Caamaño, Estatut y ¿Constitución?

Caamaño ha vuelto a pronunciarse, esta vez sobre el Estatut. Nos ha vuelto a recordar que en este país todo lo que se parezca a democracia y separación de poderes es pura falacia. Ha dicho sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que “marcará el futuro de las autonomías”. Erige al Tribunal en poder constituyente, cuando es un mero poder constituido. De nuevo, hace de los ciudadanos meros súbditos.

La semana pasada no teníamos derecho a la objeción de conciencia. Y esta semana hemos dejado de ser un pueblo soberano que se haya dado a sí mismo una Constitución a respetar por quienes, en su virtud, encarnen el poder.

No es ocioso recordar que Caamaño fue el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y que redactó el texto que finalmente se votó. Y Caamaño parece estar muy de acuerdo con sus contenidos: dice que lleva más de dos años aplicándose y que aún no se ha roto España. Pues que espere unos años más y que se apliquen todas las posibilidades del Estatut y ya veremos qué pasa.

Poco importa que se llevasen a Cortes más de cuatro millones de firmas pidiendo lo que era de justicia: que si se modificaba la Constitución, votásemos todos. Pero Rajoy enseguida se arrugó: no fuese a ser que se frustrase su carrera hacia la Moncloa.

El Señor Ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino dice que los catalanes dieron el “si” al Estatut, y que eso lo legitima. Pero se olvida de que apenas un 35% votaron a favor, en un referéndum cuya participación no llegó al 50%.

Antes, unas Cortes claudicantes y oportunistas habían dado la necesaria mayoría absoluta a un texto inconstitucional. Obligaba a las mismas Cortes a modificar una treintena leyes: Cataluña dando órdenes a España. No está mal, para ir abriendo boca.

Nuestros diputados se han olvidado del pueblo al que representan. No: ellos ya sólo se representan a sí mismos y sus pequeños y mezquinos intereses personales. Habría que haber oído a algunos diputados en petit comité, días antes de votar: que aquello era intolerable, que rompía la unidad de España, que ellos desde luego votarían en contra... Pero llegó el momento de votar y se antepuso el plato de lentejas.

Otros, más prácticos, prescindieron de cualquier reflexión sobre la legalidad del texto. Decidieron que lo mejor era pedir lo mismo para su taifa. Unos se anticiparon, como Valencia, con la cláusula Camps que decía que cualquier cosa que tuviesen otros, los valencianos también: así, en general, y por lo que pueda pasar. Y al Estatut catalán siguieron el de Baleares, Aragón y Andalucía.

También reformó su Estatuto de Autonomía Castilla y León, mejorando el texto y recordando que ellos sí quieren seguir formando parte de la nación más vieja de Europa: España.

Que otros estatutos de autonomía contengan cláusulas iguales o parecidas a las del catalán, al ministro Caamaño le parece que justifica su constitucionalidad. Ya; es que el asunto no está en los artículos que puedan ser legales, sino en los ilegales. Y si valen para Cataluña, deben acabar valiendo para los demás. El problema está en que no es posible aplicarlos todos al tiempo, porque chocan entre sí.

Pero Caamaño, que tiene remedios para todo, dice que al que no le gusten determinados artículos, que presente una propuesta para su reforma. La única pega es, claro, que las propuestas de reforma de los Estatutos de Autonomía deben venir de las propias Comunidades Autónomas. También se ha pronunciado el Presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que fue letrado del Tribunal Constitucional. Dice que es malo que el Tribunal esté bajo tanta presión. También dice que no está politizado. No…

Será por eso que sigue al frente María Emilia Casas, años después de que debiese haber terminado su presidencia. ¿Es que no hay otra persona en el país que pueda presidir el Tribunal? ¿O es que ésta es perfectamente manejable? No hay que olvidarse de que la señora Casas tiene un voto de calidad, al estar el Constitucional falto de uno de sus jueces.

Si el Tribunal fuerza la Constitución más allá de sus límites para dar encaje al Estatut, ¿qué remedio queda? ¿Procesar a sus jueces por prevaricación? Esto es, por el delito de dictar una sentencia, a sabiendas, manifiestamente injusta. Eso no va a ocurrir nunca.

Es muy probable que la Constitución se reforme por la puerta de atrás. Se impondrá la política de hechos consumados, y los españoles seguiremos siendo el pueblo súbdito que un día se creyó que había alcanzado la soberanía. Pero todo fue mentira.

Y como siempre, esperamos sus comentarios porque con ellos, elaboraremos nuestro Manifiesto. Al menos algunos, no habremos claudicado.