Un Estado que funcione

Bien dimitido está Carlos Mazón. El 29 de octubre de 2024, el más alto representante del Estado en la Comunidad Valenciana no estuvo donde tenía que estar cuando tenía que estar. Ese fue su error y su responsabilidad. Pero no fue un caso aislado: la Aemet, pese a emitir una alerta de máximo nivel a primera hora de la mañana, erró en cuanto a la evolución de la dana,que no se desplazó hacia el norte. La Confederación Hidrográfica del Júcar, centrada en la presa de Forata, no fue capaz de predecir, ni anunciar en tiempo y forma, la crecida del barranco del Poyo. La consejera de Justicia e Interior, máxima responsable, de acuerdo con la normativa de la Generalitat, en el interior del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) -en lenguaje inteligible la sede del 112- ignoraba que existiera un sistema de alerta a la población en caso de emergencia grave. Las palabras del presidente del Gobierno, "si quieren ayuda, que la pidan", aún restallan en muchos oídos como lo que fueron: el secuestro ventajista de los medios estatales y, lo peor, la subversión del sentido del Estado, que no puede ser otro que el bienestar de sus ciudadanos. Se mire por donde se mire, desde el principio hasta el final, en todos los niveles administrativos, el Estado falló estrepitosamente a los valencianos.

Meses después de esta tragedia, España se quedó sin luz. Red Eléctrica y los generadores de electricidad discuten y discutirán sobre sus respectivas responsabilidades. Si atiendes las argumentaciones de todas las empresas concernidas, nadie resulta ser responsable de nada. Por si acaso, vivimos con un "sistema de operación reforzado", impuesto por Red Eléctrica, que incrementa la generación con gas y obliga a desperdiciar producción renovable más barata, lo que encarece el coste de la electricidad. Si rascas un poco en nuestro sistema eléctrico, encuentras procedimientos operativos, en especial el de control de voltaje, que datan de cuando en España no había ni ciclos combinados de gas ni generación renovable; plantas fotovoltaicas carentes de sistemas, perfectamente conocidos, para controlar oscilaciones de tensión, porque nadie, desde la Administración, solicitó su instalación; más de ocho mil megavatios de autoconsumo, de los que más de un 70% corresponde a instalaciones industriales, carentes de control por parte del operador del sistema; ausencia de baterías, capaces de desplazar en el tiempo la producción fotovoltaica; imposibilidad de ampliar la demanda por falta de posibilidades de conexión a la red; una planificación quinquenal de la red eléctrica que opera como un corsé ideológico capaz de limitar la materialización de una potencial ventaja competitiva para España frente a nuestros socios europeos. En fin, una mezcla de apriorismos ideológicos, dejadez administrativa y falta de perspectiva a medio y largo plazo que comprometen la prestación de un servicio esencial que el Estado debe garantizar a los ciudadanos de forma segura y a un coste asequible.

Abrimos a la competencia el transporte de viajeros en la red de alta velocidad. Se multiplica el número de trenes circulando por las vías sin que se invierta en la infraestructura que debe soportar el incremento de tráfico. Nos cuentan que tenemos trenes nuevos y viejos, que requieren más mantenimiento, y nos faltan trenes de edad intermedia, que pueden funcionar con un mantenimiento más liviano. La pregunta inmediata que cualquiera se hace es por qué no se ha incrementado el mantenimiento si se sabía de antemano cuál iba a ser la composición de la flota. Hemos pasado de recibir el abono del billete en caso de un retraso superior a 15 minutos a ignorar si nuestro destino será pasar la noche en un vagón en medio de la nada.

Los incendios forestales del pasado verano también nos han dejado, además de un sentimiento de desolación, los ecos de las acusaciones del Gobierno a las comunidades autónomas de invertir cada vez menos en la prevención de incendios y en el cuidado y mantenimiento de los bosques y de la respuesta de éstas al Gobierno por acudir tarde, mal y con pocos medios en ayuda de las comunidades. De nuevo, unas administraciones frente a otras. El Estado, del que forman parte todas y cada una de ellas, de nuevo incapaz de servir a los ciudadanos como merecen. De nuevo incapaz de minimizar los daños de unas tragedias que deberían ser evitables.

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Nuestro sistema institucional, en el que las competencias del Gobierno central y de las comunidades autónomas en muchos ámbitos se entremezclan y solapan, requiere una colaboración entre administraciones que no puede estar condicionada por el cálculo político. Cuando cualquier suceso inesperado, cualquier decisión o falta de ella, cuando todo debe pasar por el cedazo del debate político, el primer perjudicado es siempre el ciudadano de a pie, pero el segundo es el propio Estado, que hace evidente su incapacidad para cumplir sus funciones básicas. ¿Quién, de entre los habitantes de las poblaciones afectadas por la dana o de los voluntarios que acudieron a ayudar, cree que el Estado funciona?

No se trata sólo de competencias cruzadas entre administraciones. El Estado requiere funcionarios y presupuestos. Funcionarios elegidos por mérito y capacidad, capaces de asesorar a los políticos que ocupan los niveles más altos de las administraciones. Cuando los funcionarios se eligen por adscripción política o los políticos ocupan posiciones que deberían ser cubiertas por funcionarios, las posibilidades de errar se multiplican, entre otras razones porque las instituciones que ocupan se instrumentalizan al servicio de una orientación política, no al servicio de los ciudadanos. Esta instrumentalización supone su inevitable desprestigio, en ocasiones irreversible. Al margen de cualquier otro, ese será el principal resultado del juicio de esta semana en el Supremo.

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El Estado es el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano. Es el entramado institucional que sostiene a la Nación. No será fácil recomponer su maquinaria, pero habrá que hacerlo. Si el Estado no funciona, la confianza ciudadana se desvanece, y con ella, el tácito contrato social en el que se asienta la convivencia.