbito de la integración de las renovables, lo más llamativo, sin embargo, se produjo el 12 de junio, trece días antes de la aprobación del decreto ley. La CNMC dio luz verde al nuevo procedimiento de operación 7.4 de servicio complementario de control de tensión. El anterior, vigente durante el apagón, databa del año 2.000, cuando en España no existía ni la generación con ciclos combinados de gas, ni, por supuesto, ni un solo megavatio de generación renovable. Red Eléctrica había pedido su renovación en 2020. Ni la ausencia de sistemas POD ni el mantenimiento de un procedimiento de control de tensión radicalmente anticuado tienen justificación posible.

El decreto ley prevé una modificación del plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica para el período 2021-2026 para reforzar nuestro sistema eléctrico. Las inversiones correspondientes podrán "sobrepasar los límites de inversión anual que estén establecidos y ser remuneradas por el sistema eléctrico". ¿De verdad es una sorpresa que haya que invertir en nuestra red de transporte más de lo previsto en la planificación quinquenal, o la escasa inversión responde a una apriorística convicción gubernamental sobre la necesidad de limitar el consumo de energía? El gobierno de Rajoy, con el objetivo de reducir el déficit del sistema eléctrico traspasado por el gobierno de Zapatero, estableció unos límites anuales a la inversión en redes de transporte y distribución en función de unos porcentajes del PIB.

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El Gobierno de Sánchez, pese al objetivo declarado de electrificar la economía como forma de reducir emisiones, ha mantenido dichos límites inalterados. Por primera vez, se autoriza a Red Eléctrica a superarlos, pero sólo en el marco de la modificación urgente del Plan 2021-26. Los límites seguirán vigentes para futuras inversiones en la red de transporte en el marco de nuevas planificaciones y, por supuesto, para la red de distribución. El decreto ley flexibiliza todo el proceso de planificación, pero mientras existan topes legales a los volúmenes de inversión, el crecimiento de la demanda eléctrica estará comprometido.

El objetivo europeo y español de alcanzar emisiones netas cero en 2050 supone, a grandes rasgos, duplicar el peso de la electricidad en el consumo final de energía. El decreto ley habla, por ejemplo, de flexibilizar las autorizaciones administrativas para las instalaciones de recarga de vehículos. Con límites a la inversión vigentes, será un brillante ejercicio de soplar y sorber al mismo tiempo.

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El desarrollo de la generación eléctrica renovable requiere almacenamiento, que amplíe las horas de disponibilidad de la energía eólica y fotovoltaica más allá de las horas de viento y de sol y que, al tiempo, proporcione la firmeza que este tipo de generación no provee. Las tecnologías de almacenamiento disponibles son el bombeo hidráulico, al que el decreto ley no dedica una palabra, y las baterías. El texto legal declara la instalación de baterías de utilidad pública y flexibiliza su tramitación administrativa. Más allá de estas facilidades, el problema de las baterías, a los costes actuales, es la necesidad de un apoyo económico: son los llamados mecanismos de capacidad, que el gobierno sacó a consulta pública en 2021 y ha vuelto a hacerlo de nuevo este año. Se espera que puedan estar en funcionamiento el 2026. Veremos.

Como señala un reciente estudio de FEDEA sobre el Estado actual y perspectivas de la descarbonización en España, cuyo autor es el catedrático Diego Rodríguez, "una vez se aproxime la viabilidad financiera de la inversión en baterías, su despliegue podría ser relativamente rápido. A ese respecto, el ejemplo de California es paradigmático ya que la integración de baterías en red pasó de 0,5 GW MW en 2020 a 12 GW a cierre de 2024, y otros 5,6 GW previstos para 2025". Lo que resulta inexplicable en nuestro caso es la injustificada tardanza en abordar una de las más evidentes necesidades de nuestro sistema eléctrico.

El decreto ley responde, en términos generales, al informe que sobre el apagón elaboró el Gobierno. De acuerdo con la normativa europea, el Gobierno contaba con 90 días para la redacción de su informe. Gracias a la diligencia con que se desenvolvió en sus pesquisas, terminó su tarea en la mitad del tiempo previsto, lo que permitió hacerlo público en el primer Consejo de Ministros celebrado tras la publicación del informe de la UCO que involucraba al secretario de Organización del PSOE en prácticas corruptas. Al margen de estas curiosas coincidencias temporales, el informe gubernamental, al margen de sus lagunas y algunos sesgos, es un informe equilibrado. Reparte culpas de manera generalizada entre todos los actores del sistema, aunque quizás Red Eléctrica salga señalada como la principal culpable. A fin de cuentas, es la responsable de la estabilidad del sistema, que brilló por su ausencia el día del apagón.

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Red Eléctrica respondió con un informe que señalaba a las eléctricas. Éstas, a su vez, respondieron a través de su patronal culpando a Red Eléctrica. Iremos, con el tiempo, conociendo más detalles e interioridades de lo ocurrido, pero la idea más relevante es que el procedimiento para regular la tensión de la red había sido aprobado en el año 2000, con un sistema eléctrico que nada tiene que ver con el que fundió a negro el 28 de abril.