El coste que tendrá para Sánchez y Yolanda Díaz su apoyo a la amnistía

La negociación con Puigdemont, que se hizo muy explícita tras la visita de Yolanda Díaz a Bruselas, ha levantado esperables ampollas en sectores de la sociedad española. Los debates sobre una probable amnistía han generado también posiciones encontradas: hay quienes, como Errejón, cifraron el asunto en una tensión entre la involución y el progreso; y otros, desde Felipe González hasta Vox, que señalaron el enorme deterioro institucional que provocaría una ley de esa clase. Incluso hay quienes subrayan que, de celebrarse nuevas elecciones, la izquierda saldría muy perjudicada por el simple anuncio de unas negociaciones que terminarían con el líder de Junts sin asuntos judiciales pendientes. Otros lo ven de manera distinta, como los socialistas: "La desjudicialización que trajeron los indultos triplicó el voto de los catalanes al PSOE en las generales".

Sin embargo, y más allá de unas hipotéticas consecuencias electorales, la amnistía contiene una enorme carga política. Supone, en primer lugar, una impugnación en toda regla de las respuestas que dio el PP al 1-O, pero también a la contestación institucional posterior. Sea por necesidades tácticas, como precio para gobernar o por mera convicción, lo que está de fondo en la amnistía es una corrección sustancial a la forma en que el Estado abordó aquel referéndum.

El motivo que provocó los delitos podía ser político, pero resultaba irrelevante: eran hechos que merecían una sanción jurídica

Recordemos que la forma de manejar el problema por parte del Gobierno de Rajoy no fue la más adecuada. Y no es una valoración política, sino meramente pragmática. Los dirigentes de aquella época se taparon los ojos para no ver lo que les disgustaba, lo que llevó a un planteamiento que elevó el fuego independentista. Insistieron en que no iba a haber referéndum, que no contarían con las urnas suficientes, y que los convocantes carecerían de la infraestructura precisa. Si, pese a todo, hubiera localidades en las que se optase por seguir adelante, la policía se encargaría de disuadir a los votantes. El 1-O iba a ser un fracaso. Ese planteamiento desastroso (era evidente para todo el mundo que los indepes contaban con la organización precisa para llevarlo a cabo) provocó el incremento de la represión policial y, con ella, se alimentó notablemente el discurso secesionista: "Queremos votar y nos pegan; somos pacíficos demócratas a los que se impide violentamente el ejercicio de sus derechos". El apoyo a esas fuerzas aumentó significativamente tras el intento de referéndum, y no solo en Cataluña, también fuera de España.

La respuesta institucional posterior apostó por no dejar pasar el desafío, por aplicar el rigor de la ley y por llevar a los responsables a los tribunales. Era preciso demostrar que no se iba a dejar pasar el envite independentista sin que tuviera consecuencias. Los procesos judiciales produjeron condenas, muy aplaudidas por algunos sectores de la sociedad española y criticadas por otros, ya fuera por demasiado rigurosas o por injustas. Existió alguna llamada de atención europea al respecto.

Pero más allá de lo estrictamente jurídico, del encaje entre hechos y tipos, y de la valoración técnica que los actos pudieran merecer, estaba la posición de fondo: se habían cometido actos graves que precisaban de una sanción severa. El motivo que provocó los delitos podía ser político, pero resultaba irrelevante: generaron consecuencias legales que debían ser resueltas en ese plano.

El regreso de la política

Con el Gobierno del PSOE llegaron los indultos, que se entendieron como parte del precio que debía pagar para asegurarse el apoyo de Esquerra, pero también como un instrumento para desinflar el independentismo. Si se juzga por los resultados electorales, esa medida fue un éxito en Cataluña: apoyo mayoritario al PSC y los secesionistas disgregados y con un nivel de voto bajo. Además, las generales constataron un hecho, el de un humor social mayoritario que se había alejado del procès, y que deseaba abrir una nueva etapa.

El bloque progresista, con los indultos y la amnistía, está negando la validez de la solución punitiva al desafío del 1-O

El azar ha llevado a un giro del destino sorprendente: la decisión sobre el próximo presidente español la tendrán un huido de la Justicia y el grupo político que lo apoya. La amnistía es el precio ineludible que se debe pagar para la investidura. El debate está lanzado, pero en el bloque progresista no ha generado ninguna tensión. Su preocupación es técnica, cómo redactar la ley de forma que no pueda ser derogada por inconstitucional.

Entendamos lo que significa este conjunto de hechos: el PSOE está negando la validez de la solución punitiva al desafío del 1-O. Los indultos, y ahora la amnistía, dejan sin efecto la respuesta institucional que se tejió en los años posteriores a 2017. Algunos argumentos explícitos han insistido en que, ya que se trata de un problema político, no puede ser resuelto jurídicamente, que las soluciones deben funcionar en ese plano, y que la amnistía ayudará en ese propósito. Es la política parlamentaria, y no el poder judicial, el que en última instancia debe decidir sobre esta clase de asuntos. Y esto implica consecuencias notables en distintos órdenes.

