Europa en un nuevo orden mundial (II)

El mayor problema de la Unión Europea es la pérdida de peso de su economía en el concierto mundial. Europa no es nadie en inteligencia artificial ni en la industria tecnológica que la soporta. Nada tenemos que decir, desde hace años, desde la aparición de internet o de los teléfonos móviles, en la gran transformación que está experimentando el mundo. Al tiempo, nuestras industrias tradicionales pierden pie ante el empuje competitivo de China y su capitalismo de Estado y los bajos costes de otras economías del sudeste asiático. En las nuevas industrias nacidas al socaire de la transición energética, no somos nadie en paneles solares y baterías. Aunque hay empresas europeas relevantes en la fabricación de aerogeneradores, las cuatro primeras del mundo por capacidad instalada en 2024 son chinas. El liderazgo chino en el mercado de automóviles eléctricos es también indiscutible.

Europa debe reconocer que su retraso relativo no es algo reciente. Gordon Moore formuló en 1965 su ley empírica sobre la duplicación cada doce meses del número de transistores que cabían en un chip de silicio, lo que implicaba una tremenda aceleración del ritmo de incremento de potencia y de reducción del coste de los ordenadores. La primera rudimentaria batería de ion-litio es de 1970. Tras las mejoras introducidas a lo largo de los años 80, la primera batería comercial de ion-litio sale al mercado en 1991. Ni Europa ni sus empresas supieron entender la profundidad de los cambios que estos avances suponían y, lo que es peor, tampoco fueron conscientes de las oportunidades industriales que se iban a presentar.

Cuando nuestro retraso ha sido evidente, una parte de nuestra clase política ha tratado de vendernos la ingenua idea de que el liderazgo europeo reside en nuestra impecable normativa. Que el soft power de la regulación iba a mantener incólume el prestigio europeo. Regular es indispensable, pero no puede ser nunca un fin en sí mismo. Puede proteger intereses individuales y colectivos, puede contribuir a diseñar un entorno en el que se cree riqueza, pero el dinamismo creador tan necesario para la economía europea no va a nacer de las páginas de un boletín oficial. Lo más probable es que el exceso normativo produzca un freno a la actividad económica. Europa presume de liderar la transición energética en el mundo. No tenemos acceso a los minerales necesarios ni a su capacidad de refino y carecemos de buena parte de las industrias y las tecnologías necesarias. Es un liderazgo retórico que puede acabar forzando la colonización europea por parte de la industria china.

Acceso a la tecnología disponible e inversión son los dos parámetros que definen el crecimiento económico. En el caso europeo, nuestro gran problema es conseguir canalizar el ahorro privado hacia la inversión empresarial y, en especial, al crecimiento de nuevas empresas en industrias nacientes. En Europa, un 65% de la riqueza de los hogares está invertida en vivienda, activos reales, efectivo y depósitos bancarios. La inversión dedicada a seguros, fondos de pensiones, acciones, bonos y fondos de inversión supone el 35% restante. Estos porcentajes se invierten en Estados Unidos, donde la riqueza financiera y bursátil absorbe el 52% y la riqueza inmobiliaria y el ahorro conservador se reduce al 48%. La riqueza de los hogares norteamericanos asciende, en cifras aproximadas, a unos 150 billones (de los nuestros) de dólares, equivalente a unas cinco veces su PIB anual. En Europa estaríamos hablando de unos 70 billones de dólares, unas tres veces y media nuestro PIB anual. La inversión financiera a riesgo en Estados Unidos más que triplica la europea.

Opinión

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La relación entre la riqueza acumulada y el PIB es inferior en Europa, entre otros factores, porque el grueso de los sistemas de pensiones no son de capitalización, como en Estados Unidos, sino de reparto. Lo que se recauda hoy sirve para pagar las pensiones de hoy. No hay un ahorro a título personal que se pueda invertir en ningún sitio. En general, en los sistemas de pensiones europeos se habla de primer pilar para referirse a las pensiones públicas, segundo pilar para los planes de pensiones de empresa y tercer pilar para los planes de pensiones privados. El primer pilar es de reparto mientras que el segundo y el tercero suelen ser de capitalización: el trabajador tiene derecho a la suma de sus aportaciones más los rendimientos financieros generados. Todas las reformas deberían ir encaminadas a reducir la importancia de los sistemas de reparto y ampliar el peso de los sistemas de capitalización. Se genera más riqueza disponible para invertir, existe una titularidad personal que garantiza la percepción futura y, aunque no garantizan la actualización de acuerdo con la inflación, no hay más que comparar la revalorización del índice bursátil Eurostoxx 50 con la inflación en España a lo largo de los últimos treinta años: la revalorización ha sido varias veces superior a la inflación acumulada.

La otra gran asignatura europea es modificar la estructura de la inversión de la riqueza y orientarla hacia activos financieros de mayor riesgo y mayor rentabilidad que sirvan para financiar la actividad empresarial y, por extensión, la actividad empresarial naciente. Transformar el ahorro europeo con los precios de la vivienda subiendo en todos los grandes mercados y el recuerdo de la pandemia vivo en la memoria de todos los ciudadanos no es fácil. Se requiere probablemente una cuidadosa arquitectura fiscal en la que el ahorro destinado a fondos de pensiones y a fondos de inversión reciba un trato más favorable, sobre todo en aquellas inversiones que puedan ser consideradas como capital-riesgo.

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La otra gran cuestión financiera es el capitalismo de Estado. La toma de participaciones accionariales por el Estado en empresas consideradas estratégicas. No es sólo el ejemplo chino. Estados Unidos va a tomar un 10% de participación en el fabricante de semiconductores Intel. El nuevo orden mundial obliga a pensar en la autosuficiencia. En un mundo de bloques donde la dependencia de un suministrador externo puede convertirse en un chantaje político, no está de más plantearse la participación estatal en determinadas empresas, sobre todo en sectores cuyo desarrollo se considera determinante para cualquier economía, y en casos en los que el período de maduración de la inversión o el riesgo inherente a la misma superan los estándares habituales de la inversión privada. El problema es cómo el mundo político puede llegar a manejar conceptos como "estratégico" o "determinante". En todo caso, no se debería perder nunca la referencia del mercado de valores como indicador de la calidad de la gestión empresarial y recordar siempre que el gran salto adelante de la economía española fue la privatización de las empresas públicas, iniciada por el Gobierno de Felipe González y culminada por el Gobierno Aznar. El problema es que el mundo de hoy nada tiene que ver con el de ayer, aunque ni en el mundo de ayer ni en el de hoy tendrá sentido privatizar una empresa eléctrica española para que pase a manos del Estado italiano. Las cosas cambian, pero el sentido común debe prevalecer hoy y siempre.

Continuará...