¿Es posible bajar el precio de la electricidad?

En 2025, el coste de producir y transportar la electricidad hasta nuestros hogares y empresas fue de unos 28.100 millones, incluidos impuestos a la producción e ineficiencias varias. La factura que entre todos pagamos fue superior a los 45.700 millones, IVA incluido.

Para empezar, la carga fiscal debería reducirse. Además de un 21% de IVA, hay un impuesto del 5% al consumo. La producción, por su parte, está gravada con un impuesto del 7%. Algunas tecnologías, como la nuclear, tienen impuestos específicos, tanto estatales como autonómicos, que pueden llegar a suponer el 27% de sus costes de producción. El gas, único combustible fósil usado en nuestro sistema eléctrico peninsular para generar electricidad, está sujeto a los derechos de emisión europeos. Un megavatio generado en un ciclo combinado este mes de enero ha tenido que asumir un coste adicional de casi 40 euros. Supone, en un cálculo aproximado, más del 30% de su coste total.

Cuando en la conversación pública se habla de la reducción de impuestos, pocas veces se trae a colación la fiscalidad indirecta existente sobre determinados consumos básicos, como la electricidad y la vivienda, sujetos en España a una carga fiscal superior a la media europea. Existe coincidencia sobre la necesidad de reducir su precio. Deberíamos empezar por reducir impuestos, que en estos consumos básicos aportan inequidad -pagamos todos por igual- y encarecen el coste de la vida.

Después de los impuestos, en nuestra tarifa eléctrica tenemos los llamados "cargos". Todos ellos son consecuencia de decisiones políticas: subvencionar el coste de la electricidad en Canarias, subvencionar la producción de electricidad de determinados orígenes o pagar con intereses el importe de las tarifas que no se quisieron subir hace veinte años. La pregunta es si las decisiones políticas las debemos pagar como contribuyentes, con nuestros impuestos y a través de los Presupuestos del Estado o como consumidores de electricidad. Pagar como consumidores de electricidad es, de nuevo, menos equitativo, afecta a la competitividad de nuestro tejido industrial y supone una presión directa sobre los precios, mientras que la contribución inflacionista del déficit público tiene un carácter más indirecto.

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El importe de los "cargos" no es menor. En 2026 estamos hablando de unos 8.500 millones de euros. Cerca de 6.000 de subvenciones a renovables, cogeneración y residuos, unos 2.000 de anualidad del "déficit de tarifa" y unos 700 millones correspondientes al 50% de la subvención a la electricidad canaria. Los "cargos" encarecen la electricidad en un 30%. Este importe descenderá en 2027, cuando se termina de pagar el "déficit de tarifa". En un modelo estático, financiar los "cargos" con cargo al Presupuesto -en el caso de que tengamos- puede hacer crecer el déficit en cerca de medio punto del PIB. Sin embargo, el incremento de la renta disponible de los hogares o del flujo de caja de las empresas derivado de la rebaja de la electricidad generará mayores ingresos fiscales que compensarán el incremento del gasto público.

Tanto la hipotética rebaja de impuestos como la absorción de los "cargos" por el Presupuesto son medidas que van en la misma dirección: liberar a los consumidores de electricidad de cargas ajenas al coste del suministro eléctrico. Cierto es que unas cargas son más ajenas que otras y cierto es también que un proceso de "liberación" como el que se propone puede prolongarse en el tiempo. No es imprescindible hacerlo todo de golpe, pero es necesario mantener un esfuerzo sostenido que reduzca el precio de la electricidad. Utilizar los ingresos derivados de la venta de derechos de CO₂ para financiar estos costes sería una línea correcta de actuación.

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Los 28.100 millones de coste del suministro eléctrico sin "cargos" ni impuestos al consumo -pero sí a la producción-, pueden también reducirse, aunque un primer componente, los costes de transporte y distribución, unos 6.600 millones, deberán incrementarse si queremos seguir electrificando nuestra economía. Para reducir el coste de generación, la cuestión clave es invertir en almacenamiento, tanto en baterías como en bombeo hidráulico. La función esencial del almacenamiento es repartir las horas baratas de producción renovable a lo largo del mayor número de horas del día: transformar la intermitencia renovable en una generación lo más continua posible.

Esta es nuestra gran asignatura. Alemania o el Reino Unido tienen más de 10.000 megavatios de baterías instaladas. En España hemos acabado el año 2025 con 32 megavatios instalados. Sin almacenamiento, estamos desperdiciando, en media anual, un 15% de la producción eólica y fotovoltaica, que no tienen salida en el mercado y que abaratarían el coste de la electricidad. Es una carencia que dificulta la rentabilidad de la inversión en renovables, sobre todo en fotovoltaica, cuya producción se concentra en las horas de sol. Las baterías por instalar deberán estar equipadas con sistemas de control de tensión (grid forming) que contribuyan a la estabilidad del sistema, solucionando así otra carencia de la producción renovable.

Renovables y almacenamiento reducirán la participación del gas -la energía más cara- en la generación eléctrica, con el ahorro inducido subsiguiente. Desde el apagón, Red Eléctrica ha establecido lo que ha denominado "operación reforzada", por la que fuerza la generación con gas para garantizar la seguridad del sistema. El coste adicional de este sistema en el año 2025 supera de largo los 1.000 millones de euros, importe que también debería desaparecer del cómputo de gastos del sistema. La otra cuestión relevante es no cerrar nuestras centrales nucleares. Incluso con la carga fiscal que soportan, pueden producir más barato que los ciclos combinados de gas.

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Se trata además de una electricidad producida sin emisiones, que funciona de forma continua y que contribuye, por su capacidad síncrona, a mantener la estabilidad del sistema. Nuclear, hidráulica, renovables y baterías y bombeo como sistemas de almacenamiento son la combinación que puede proporcionarnos un sistema eléctrico competitivo, sin emisiones y, lo que cada día cobra más importancia, un sistema eléctrico seguro y sin dependencia del exterior. Es cierto que hay que importar el uranio enriquecido, pero hay suministradores, como Canadá o Francia, que pueden garantizarnos un suministro regular y seguro. La fabricación del combustible se hace en España, a través de la empresa pública Enusa.

Bajar el precio de la electricidad incentivará la demanda. El incremento de la demanda es el elemento que cierra el círculo virtuoso. Reduce el impacto unitario de los costes fijos del sistema –"cargos", transporte, distribución-, y nos acerca a un sistema energético más independiente, seguro y competitivo. El coste de la electricidad en China o Estados Unidos para clientes industriales es menos de la mitad del coste europeo. La competitividad de nuestra economía no la podemos recuperar con un sistema energético basado en combustibles fósiles que tenemos que importar. Con una estrategia clara y un esfuerzo político sostenido podemos alcanzar, aunque tardaremos años, precios similares a los de las dos grandes potencias.