El mercado frente a la intervención progresista: una historia eléctrica

El pasado siete de noviembre se aprobó la propuesta de orden ministerial que regula las ayudas a la generación eléctrica sujeta al régimen especial que denominamos "RECORE" (Renovables, Cogeneración y Residuos). En el año 2026, las facturas eléctricas que pagaremos empresas y consumidores incluirán, en conjunto, un cargo de 5.908 millones de euros. Si a esta cantidad le sumamos algo más de 2.000 millones correspondientes al pago de la anualidad del déficit de tarifa, el sobrecoste a incluir en la factura eléctrica superará los 8.000 millones. Para poner esta cifra en contexto, el valor de la electricidad vendida en 2024 fue de 12.652 millones. En resumen: la electricidad que vamos a pagar tendrá un sobrecoste del orden del 60%. Para llegar al precio final, aún habrá que sumarle el coste del transporte y la distribución de electricidad -los llamados peajes- y, por supuesto, los impuestos.

El origen de esta historia es conocido. El Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió en 2007 garantizar a las inversiones en renovables, todavía en los inicios de su desarrollo tecnológico, un retorno del 9% durante veinticinco años, sin considerar la inversión unitaria, es decir, cuanto costaba el megavatio instalado, y sin limitar ni el importe en euros de la subvención total ni la cantidad de megavatios instalados al amparo de este sistema de ayudas. Las inversiones se dispararon, y cuando el Gobierno comenzó a tomar conciencia de la magnitud de las cifras, estableció un plazo temporal a la vigencia del sistema, sin apenas resultados. Los paneles solares venían en avión desde China: el coste no era relevante dado que su retribución estaba garantizada. El incremento de costes que este sistema de ayudas supuso se incluyó en la tarifa eléctrica, pero el Gobierno decidió hacer trampas en el solitario: se incrementaban los costes, pero se congelaba la tarifa. El resultado fue el conocido déficit de tarifa.

El Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que hacerse cargo del problema. Titulizó el déficit de tarifa acumulado, que aún estamos pagando -hasta 2027- en sucesivas anualidades. Reequilibró el sistema con subidas de precios e impuestos y recortó las ayudas a las renovables, con la consiguiente cascada de reclamaciones judiciales internacionales, que aún hoy colean, más de diez años después.

De esta historia, que aún sufrimos, pueden extraerse varias lecciones. La primera es que por muy "progresistas" que fueran las renovables en la primera década de este siglo o el hidrógeno "verde" ahora, todas las nuevas tecnologías necesitan tiempo para consolidarse como una alternativa real. Pueden funcionar, pero su coste es superior al de otras alternativas existentes. Su "disponibilidad" desde un punto de vista económico, es limitada. En términos más radicales, lo que no es rentable no está disponible, porque nadie invierte para perder dinero. La segunda lección es que si, pese a lo que nos dice la primera lección, se quiere apoyar el despliegue de una tecnología emergente, el apoyo debe ser tasado, limitado en su volumen económico. Si, además, esta segunda lección se quiere aprobar con nota, el apoyo económico a una tecnología emergente debe figurar en los Presupuestos del Estado. No tiene sentido obligar a los consumidores de electricidad a pagar por algo que no está claro que funcione o, si lo hace, es a un coste superior a otras alternativas disponibles.

Opinión

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La tercera, última, y quizás más importante lección, es que el resultado de estas intervenciones suele ser, en el mejor de los casos, una victoria pírrica. El desarrollo de la energía fotovoltaica en España es elocuente. Antes de las subvenciones del Gobierno de Zapatero, la implantación de plantas fotovoltaicas en el sistema eléctrico peninsular era prácticamente inexistente. En 2006, había 119 megavatios, que pasaron a 594 en 2007 y a 3.205 en 2008, gracias al sistema de ayudas. Diez años después la potencia fotovoltaica instalada era de 4.526 megavatios -algo más de 1.000 megavatios más en diez años-. Desde entonces, la potencia fotovoltaica se dispara, hasta alcanzar los 38.455 a finales de 2025, una media de 4.800 megavatios anuales durante los últimos siete años. La razón del crecimiento acelerado de los últimos años no es ningún sistema de ayudas. Simplemente, la tecnología fotovoltaica ha madurado, ha reducido sus costes hasta convertirse en la forma más barata de producir electricidad. El mercado ha hecho el resto. El problema para los consumidores españoles es que el coste medio de los megavatios fotovoltaicos desarrollado con el sistema de ayudas de Zapatero, pese a la rebaja posterior del PP, estará por encima de los 200 euros por megavatio hora, mientras que el precio de los megavatios hora producidos sin ayudas, con inversiones libremente decididas por los distintos agentes del mercado, se prevé que el año que viene se sitúe entre los 25 y los 35 euros por megavatio hora. La diferencia es el coste del progresismo que soportaremos hasta bien entrada la década que viene. Tampoco este esfuerzo nos ha servido mucho en términos de volumen. Todos los megavatios fotovoltaicos desarrollados gracias a las ayudas hace quince años son, en números redondos, los que hoy instalamos en un año.

Ahora, nuestro problema más acuciante es que la potencia instalada renovable carece de capacidad de almacenamiento, lo que empuja los precios a la baja. Si los pronósticos sobre el precio capturado de la fotovoltaica se cumplen, es muy probable que el ritmo inversor se detenga. Las baterías seguirán bajando de precio, con lo que antes o después se producirá un incremento notable de su desarrollo. En todo caso, el mercado es, como hemos visto, mejor asignador de recursos que la intervención administrativa. La cuestión que el mercado no puede resolver, porque no existe, es el desarrollo de las redes de transporte y distribución. Sólo hay una red que llega a cada cliente y su coste ha de estar regulado. Lo que no se puede olvidar es que toda regulación tiene que tener un objetivo. En el caso que nos ocupa, debe ser fomentar la inversión. Se supone que estamos inmersos en un proceso de electrificación que debe, pese a las renuencias del progresismo oficial, incrementar la demanda de electricidad. Sería bueno que alguien pudiera explicarnos qué elementos de la nueva regulación, propuesta para los próximos seis años, incentiva el proceso inversor, imprescindible para cualquier incremento de demanda.