Botín, una encrucijada moral

El Supremo le ha dado duro a Emilio Botín, presidente del Banco Santander, en el trasero de Alfredo Sáenz, su consejero delegado. Una sentencia que pone fin en instancia a un proceso que ha durado 17 años. La Sala de lo Penal del TS condena a Sáenz a 8 meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca por los delitos de presentación de una denuncia falsa y de estafa procesal, cometidos cuando era presidente de Banesto. Esa querella falsa dio lugar, tras la intervención del juez corrupto Luis Pascual Estevill, a que tres empresarios, Pedro Olabarría y los hermanos Luis y José Ignacio Romero, fueran detenidos y encarcelados.

 

El fondo del asunto lo explicó aquí con maestría Jesús Cacho el martes, tras la exclusiva de María Peral, en El Mundo y no voy a repetir el relato de los hechos.

Es cierto, como bien explicaba ayer José Antonio Zarzalejos, que es inadmisible que el fallo se conozca antes de que los condenados y sus abogados sean informados del contenido de la sentencia. No es de recibo y es injusto. Pero no es el primer caso, sucede habitualmente, aunque sólo se hable de ello cuando afecta a personas poderosas, lo cual evidentemente no lo justifica. Pero así es la justicia en España.

El TS le ha colocado en una tesitura imposible

La reacción oficial del Santander es el silencio tras la consternación. Oficiosamente, todos los popes del banco, acongojados, te dicen que hay que esperar al recurso de amparo que los condenados van a presentar ante el Tribunal Constitucional, que hasta entonces “no pasa nada”, que “además Sáenz no va a ir a prisión”, que “es una putada más de El Mundo y Pedro J.” (¡¡¡¡) y que “convendría que no se hablara mucho del asunto hasta que esté sustanciado definitivamente” (¡¡¡¡¡¡).

Oficiosamente, en privado, hablan de “una cabronada inmensa”, de que el Supremo ha colocado a Botín en “una encrucijada moral de difícil salida”, de que la sentencia coloca a Sáenz en una tesitura “imposible de la que va a salir mal sí o sí”, y de que “ahora el jefe ha de desplegar todo su poder para que el Constitucional les saque del atolladero”.

No se entiende cómo el jefe no actuó cargándose a Sáenz en 2009 cuando la primera sentencia de Barcelona. Ahora está ante un dilema moral y judicial de complicadísima salida

Conviene aclarar una cuestión jurídica trascendente. El Constitucional no es un Tribunal de instancia, o sea, no entra en el fondo del asunto, en si los condenados son culpables o inocentes, sólo se pronuncia acerca de si en el procedimiento se han infringido derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Es decir, cuando se presente el recurso de amparo, en el que se va a pedir cautelarmente la suspensión de la ejecución de la sentencia, el Constitucional primero decidirá si acepta o no que se suspenda la ejecución, está por ver, y después dilucidará si se han vulnerado derechos fundamentales, pero no entrará en si hay o no delito o en si los condenados son inocentes.

Los teléfonos rojos están ardiendo

 

Entre el martes y el miércoles he podido hablar con dos magistrados del Constitucional y con cinco magistrados de diferentes Salas del Supremo. Coincidencia general en todos ellos: “Aunque el TC es cada vez más restrictivo en la admisión de amparos, lo lógico sería aceptar el amparo si los abogados presentan argumentos suficientes, y tratándose de quien se trata lo aceptarán seguro, pero sin aceptar la suspensión de la ejecución de la sentencia. Hay precedentes en esa línea que marcan el camino del TC. Pero el asunto es peliagudo y los teléfonos rojos están ya ardiendo”.

Sí, arden las líneas calientes. No es nadie en el stablishment el que no recibe y hace una llamada. En ese mundo no hay amigos, y muchos se frotan las manos y se ríen a espaldas de los afectados. Pero los contactos se están produciendo al más alto nivel, político, económico y mediático y desde el Ejecutivo se hace llegar al Santander y a sus recaderos que “el horno no está para bollos, y vamos a ver cómo se puede echar una mano, en este estadio del caso no está fácil”.  La esperanza oculta de los condenados es que algún favor pendiente les permita ejercer una presión que el Constitucional no resista. Pero les han transmitido ya pocas esperanzas.

Ojito a la que se avecina. En la Ciudad Financiera de Boadilla se tiran de los pelos, varios paseando como Escarlata O´Hara en medio de un edificio fastuoso pero amenazado de ruina, en este caso no económica sino de orden moral, ético y deontológico: “No se entiende cómo el jefe no actuó cargándose a Sáenz en 2009 cuando la primera sentencia de Barcelona. Ahora está ante un dilema moral y judicial de complicadísima salida”. En el entorno de Sáenz la consternación es formidable. Y aunque, como escribió Sciascia en El teatro de la memoria, no hay pruebas en contra que valgan cuando se quiere creer, nadie duda de que el condenado fabricó una estafa procesal, y el asunto tiene lo suyo, porque Sáenz, y Botín, gestionan billones de euros de dinero que no es suyo, ya se sabe que los negocios buenos son aquellos en los que gestionas la pasta de los demás, y ello requiere una honradez a prueba de bomba. Y por ahora el condenado dice que él no se va, enrocado en su verdad aunque parezca mentira.

Es momento de tomar decisiones en soledad

El halago es un naipe tahúr, y estos hombres tan poderosos viven rodeados de demasiados hombres entregados a regalar el oído de quien les hace ricos. Sáenz no es idiota, sabe perfectamente que el que ha sufrido un mal puede olvidarlo, pero jamás lo olvida quien lo causa. La vanidad nunca dice basta, y a él le ha cegado, junto a la excesiva confianza en el poder del jefe. Alguien me comenta que le ha oído decir, parafraseando a un gran editor, algo así como que no había cojones para condenarle a él, aunque sólo fuera por el daño que le causaría a su actual boss. Pero los serviles siempre llegan a la hora undécima, y este el momento de tomar decisiones en soledad.

Botín apostó por un equipo reducido. Ahora, por persona interpuesta, su prestigio y la reputación del Santander están en entredicho. No hay por donde coger la permanencia de Sáenz en la casa en términos morales, éticos o deontológicos. Ha de actuar con talento, entendido éste como un compendio de inteligencia, fantasía e intuición trufado de honradez. Ana Patricia está en Londres. El asunto traspasa nuestras fronteras. Es de una gravedad máxima y todos lo saben.  Afecta a los cimientos más profundos del banco. Una historia de tantas decenas de años no puede arruinarla un gestor que ha cometido un error formidable convertido en delito por los jueces.

El problema con la Justicia no está en su mano resolverlo con certezas y en el corto plazo. El problema moral ha de zanjarlo con rapidez si no quiere arriesgar una solvencia que hoy nadie cuestiona. Empiezan a sonar nombres y ayer circulaba con insistencia por Madrid el de José Ignacio Goirigolzarri, aquel que se hizo famoso tras salir del BBVA con una pensioncilla de tres millones de euros anuales. Otros patrocinan un movimiento de más calado con la incorporación de al menos tres ejecutivos de primerísimo nivel al Grupo, operación que se llevaría a cabo si finalmente Ana Patricia es forzada a regresar a Madrid a tomar el mando de la nave. Las espadas están en alto.  Y ahora no es sólo dinero, son la ética y la moral las que están en juego, y ese no es el territorio favorito en el que se muevan más cómodos muchos de los que juegan esta partida. Botín está en una encrucijada moral que, una vez resuelta, tendrá consecuencias económicas.