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Progresividad fiscal

Si la semana pasada invocábamos la Constitución para hablar de algo tan elemental en una democracia como el uso adecuado del derecho de asociación, esta semana

Si la semana pasada invocábamos la Constitución para hablar de algo tan elemental en una democracia como el uso adecuado del derecho de asociación, esta semana volvemos a ella para exigir algo tan simple como que la potestad tributaria del Estado se ejerza según manda nuestra norma fundamental.

El artículo 31.1 de nuestra Constitución dice que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. El artículo tiene enjundia de modo que vamos a ir desgranándolo.

Dice para empezar que “todos contribuirán…” un “todos” que hace referencia a todas las personas: no a unas, siempre las mismas, “sí”… mientras otras, bien porque hagan unas leyes muy favorables para si mismos o sus amigos, pues… “nunca”. Va por todos los que son suficientemente ricos como para montar  una SICAV, donde sabido es que quienes aparecen son en su mayoría testaferros, aunque en su día Solbes en ello no viese fraude alguno. Y va por nuestros egregios parlamentarios que llegan a ver cómo hasta el 75% de sus ingresos resulta que no tributan. O cómo para “atraer talento” nuestros futbolistas resulta que lo hacen al 24%.

¿Y qué tal si los arriba mencionados dejan de hacer trampas y empiezan a tributar como los demás? Porque con ese dinero podremos pagar decentemente a nuestros científicos, atrayendo talento más allá del de darle al balón, cosa que después de todo tiene una utilidad relativa en el desarrollo de un país.

Progresividad fiscal y capacidad económica

Bien pues sentado que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”, la Constitución dice que el mecanismo para contribuir no es cualquiera sino precisamente el de “un sistema tributario justo”. ¿Y en qué consiste la justicia del sistema? Pues en que sea igual para todos y además, progresivo. Visto que no es igual para todos, lo de la progresividad ya es pura entelequia.

Progresividad fiscal y capacidad económica están estrechamente vinculados porque básicamente consiste en que a más ingresos, más tributación. Pero vayamos por partes: son tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. ¿Pero de verdad todas las tasas están en relación con lo que uno gana? Y yendo a más… ¿qué ocurre con servicios esenciales como los de luz, agua o gas, cuyos precios están intervenidos o dependen directamente de la Administración? Porque las tasas se cobran por servicios que o bien sólo puede prestar el sector público o alguien en su nombre (un concesionario) y que son de solicitud y recepción obligatoria por parte de los ciudadanos. Es el caso del servicio de recogida de basuras, tasa que uno paga sí o sí, aunque no viva en una casa. Pero, además, ¿quién puede vivir hoy sin agua o sin teléfono, por ejemplo?

Otro asunto es que los impuestos se dividen como es sabido en directos e indirectos. Los impuestos directos, —caso del IRPF o el de sociedades—, gravan las rentas percibidas por personas físicas y jurídicas según una tarifa que va por tramos: a más renta, más se paga de impuestos. Pero, si cada vez hay menos tramos en el IRPF haciéndolo cada vez menos solidario, ¿cuántos tramos hay en el impuesto sobre (la renta de) sociedades?

Por su parte los impuestos indirectos son iguales para todos, tenga uno la renta que tenga. El más importante de estos impuestos es el IVA: supone un 25% de la recaudación total del Estado. Pero ni es progresivo ni tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Y lo que es más, pasará del 16% al 18%. 

El problema es que las rentas más bajas, quienes menos ganan, tienden a gastarse casi todo en cubrir sus necesidades más básicas, quedándoles muy poco para ahorrar. Si todo lo consumen, pagan un 18% de su renta en IVA. Si alguien con grandes ingresos sólo consume un 10% de ellos, sólo paga un 1,8% de su renta en concepto de IVA. ¿Eso es progresivo?

Pero yendo a más: es que los empresarios han de anticiparle el IVA al Estado: o lo que es lo mismo, el 25% de los impuestos son liquidez que hayan cobrado o no los empresarios, deben pagar al fisco. ¿Y quién da liquidez a su vez a los empresarios? La manera de estar legislada esta cuestión es simplemente indecente.

Y no abundemos en el completo maremágnum fiscal, lleno de trampas y normas simplemente inabarcables cuando no directamente incomprensibles, interpretadas de manera errática y caprichosa por una Agencia Tributaria que se ceba con todo el que puede. ¿Es eso justo?

Sistema confiscatorio

Y termina el 31.1 diciendo que el sistema tributario “en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Bien, pero si entre impuestos directos e indirectos, tasas y contribuciones especiales, estatales, autonómicos y locales el español medio que ni es rico, ni es diputado ni futbolista, acaba pagando más del 50% de sus ingresos… ¿es confiscatorio el sistema? ¿Llega el ciudadano a ser capaz de vivir y además ahorrar lo suficiente para reponer la depreciación de su pequeño patrimonio (vgr. su casa y su coche que cada año pierden valor)? Pues difícilmente. ¿Resulta entonces confiscatorio el sistema o no? Pues más bien que sí.

Sin embargo no queremos terminar sin darle un repaso a la última perversión de nuestras Administraciones Públicas destinada a seguir metiendo la mano en bolsillo ajeno: las sanciones. Volveremos sobre ellas pero baste decir que cada vez hay más normas que prevén sanciones, completamente desproporcionadas si se considera la gravedad de la infracción y que se cobran por igual a ricos que a pobres. Se usan como manera de recaudar, no como castigo a un comportamiento especialmente reprobable.

Y si algo hay reprobable es el auténtico “atraco” que a diario se practica con el ciudadano con tanto afán recaudador. Se calcula que el 96% de la reciente subida de impuestos la pagarán las rentas medias y bajas.

Claro que también es más fácil imponer la dictadura de la casta política a una población depauperada, a la que primero se debilita y luego se ofrece salvación mediante subvenciones y promesas. Bolivarismo fiscal puro y duro, déficit y endeudamiento permanente, avanzamos inexorablemente hacia un régimen populista en el que la ciudadanía paga por generaciones la incompetencia y abusos de sus gobernantes.  La cuadratura de un círculo de miseria del que tan difícil es escapar después.

Como siempre con sus opiniones, hoy sobre el dudoso carácter progresivo de nuestra fiscalidad,  elaboraremos nuestro Manifiesto Cívico.

Si la semana pasada invocábamos la Constitución para hablar de algo tan elemental en una democracia como el uso adecuado del derecho de asociación, esta semana volvemos a ella para exigir algo tan simple como que la potestad tributaria del Estado se ejerza según manda nuestra norma fundamental.