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Esteban Hernández

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Los lazos que unen a Vox con Puigdemont

Rubén Manso, el portavoz económico de Vox en el Congreso, está de actualidad por su participación en un arbitraje contra España. Es la lucha del mundo global contra el nacional

Foto: Campaña de Vox en el País Vasco. (EFE)
Campaña de Vox en el País Vasco. (EFE)
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El grupo mexicano que lidera Antonio del Valle, exconsejero del Banco Popular, ha iniciado un proceso de arbitraje internacional en el que reclama a España 470 millones de euros. Los abogados del magnate alegan falta de protección a las inversiones internacionales, acción incorrecta de varios funcionarios que contribuyeron con sus declaraciones a la crisis de liquidez y el incumplimiento de los tratados entre países. Para conseguir su objetivo, ha fichado a dos expertos periciales. Uno de ellos es Mansolivar, de Rubén Manso, actual portavoz económico en el Congreso de Vox, que aportará la munición financiera en el arbitraje programado para 2021 en la Corte Permanente de La Haya (Holanda) bajo las reglas de Uncitral.

El papel de Manso en ese asunto es aparentemente contradictorio, ya que por un lado defiende a un millonario extranjero que reclama una elevada cantidad a las arcas españolas —y a través del instrumento típico que utiliza el capital global, el arbitraje internacional— y, por otra, milita muy activamente en un partido cuyo centro es la defensa a ultranza de España, en particular contra la dictadura global que ejercen los progres. Desde Vox bien se puede argumentar que tal conflicto de intereses no existe, ya que en su ideario económico tiene un lugar destacado la defensa del ciudadano contra el Estado, de la libertad de empresa contra la opresión burocrática, del emprendedor contra la dictadura estatalista. En ese sentido, tendrían razón, porque su visión económica les autoriza a ser solidarios con personas que afirman que sus derechos han sido dañados por el Estado. La empatía con la internacional de los ricos funcionaría sin contradicciones.

Capital y nación

Más allá de Vox, este asunto es relevante en la medida en que señala un elemento central de nuestra época, como es la oposición entre la ideología económica y la ideología nacional, entre el dinero y el territorio, entre la lucha de clases y la lucha de naciones. Es una constante que ha sido señalada en numerosas ocasiones al abordar los males de la globalización. Por una parte, se ha subrayado que el declive de las clases medias y de las trabajadoras occidentales ha favorecido a los países asiáticos, en especial a China, y a las clases altas de Occidente; y por otra, que el desarrollo global ha beneficiado en gran medida a las urbes globales y ha perjudicado a las zonas rurales y a las ciudades medias, eso que aquí se ha llamado la España vacía. En el plano internacional, es complicado entender qué está ocurriendo en EEUU, Reino Unido o Alemania sin analizar como estas dos lógicas se oponen y se complementan.

Vox tiene un ideario económico que se acerca bastante, si no es el mismo, al de la parte derecha del independentismo catalán

En España esta contradicción está muy viva en un doble sentido, que además se retroalimenta. Vox tiene un ideario económico que se acerca bastante, si no es el mismo, al de la parte derecha del independentismo catalán, la de Puigdemont. Es la fantasía de una nación que tendría gran recorrido en el mundo global si se abriera mucho más en lo económico, se redujeran sustancialmente los impuestos —convirtiéndola en un limitado paraíso fiscal—, se flexibilizase la normativa laboral y se disminuyeran al máximo los gastos del Estado; así España o Cataluña, según quien enuncie el discurso, lograrían convertirse en un destino prioritario de la inversión extranjera.

El otro gran parecido entre Vox y las fuerzas de Puigdemont es su elevado componente nacionalista. Y la diferencia sustancial es que ambos forman parte del mismo territorio y unos pretenden separarse de él y otros combaten intensamente esa pretensión. En ese aspecto, en el que no coinciden en absoluto, ha existido una alianza implícita y muy útil para ambos. Los independentistas catalanes y sus pretensiones soberanistas permitieron a Vox tener un notable recorrido en España, ya que si el problema era la independencia catalana, Vox se ofrecía como la solución. Al mismo tiempo, esa reacción en el resto de España permitió a los 'indepes' señalar todavía más a los restos del franquismo como la fuerza dominante en el Estado español, lo que hacía la separación todavía más necesaria. El incremento de la tensión vino muy bien a ambos.

Derribar las barreras

Las dos fuerzas, no obstante, tenían que lidiar con una contradicción interna, que podía ser pasada por alto precisamente porque el enfrentamiento territorial estaba muy vivo. España, y Cataluña como parte de ella, estaba antes de la pandemia en una situación económicamente difícil para sus clases populares y para las clases medias, que habían perdido poder adquisitivo y veían su futuro con preocupación. Con la crisis del covid-19, las dificultades serán todavía mayores.

La contradicción fue resuelta electoralmente por Trump y Johnson al convertir el liberalismo global en liberalismo nacional

En ese escenario, la estrategia de derribar todas las barreras, fiscales y de regulación, para atraer capital extranjero suena complicada de aceptar para una mayoría de votantes que demandarán más bienestar y más seguridad. Seguir su plan tendría la obvia consecuencia a corto plazo de que el nivel de vida general se debilitaría, tanto para cumplir los requisitos de inversión como por el hecho de que el capital global de esta época dista mucho de ser productivo y, por tanto, no genera el tipo de actividad que esas clases necesitarían, la ligada a la creación de empleo y a salarios más elevados. Y eso sin contar con que el problema de la deuda obligará en cualquier caso a aumentar los impuestos para contar con recursos para devolverla.

