Un acuerdo para la amnistía y más allá: la pelea de fondo en la investidura

La izquierda está muy tranquila respecto a la posibilidad de la investidura de Sánchez. Transmite continuamente que será presidente y que apenas queda espacio para otra opción. Perciben en el entorno de Junts, como en la misma sociedad catalana, una predisposición hacia el compromiso histórico que ninguna de las partes va a dejar pasar. También ven convencido al mismo Puigdemont, quizá porque, según Sumar, "le ocurre lo mismo que al rey emérito, que quiere volver". De modo que, por más que se produzcan declaraciones altisonantes con regularidad, que parecen desalentar las negociaciones, al final se pasará el algodón de la realidad y todo llegará a buen puerto. Algunos movimientos recientes, como la visita de Ortúzar a Puigdemont, parecen ratificar que todo va encaminado.

Sin embargo, el problema no aparece en el lado de las negociaciones, sino en su precio. La amnistía, la previsible moneda de cambio para la investidura, está revestida de complejidad jurídica y factores políticos, pero sobre todo de un simbolismo que es difícil dejar pasar. Posee un carácter de impugnación de la reacción institucional al 1-O, primero con los indultos y después con la amnistía, que parece serlo, en el fondo, al poder judicial y a quienes sostuvieron sus resoluciones. Esta tirantez entre el poder ejecutivo y el judicial, entre el Parlamento y los jueces, ha estado presente en la anterior legislatura y se puede recrudecer sobremanera en esta. Zarzalejos lo avisaba ayer en un artículo acerca de la posición solitaria del rey en el que mencionaba el malestar en la magistratura. Esta es la tensión de fondo bajo la que se asienta la amnistía como línea roja.

La reacción contra el PSOE

El ruido ambiente de esta semana, con la vieja guardia socialista insistiendo en los riesgos sistémicos en los que incurre Sánchez, con la manifestación anunciada por el PP y con un cierto malestar entre la población por una amnistía a Puigdemont, hacen creer que el PSOE está sufriendo un desgaste que se le puede volver en contra: una parte de quienes votaron por el bloque progresista el 23-J en las anteriores elecciones dejarían de hacerlo si existiera una repetición electoral. De alguna manera, este descontento, piensan sus rivales, debería servir de aviso a Sánchez: no cederá en su intención, pero tendrá que oír el clamor popular al cambio.

Sin embargo, quizá se esté poniendo demasiado énfasis en los efectos de esa animadversión. El aumento de la presión no siempre surte efecto y a veces se vuelve en contra: lo que se gana por un lado se pierde por el otro, y las últimas elecciones generales son un buen ejemplo. Para unos el foco es Puigdemont, para otros Aznar y Abascal y son figuras motivadoras suficientes, en cada lado del espectro político, como para ir a votar en contra.

Si se va a otros comicios, lo más probable es que los resultados sean similares; mejor solucionar ahora el problema que una demora fatigosa

En todo caso, la vida da muchas vueltas y lo que parece hoy seguro mañana ha desaparecido. Una repetición electoral, no obstante, no asusta en Moncloa. Los expertos electorales insisten en que unas nuevas elecciones pueden pasar factura a todos. Al PSOE, pero también al PP por los vaivenes de Feijóo y por el rencor acumulado contra él, ya que se le hace responsable de haber perdido unas elecciones que en teoría estaban ganadas; a Sumar porque se ha significado con una jugada arriesgada, la visita en términos tan amigables a Puigdemont en Bruselas, y por su apuesta decidida por la plurinacionalidad; a Junts porque, tome la decisión que tome, pagará un coste; a ERC porque está perdiendo votantes, en torno a un 10% hacia el PSC y otro 10% hacia Junts.

Sin embargo, son las experiencias en las anteriores repeticiones electorales lo que más tranquiliza a los socialistas. En ellas se produjeron cambios, pero la foto final fue más o menos la misma. De modo que, si se va a otros comicios, lo más probable es que los resultados sean similares; mejor solucionar ahora el problema que una demora fatigosa para todo el mundo.

El problema que no desaparece

El PSOE, si consigue la investidura, necesitará que Junts y ERC no se conviertan de inmediato en un problema que atente con la estabilidad del Gobierno. Los equilibrios que tendrá que hacer Sánchez será muchos, dado el número de partidos implicados, lo que dificultará no solo una legislatura con una acción legislativa potente, sino el día a día de la misma. En ese sentido, si acordada la amnistía los partidos independentistas regresan a posiciones maximalistas, el gobierno sería difícilmente sostenible. En otras palabras, habrá una exigencia de que "no volverá a ocurrir" como condición necesaria para el acuerdo. Del mismo modo, deberán acordarse unos nuevos presupuestos y el apoyo al mismo tendrá que ir en el paquete negociador.

Todos estos futuribles solucionarían la gobernabilidad, al menos durante un tiempo, pero alentarían el malestar institucional. Y ahí la solución es mucho más complicada. Una legislatura de enfrentamiento entre el ejecutivo y el judicial con el Tribunal Constitucional de por medio, con su estatus especial, será difícil de sobrellevar, salvo que una de las dos partes termine por imponerse. El problema es que resulta complicado acudir al voto para solucionar los dilemas institucionales, porque en la sociedad española, como en tantas otras occidentales, un 50% vota contra el otro 50%. Esta dificultad es la que constituye la partida de fondo que se está jugando en la amnistía como línea roja y la que se prolongará en la siguiente legislatura, si el PSOE es investido. Estas épocas son preludio de cambios significativos.