España: entre el coste de no hacer y la ventaja de ir tirando

Un país puede vivir tres años sin presupuesto. Sobre todo, si los presupuestos de las comunidades autónomas cubren sanidad y educación que, junto a las pensiones, son los epígrafes de mayor incidencia en el gasto público. Si, además, cuentas con los fondos europeos Next Generation para cubrir algunos agujeros, puedes trampear incluso con cierta holgura. Pero no es posible olvidar que la encomienda que todo Gobierno tiene sobre el manejo de nuestra realidad común no es trampear, ni ir tirando, sino dirigir, encaminar hacia un futuro mejor.

Los fondos Next Generation fueron concebidos por la Unión Europea como un esfuerzo común para recuperar la economía europea tras la pandemia y transformar una estructura industrial que tenía que responder a los retos de la digitalización, de la transformación de su matriz energética y de la competitividad creciente de los países a los que la globalización había incorporado al comercio internacional. En España, acuñamos el acrónimo PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) para encauzar los 164.000 millones de euros -80.000 como subvención y 84.000 como préstamo- que íbamos a recibir y debíamos asignar antes de agosto de 2026. Según la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), a 30 de junio pasado se habían formalizado contratos y concedido subvenciones por un importe de 50.830 millones, apenas un 31% del total y con sólo un año por delante -hasta agosto de 2026- para ejecutar el resto. De las veintiocho líneas de inversión previstas, sólo en dos se ha excedido el límite presupuestado: la primera es "Movilidad sostenible (larga distancia)" que ha adjudicado 7.380 millones, un 111% del importe inicialmente previsto. De este importe, ADIF se ha llevado 6.950 millones. El lío de los retrasos del AVE y de Cercanías a costa de los fondos europeos.

La otra línea de inversión excedida ha sido la "industria cultural" en la que se ha adjudicado un 163% de los 345 millones asignados.

Pero lo peor con los fondos europeos no será que no lleguemos a utilizarlos hasta los importes concedidos, ni que los hayamos utilizado para tapar agujeros que hubiéramos debido atender a través de unos presupuestos que no teníamos, ni que algunas decisiones adolezcan de un tufillo clientelar, por no hablar de aquellas en las que ha tenido que intervenir la Fiscalía Europea. Lo peor es que no van a servir para nada. Según la AIREF, hasta el 30 de junio pasado se han beneficiado de los fondos europeos 1.124.219 adjudicatarios y beneficiarios únicos, con una subvención media de 40.327 euros y una subvención mediana -es decir, la que se encuentra en el punto medio de la distribución- de 3.000 euros. Si alguien cree que es posible transformar una economía a golpe de subvenciones de 3.000 o de 40.000 euros, no sabe de lo que está hablando. Lo que sí es posible es aumentar el consumo y, por tanto, el PIB: 50.000 millones equivalen a unos 3 puntos de PIB repartidos entre 2022 y 2025, que serán 4 para 2026. Bienvenidos sean. El coste de no hacer lo que había que haber hecho con los fondos europeos lo pagaremos todos los españoles, que habremos perdido una oportunidad única de transformar nuestro tejido productivo en este complicado siglo XXI.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno pone en peligro el cobro de 68.000 millones de fondos europeos

Juan Fernández-Miranda Gráficos: Unidad de Datos

Nuestro crecimiento económico actual tiene su base más firme en un incremento de población anual cercano a las 500.000 personas, resultado de una población nacida en España decreciente y una inmigración cercana a las 600.000 personas. Este continuo flujo migratorio ha permitido el crecimiento de la población ocupada laboralmente hasta los 22,3 millones de personas. Si se suma el crecimiento de los salarios y de las pensiones, los fondos europeos y la llegada de 98 millones de turistas al año, se entiende que el consumo privado crezca casi al 7% y tire hacia arriba del PIB, hasta duplicar el crecimiento esperado de la UE. El turismo más la exportación de otros servicios permiten que el saldo de la balanza por cuenta corriente sea claramente positivo. Con inmigración y turismo podemos ir tirando. Lo que no hacemos es considerar que el crecimiento de la población presiona al alza la demanda de vivienda y de servicios sociales. Con presupuestos prorrogados y los fondos europeos próximos a su fin no será posible reforzar la construcción de viviendas ni la educación, la sanidad o los cuidados sociales que españoles e inmigrantes vamos a demandar.

Tenemos la oportunidad de disponer de una energía eléctrica competitiva gracias a la generación renovable, pero no invertimos en líneas eléctricas que incrementen la demanda ni facilitamos las inversiones en almacenamiento de electricidad que permitan distribuir la producción intermitente de la generación renovable de forma acorde con la demanda diaria. El resultado es que en estos momentos el 23% de la producción renovable de Extremadura se desperdicia, junto al 15% de la producida en Aragón o el 10% de la generada en Andalucía. A corto plazo no se vislumbra demanda que la pueda absorber, debido a la falta de líneas eléctricas que la abastezcan. Queremos digitalizar, pero el Gobierno no quiere oír hablar de centros de datos, porque consumen energía y agua. Al margen de que la refrigeración por aire lleva tiempo inventada, no es posible prescindir del streaming, del almacenamiento en la nube, del internet de las cosas o de la inteligencia artificial.

TE PUEDE INTERESAR

Bruselas deberá explicar si España es capaz de invertir 120.000 M de fondos Next en un año

Juan Fernández-Miranda

Lo que se deja de hacer cuando se debe, acaba pasando factura. De una manera o de otra. Lo malo suele ser que cuando se presenta la factura esta es insoslayable, urgente y de pago inmediato. Obliga a distraer esfuerzos y recursos de otros menesteres para atender lo que debía haber sido atendido años atrás, o en el peor de los casos, obliga a adoptar una posición subsidiaria respecto a los que hicieron los deberes en su momento. El actual Gobierno apenas es capaz de aprobar una ley, pero llevamos sin mayorías parlamentarias claras desde el segundo mandato de Rajoy, al que se llegó tras una repetición de elecciones. El mandato constitucional de presentar un proyecto de presupuestos antes del 30 de septiembre acaba de ser, una vez más, ignorado. Lo que tendríamos que hacer quedará sin hacer. Todo esto en un mundo cada vez más polarizado y cambiante, en el que todo lo que era sólido se va convirtiendo en una especie de fluido viscoso de difícil manejo, sobre el que además los europeos debemos caminar sin contar con la certeza de la tradicional asistencia del amigo americano.