No nos portamos bien: Alberto Garzón se echa encima a media España

Alberto Garzón tenía una tarea muy interesante que realizar, y más siendo un político de izquierdas, en el Ministerio de Consumo. Las posibilidades que se le abrían para poner en marcha políticas efectivas, que tuvieran peso en la vida de la mayoría de la gente, eran enormes. Consumo era un ministerio de segunda, segregado para poder cumplir con la cuota de Podemos en el Gobierno, pero era también una oportunidad importante para desplegar medidas que beneficiasen a todos los ciudadanos.

Por razones ideológicas, una de las políticas que peor se han comprendido ha sido la de la competencia. La derecha la ha invocado, pero únicamente en aquel tiempo en que se presionaba para que las prestaciones que se realizaban desde instituciones públicas pasaran a manos privadas. Después se olvidó de ella, y cuando ha salido a relucir ha sido para despreciarla, como en el caso de las fusiones y las adquisiciones: en tanto las empresas de mayor tamaño eran más eficientes y tenían potencial para reducir precios y beneficiar al consumidor, lo lógico era que creciesen, aunque fuese a costa de reducir el número de competidores. La izquierda, por su parte, la desprecia, porque la entiende como un mecanismo prescindible; en su teoría, las empresas grandes debían ser públicas, y en la práctica, como ese tipo de firmas paga teóricamente salarios mayores e incluso tiene sindicatos, nada tienen que oponer a las concentraciones.

El poder y el coste de la vida

El problema de todo este desprecio a un mecanismo jurídico y social importantísimo a la hora de poner freno al poder aparece cuando, como es el caso, casi todos los sectores están dominados por monopolios u oligopolios. Al margen de otros efectos negativos, esta concentración ha generado consecuencias para los consumidores muy diferentes de las que la teoría fijaba. La ampliación del tamaño y del margen de maniobra de estas firmas es parte importante de la vida de los ciudadanos.

Las condiciones de prestación de servicios frustran porque el ciudadano se siente despreciado ante maquinarias que le torean

Buena parte de la presión económica que sufrimos proviene del aumento del coste de la vida: los precios de bienes esenciales, como ocurre con la luz, son cada vez más elevados, pero también hay un sinfín de situaciones cotidianas que añaden cargas económicas adicionales. Las comisiones que nos cobran los bancos, por citar un ejemplo, no siempre cuentan con una justificación, pero las perciben igualmente. Las condiciones de prestación de servicios en muchas de ellas son muy deficientes, y a menudo producen frustración y malestar, porque el ciudadano se siente despreciado ante maquinarias que le ignoran o le torean, sean las de compañías de la energía, de la banca, de la sanidad, de telefonía o de los seguros, entre otros sectores.

Este diferencial de poder afecta en muchos otros campos, ya que implica también salarios más bajos vía monopsonio, abusos de posición dominante y presión a los proveedores. Muchos elementos derivados de la concentración tienen poco con ver con las funciones que puede desempeñar el Ministerio de Consumo, pero también los consumidores tienen su papel en esa estructura. Por ejemplo, cuando las empresas aumentan sus márgenes y no rebajan sus precios no deja de ser un perjuicio para el consumidor, ya que la ausencia de competencia provoca que todo vaya a parar a la cuenta de beneficios. Es una queja típica del sector agroalimentario, que la bajada sustancial de los precios de producción no tiene ninguna correspondencia con el precio final, que continúa siendo elevado. En fin, por no hacerlo largo, hay muchísimas situaciones en las que este diferencial de poder entre las empresas de mayores dimensiones y los ciudadanos afecta negativamente a los segundos.

Educar a la gente

La tarea de un Ministerio de Consumo, y más si es razonable, debería consistir en frenar o impedir esos abusos, en desincentivar los comportamientos que se traducen en un perjuicio para el ciudadano, y en sancionar a quienes tensan la cuerda en su beneficio. Apenas nada de eso ha estado presente en el mandato de Garzón. Lo que hemos visto, más al contrario, y al margen de su arranque con las casas de apuestas, han sido críticas al turismo, al consumo de azúcares y al de carne.

La izquierda, convertida en progresista, ha hecho algo más significativo: nos quiere educar para que seamos racionales, porque no lo somos

Y esto es significativo, en la medida en que refleja dos cambios sustanciales. La derecha se ha olvidado de los consumidores, a los que invoca únicamente como figuras angelicales, seres que valoran con detalle la información que reciben y que toman decisiones de consumo completamente racionales; cuando les engañan, es porque no han analizado bien o porque se vuelven seres dominados por las pasiones, por lo que tienen merecido el perjuicio que reciban. La izquierda, convertida en progresista, ha hecho algo más significativo: nos quiere educar para que seamos racionales, porque no lo somos. Consumimos demasiada carne, demasiado azúcar, no tenemos hábitos alimenticios saludables, utilizamos coches diésel. Somos gente imperfecta cuyos hábitos deben ser reorientados, por nosotros mismos y por el planeta. Algunas de sus propuestas, como la de impuestos más elevados, constituyen una merecida sanción a quienes no se comportan como deben. Garzón, con este tipo de apuestas para su ministerio, se ha echado encima a más de media España.

Este Ministerio de Nutrición que ha sustituido al de Consumo es llamativo, por lo que revela de renuncia, y por lo que supone de cambio de mentalidad en la izquierda. En lugar de centrarse en los elementos de poder, y de poder material, que dan forma a nuestra sociedad, la izquierda prefiere optar por reconvenir a la gente, en general poco adaptada e irresponsable, con filípicas que nos hagan conscientes de nuestras culpas. No hay ninguna acción estructural, nada acerca de cómo funciona el mercado y la manera en que causa perjuicios a los consumidores: solo amonestaciones sobre comportamientos privados.