Subvencionados y subsidiados

Las subvenciones son objeto de debate recurrente entre economistas. Parece que habría un acuerdo básico en cuanto a su carácter distorsionador de la competencia y por ende de la eficiencia económica. El argumento acerca de si son admisibles respecto de nuevas industrias u otras necesitadas de reconversión, y siempre que sea por un tiempo limitado, puede en algunos casos parecer justificado.

Lo que de ninguna manera parece aceptable es que se usen las subvenciones de manera sistemática como modo de financiación de las empresas. A las PYMES mediante programas en los que pueden optar a ayudas; a los contratistas del Estado a través de interesantes adjudicaciones a precios que nada tienen que ver con los de mercado; y a las grandes empresas mediante decretos específicos que más que regular un sector o ayudar a una industria a crecer lo que hacen es distorsionarlo definitivamente.

Es el caso de las energías renovables, en que a la artificialidad del precio abonado por su producción se suman los vaivenes del legislador tratando de remediar sus propios dislates, lo que sólo introduce inseguridad en el sector. Y sin remediar nada, porque los damnificados podrán pedir responsabilidad a la Administración ante su impredecible cambio de criterio. De modo que la subvención continúa: esta vez en forma de indemnización.

Lo cierto es que ante los fondos provenientes de subvenciones el empresario no se comporta igual que si estuviese reinvirtiendo sus propios beneficios o el dinero proveniente de un crédito que tenga que devolver. Tiene muchos menos incentivos para esforzarse en ser productivo o competitivo.

Interesante resulta el caso de las empresas con escasos o nulos beneficios, incluso con cuentas de resultados negativas. De lo que se podrá estar seguro es de que estarán al corriente del pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Pero pagan con las resultas de sus operaciones ...o con fondos provenientes de subvenciones? Pues una vez en el patrimonio del empresario, el dinero proveniente de ayudas públicas a fondo perdido se confunde con fondos propios y créditos: el dinero es dinero.

Cuando hace unas semanas hablábamos de “Los diez talentos de la economía española” lo que resultaba obvio de aquél post es que no eran las subvenciones las que habían hecho a ciertas empresas referentes mundiales en su sector: era algo muy distinto: era el talento, el arrojo y la perseverante aplicación.

Que el dinero es poder lo saben mejor que nadie nuestros políticos. Y que las subvenciones captan voluntades y votos es algo en lo que no hace falta abundar.

Y no se olvide la ingente cantidad de dinero que se destina a toda suerte de organizaciones sin ánimo de lucro, algunas de ellas con fines cuando menos, originales. Son entes a los que nadie exige unos resultados, los propios a su fin, que ciertamente no es el lucro. Pero eso no les exime de llevar a cabo una gestión eficaz pudiendo acreditar el efectivo logro de los buenos propósitos que proclaman. Sólo así se justifica que reciban fondos públicos.

Y es que uno de los grandes problemas de las subvenciones es su fiscalización. La realidad es que más allá del cumplimiento de los requisitos sustantivos y formales necesarios para su otorgamiento, la Administración logra controlar poco más: ni la efectiva aplicación de los fondos a su fin, ni el verdadero logro de resultados o que las ayudas recibidas hayan contribuido eficazmente a nada.

Si en vez de subvenciones se estableciese un sistema de créditos que exigiese la presentación de un plan de negocio rentable y creíble, la cosa cambiaría. Y quien tuviese una buena idea productiva tendría la posibilidad de llevarla a cabo, sin necesidad de los infinitos avales que viene exigiendo una banca como la española, extraordinariamente torpe y poco versada en el capital riesgo.

Pero héte aquí que en plena crisis crediticia nos hallamos con un ICO que exige a las PYMES aún más garantías que los bancos. Todo ello mientras millones de euros se destinan a subvenciones, algunas terriblemente absurdas.

Y además los subsidios directos a la población

Uno de los casos más sangrantes de subsidios directos a la población es el PER, vigente en Andalucía y Extremadura desde los primeros tiempos de Felipe González y que entre otros fines buscaba evitar el trasvase de población del campo a la ciudad. La idea era además lograr un vigoroso desarrollo rural. En vez de eso sólo se logró un ejército de personas que al no trabajar, no aportan riqueza alguna a su país, amén del terrible deterioro de la imagen de estas regiones ante el resto de España y Europa.

El sistema ha fracasado y las cifras hablan por sí solas. ¿Cómo podemos pedir más ayudas si después de haber invertido en Andalucía 74.000 millones de euros (12,5 billones de pesetas) tenemos actualmente una tasa de parto del 21% camino del 27% para final de año y un fracaso escolar del 34% ?

La única ventaja que parece haberse derivado del sistema es la política, con la consolidación de lealtades electorales inquebrantables; lealtades que sin embargo lo son a opciones sin futuro.

Hemos subvencionado y subsidiado, pero hemos descuidado sobremanera la educación de nuestros jóvenes. Hubiesemos necesitado más inversión y mejor administración en el ámbito educativo a todos los niveles .  Lo que nuestra economía necesita es incorporarse a la sociedad del conocimiento. Y lo que nuestros empresarios exigen son jóvenes bien preparados. Si frente al gratis total de una educación pública que tan injustamente iguala a todos a la baja, se impusiese un sistema de cheque escolar y créditos al estudio, con becas basadas en el mérito y el esfuerzo, el panorama cambiaría. Eso, siempre y cuando se recuperase la autoridad del profesor y un elenco suficiente de asignaturas troncales con sustancia.

Por ahí se empieza a cultivar el talento.

Y como todas las semanas esperamos sus comentarios pues con ellos elaboraremos nuestro Manifiesto.