Un nacionalismo para todos

Esta contradicción, la derivada de ser un lugar de atracción de la inversión global al mismo tiempo que los ciudadanos del país ven cómo se deteriora su nivel de vida, es la que ha soportado EEUU durante bastante tiempo. En términos electorales, fue resuelta temporalmente por Trump —y por Johnson en Reino Unido, cuyas características son muy similares—, mediante el intento de conversión del liberalismo global en liberalismo nacional. Su teoría funciona así: quienes estaban sacando partido de esa configuración económica eran las clases altas, y por eso la desigualdad crecía notablemente, por lo que era necesario cambiar las cosas para que otros ciudadanos también se aprovechasen de esa prosperidad. No se trataba de reorientar el sistema económico de modo que funcionase para todos, sino de desarrollar un nacionalismo que permitiera que la efervescencia de arriba calase en el resto de clases sociales. Se continuó con las políticas de atracción de la inversión, con las medidas de rebajas de impuestos, salarios bajos para la mayoría de la población y desarticulación de la normativa laboral, al mismo tiempo que se propugnaba un cierre de fronteras a través de aranceles y reescritura de los acuerdos comerciales que permitiera devolver la producción al país, con lo que eso suponía de desglobalización. Era una oferta atractiva para muchas clases perdedoras, así como para el mundo rural y las ciudades intermedias, y por eso triunfó en las elecciones.

La Alemania de las primeras décadas del siglo pasado se deslizó desde el imperialismo para los ricos hacia el imperialismo para todos

Esta ha sido una constante de las lógicas del enfrentamiento entre territorios, que siempre exige cierta cohesión interior para poder luchar con éxito en el frente internacional. En otras épocas, este repliegue también se dio. La Alemania, de las primeras décadas del siglo pasado, fue un ejemplo de cómo estas ideas se deslizaron desde el imperialismo para los ricos hacia el imperialismo para todos, y sus años 30 demostraron cómo se llevó a efecto este programa. En lugar de reorientar la economía hacia posiciones mucho menos desiguales, como hizo Roosevelt, se eligió controlar las tensiones a partir de la alianza entre el capital monopolístico y la solución a los problemas de las clases populares desde el orden nacional, con el resultado que conocemos. El intento de resolver con la lucha entre territorios las contradicciones que produce la desigualdad puede traer consigo este tipo de males.

El giro español

En España, en este sentido, se está produciendo un movimiento llamativo. En la medida en que la tensión entre Cataluña y España se ha rebajado y que el foco ya no está puesto en la lucha territorial, tanto Vox como Puigdemont están perdiendo recorrido. Los primeros mediante la vuelta del voto al PP, el segundo mediante su fragmentación en formaciones diversas. La tensión les mantenía vivos y, al diluirse, también lo hace su aceptación social.

Esta situación les obligará a poner el foco en otros asuntos. El siempre anunciado giro lepenista de Vox parece muy difícil de realizar, porque choca frontalmente con su visión económica y, salvo declaraciones retóricas acerca de la defensa de los trabajos españoles frente a los emigrantes y de la rebaja de impuestos a pequeños negocios, pocas cosas más pueden hacer: ni siquiera pueden proponer aranceles, como Trump o Johnson. Además, para reorientarse necesitarían cambiar a sus cuadros y a buena parte de sus dirigentes, claramente hostiles a estas perspectivas.

Si los independentistas giran hacia una posición más moderada, pueden sacar partido del dinero de la recuperación. ERC puede representar esa postura

En el caso catalán, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el giro de Puigdemont es curioso, ya que pretende presentarse como fuerza de centro izquierda, para restar potencial a ERC, y cohesionar a los suyos desde la apuesta insistente en la independencia. En realidad, las fuerzas soberanistas catalanas tienen tres opciones: pueden persistir en el independentismo y llevar el desafío al máximo, lo cual tiene el riesgo del desgaste que ha sufrido esta opción tras la decepción vivida; pueden limar sus aristas y girar hacia una posición más moderada que le permita pactar con el Gobierno, en especial cuando haya que repartir el dinero para la recuperación, una postura de la que puede sacar partido ERC si gana las futuras elecciones catalanas; o pueden convertirse en una fuerza que apoye la gobernanza española, como ha sugerido Zapatero, estableciendo una coalición de las élites periféricas y parte de las españolas contra lo que llaman "élites madrileñas".

En todas estas opciones, se continúa dando una solución territorial: la tensión entre el liberalismo global y el liberalismo nacional continúa siendo un factor esencial a la hora de articular las fuerzas sociales contemporáneas. Pero esta lógica suele tener, como nos ha mostrado la historia, diversas fases. En la primera, las clases dominantes sacan partido; en la segunda, incorporan parcialmente a las clases perdedoras al reparto de beneficios; en la tercera, las clases que detentan el poder se vuelven mucho más controladoras y exigentes en el plano interno, y aumentan la hostilidad contra el exterior. Mientras no se solucione el problema de la desigualdad, este será el camino. En nuestra época, la del mundo en tiempos de covid-19, estamos ya en la fase de la guerra comercial y de las peleas entre territorios.

El grupo mexicano que lidera Antonio del Valle, exconsejero del Banco Popular, ha iniciado un proceso de arbitraje internacional en el que reclama a España 470 millones de euros. Los abogados del magnate alegan falta de protección a las inversiones internacionales, acción incorrecta de varios funcionarios que contribuyeron con sus declaraciones a la crisis de liquidez y el incumplimiento de los tratados entre países. Para conseguir su objetivo, ha fichado a dos expertos periciales. Uno de ellos es Mansolivar, de Rubén Manso, actual portavoz económico en el Congreso de Vox, que aportará la munición financiera en el arbitraje programado para 2021 en la Corte Permanente de La Haya (Holanda) bajo las reglas de Uncitral.

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