El despertar de la sociedad civil en España (y su impacto en el Estado y el mercado)

Siempre se ha dicho que no teníamos sociedad civil en España. Nos lo decíamos nosotros mismos, con ese 'quejío' de bar tan característico español. Pero también nos lo decían los que venían de fuera. Victor Mallet, el corresponsal del 'Financial Times' de 2008 a 2012, se sorprendía de ver la escasa presencia e independencia de los 'think tanks', los intelectuales y los líderes de opinión en nuestro país. Y cuando lo ponía sobre la mesa con la, a su vez, característica sorna del inglés intelectual que nos mira por encima, a mí me dolía, porque era una verdad contrastada y no una verdad cualquiera. Una verdad de la que depende un tercio de nuestro verdadero desarrollo democrático.

Pero a lo largo de los últimos cinco años, hemos ido viendo cómo la sociedad civil se ha ido despertando, desperezando y estirando. Quizás podamos hablar del 15M como origen del movimiento ciudadano en España. Un movimiento que ha tenido unos años de silencio y que ha vuelto a la trinchera política en las pasadas elecciones autonómicas y municipales que vieron consagrarse en alcaldesas de Madrid y Barcelona a una jueza desligada del entorno político del momento y a una activista social. Las diferentes iniciativas ciudadanas del 15M fueron incluso pioneras en el mundo entero, inspirando otros movimientos ciudadanos en Estados Unidos como Occupy Wall Street. En esta ocasión, España lideraba al mundo anglosajón.

Pero la sociedad civil de un país va más allá de un movimiento ciudadano. En Vinces hemos identificado seis categorías de 'stakeholders' con suficiente presencia y poder como para articular las diversas demandas sociales y definir la agenda social frente a los poderes públicos y las compañías: asociaciones de intereses (empresariales, sindicales, de consumidores, etc.); ONG y fundaciones; 'think tanks'; medios de comunicación y foros; comunidades e 'influencers' digitales; y escuelas de negocio y universidades.

Los ciudadanos quieren saber si ha habido corrupción en la gestión pública, y los escándalos han acelerado el descrédito del Estado, las empresas y los mercados

De estas plataformas depende, como decíamos, un tercio de nuestro desarrollo democrático. Los otros dos tercios les corresponden a las empresas, al mercado y al Estado. La forma del triángulo integrado por “Estado, empresas y mercado y sociedad Civil” determina la calidad democrática de un país. Podríamos decir que nuestro triángulo, el español, era como una pirámide invertida, donde el proceso de toma de decisiones lo lideraban en la cúspide actores públicos y algunos decisores empresariales privilegiados. Pero ese triángulo se está invirtiendo para recuperar su forma natural.

Si algo bueno nos ha traído la crisis económica es que se mira más cómo se gestiona el escaso dinero público. Los ciudadanos quieren saber si ha habido corrupción en esa gestión, y los escándalos han acelerado el descrédito ya existente de las instituciones del Estado, de las empresas y de los mercados. Unos y otros carecen de legitimidad social, entendida como la virtud de una institución de ejercer su poder disfrutando al mismo tiempo de la confianza y credibilidad de una sociedad que se ve afectada por su actividad.

El hecho de que la sociedad civil se haya erigido en actor influyente viene muy determinado por la tecnología. La tecnología ocupa un papel fundamental en este despertar. Gracias a la tecnología los ciudadanos pueden acceder a mucha más información sobre los temas que les afectan. Pueden conversar, colaborar, conectar y actuar de una manera mucho más transversal. La tecnología nos empodera, nos despierta, nos permite actuar.

Las compañías por tanto, tienen que redimensionar su relación con la sociedad. Y esto va mucho más allá de la responsabilidad social corporativa

El afianzamiento de la sociedad civil española está impulsando un cambio en el Estado y en las compañías. En la agenda política y regulatoria ya están temas que hasta hace dos años eran propios de la agenda social, como el movimiento que iniciaron ONG como Intermón Oxfam para combatir la evasión fiscal por medio de la transparencia. El resultado de este movimiento es la demanda estatal a las compañías de desglosar su contabilidad nacional para lograr una imposición más equitativa.

Por su parte, las compañías y el mercado, y sin perjuicio de que su objetivo fundamental y legítimo sea maximizar resultados en beneficio de los accionistas e inversores, comienzan a desarrollar un cierto liderazgo comprometido con las problemáticas sociales y medioambientales, o incluso nacen con el objetivo último de ofrecer soluciones a través de su propia actividad. En general, se están viendo obligadas a cambiar de manera radical su relación con la sociedad si quieren ser actores relacionados en un ecosistema donde emergen problemas que hasta ahora solo los Estados y los organismos internacionales se encargaban de afrontar. Las compañías ya no pueden contemplar a sus consumidores como los contemplaban en los años 80 y 90. Ahora los consumidores son ciudadanos empoderados que se identifican con unos valores. Los propios empleados de las empresas son ciudadanos empoderados. Las compañías por tanto, tienen que redimensionar su relación con la sociedad. Y esto va mucho más allá de la responsabilidad social corporativa. Estamos hablando de dimensiones como el poder, la legitimidad y la gobernanza.