Diálogo o castigo

En primera instancia, crea malestar entre la judicatura, que lo percibe como una intromisión de determinados partidos en sus funciones, lo que mina sustancialmente el estado de derecho. De aquí parten muchos argumentos que deslegitiman la amnistía, como si el Parlamento o el Ejecutivo estuvieran atribuyéndose funciones que no les pertenecen, y que, por tanto, condujesen hacia un sistema carente de seguridad jurídica. Sin embargo, esto excede la mera tensión entre política y jueces, ya que muestra una clara división entre las élites sobre cómo afrontar la solución a ese problema catalán que se sustanció en un referéndum ilegal. Parte de ellas apuestan por la negociación y el diálogo, las otras por hacer valer normas y sentencias: el debate está tomando cada vez más esa forma que termina oponiendo la politización de la Justicia a la judicialización de la política.

"La única solución es el diálogo y la devolución del conflicto a la política, y celebramos que cada vez más gente lo vea con buenos ojos"

Desde este punto de vista, se opondrían argumentos cruzados en que cada parte trataría de deslegitimar a la contraria a partir de criterios políticos. En el PSOE se piensa que "es el momento de seguir desinflando el conflicto y la amnistía puede ayudar", y desde Sumar que "la única vía de solución es el diálogo y la devolución del conflicto a la política. Es lo que estamos haciendo y celebramos que cada vez más gente vea con buenos ojos el diálogo y la desjudicialización".

El coste electoral

Estas tensiones son poco relevantes para los votantes progresistas, que ven con buenos ojos la amnistía, o que, si les disgusta, pueden transigir con ella porque creen en los beneficios que generará a medio plazo. También los hay que están en contra, pero muchos de ellos ya dejaron de votar a las izquierdas en las anteriores elecciones. Y tiene cierto sentido, porque las preocupaciones que muchas figuras institucionales dejan traslucir sobre el futuro del estado de derecho y la calidad de la democracia les resultan ajenas, bien porque sus preocupaciones son mucho más cotidianas y están preocupados por su día a día, bien porque entienden que el diálogo es la vía más apropiada, y que el entendimiento es mucho más eficaz y justo. La amnistía no abrirá brechas en el bloque de izquierdas de cara a la investidura, pero tampoco entre sus votantes. Existirán disensiones de cuadros políticos, pero ni por arriba ni por abajo parece que vayan a producirse consecuencias relevantes.

Lo que sí puede ser un problema serio para el bloque de izquierdas es la otra cuestión que se engarza con la amnistía, la del encaje de Cataluña y País Vasco en un nuevo marco territorial español. Por situarnos en la realidad, el mapa que ofrecen las últimas elecciones contiene un diagnóstico diáfano. Exceptuando Euskadi, Navarra y Cataluña, el PP fue el partido más votado en todas las autonomías españolas. En Extremadura ganó el PSOE, pero con los mismos diputados que el PP, solo que Vox obtuvo un escaño y Sumar ninguno. El bloque de derechas ha sido el vencedor de las elecciones, y si carece de opciones de gobierno es por el efecto compensador que tuvieron esos tres territorios.

Son muy hostiles a un nuevo encaje: otorgarán más peso y recursos a comunidades que gozan de una situación mejor que la suya

Es conveniente entender este mensaje, porque las causas de los resultados electorales fueron múltiples, desde la animadversión o la simpatía hacia Sánchez hasta la composición social de cada territorio, pasando por el voto emitido para que no ganasen "los otros". Sin embargo, hay un aspecto que ha estado muy presente en la política española de los últimos años y que sigue bien vivo. Existen muchas regiones en España que sufren una situación de falta de inversión endémica, y que pierden población porque sus jóvenes se marchan o porque no logran activar su economía para conservar sus habitantes o atraer nuevos. Son zonas que se perciben con un futuro dudoso y que se sienten abandonadas por los poderes estatales. Y aquí se entienden de manera muy distinta a Madrid o Barcelona las invocaciones a un mejor encaje del País Vasco o de Cataluña. No lo perciben como un intento de solución a un problema, sino como una forma de agravar los suyos. Son muy hostiles a estas fórmulas, que entienden que otorgarán más peso y recursos a comunidades que gozan de una situación mejor que la suya, lo que provocará que ellos sean más olvidados aún.

Ese sentimiento doloroso ha estado muy presente en las últimas elecciones, y explica en parte la falta de éxito de la izquierda en muchos territorios. Una revisión de las posiciones territoriales en favor de las comunidades históricas, propuestas e instigadas por los progresistas, tendrá un peso negativo sobre ellos porque el mensaje será entendido como un desprecio: "En lugar de apoyarnos, favorecen a quienes tienen privilegios". En las izquierdas de esas regiones son muy conscientes, y en las sedes centrales de los partidos también, y por eso se comienza a hablar de "control de daños". La derecha tomó nota de todo esto hace tiempo, y por eso el lema que exhibe últimamente Feijóo es el de "igualdad".