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El aborto: legal, gratuito e ingrato
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Aurora Nacarino-Brabo

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El aborto: legal, gratuito e ingrato

No cabe aguardar un cambio legislativo que deshaga el consenso actual sobre el aborto. No hay mayoría social para ello, como ha demostrado Vox en Castilla y León

Foto: El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox). (EFE/Mariam A. Montesinos)
El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox). (EFE/Mariam A. Montesinos)
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En 1978 se celebró en La Habana el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Participaron cerca de 20.000 personas de 145 países, afiliadas a organizaciones políticas de amplio espectro ideológico. La delegación española estaba formada por 153 integrantes, que llegaron a Cuba a bordo de un buque ruso, el Leonid Sobinov: salieron de Barcelona, hicieron escala en Lisboa y cruzaron el Atlántico hacia las Antillas. Casi la mitad eran miembros del PCE y del PSOE, pero había también militantes de Falange, nacionalistas catalanes o cristiano-demócratas de la cuerda de Gil Robles y Ruiz-Giménez. En la embarcación viajaban otros europeos —portugueses, italianos y griegos, sobre todo—, aunque también había exiliados de las dictaduras brasileña, argentina o chilena.

Como la travesía fue larga, dio para mucho. Una noche, los pasajeros provocaron un pequeño incendio al derramar una queimada de orujo gallego sobre la cubierta. La tripulación rusa trató entonces de establecer un toque de queda que pusiera coto a las fiestas de los españoles. No tuvo éxito. También se organizó un motín contra el apio, omnipresente, al parecer, en las comidas: una manifestación recorrió la nave de proa a popa, y los estudiantes prendieron en su ropa unos pins con el mensaje: "Apio, no, gracias".

Foto: Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. (EFE/Nacho Gallego)

Todo esto lo sé porque mis padres, militantes del PSOE, iban en ese barco. El libertinaje terminó al llegar a destino, donde la delegación se movió por la isla en un autobús destartalado, bajo la vigilancia constante de la policía castrista. Si repartían octavillas socialdemócratas por la ciudad, de regreso al autobús las encontraban todas reunidas de nuevo en un montón, requisadas pacientemente por la siniestra e invisible escolta. España estaba a punto de aprobar su Constitución democrática tras cuatro décadas de franquismo, mientras Cuba vivía un presente comunista de horizonte eterno. La distancia ideológica y geográfica entre los dos países era grande, pero cualquier océano es un charco sobre el puente de un idioma compartido.

Así, el español permitió una comunicación que el hermético régimen cubano vivía como una amenaza, y enseguida hizo florecer complicidades y afectos. Cuba era un mito y un misterio, y suscitaba mil interrogantes en aquellos jóvenes politizados. Como el isleño que tenían más mano era Chamizo, el conductor del autobús, pronto trabaron cierta amistad, y sobre él volcaron toda su ansiosa curiosidad. En una ocasión, mi padre le preguntó si allí el aborto era gratuito. En España, la primera legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo no llegaría hasta 1985. A Chamizo le entraron sudores fríos cuando escuchó la pregunta, porque instintivamente sabía que cualquier interpelación política podía tener trampa, y porque en la isla hasta las paredes escuchaban. ¿Que si el aborto era gratuito? Miró a un lado y a otro, vacilante, y al fin dijo. "Aquí, en Cuba, todo es muy grato". Salvado.

Efectivamente, la interrupción del embarazo era una práctica que cubría la sanidad pública cubana desde los años 60, lo cual da cuenta de lo apresurado que es trazar equivalencias entre el aborto y la democracia. Irlanda, una república europea cuya tradición democrática se remonta a su emancipación del Reino Unido en 1922, no lo legalizó hasta 2018. En Estados Unidos, que es la democracia más antigua del mundo, el Tribunal Supremo dictaminó hace un año que los sujetos políticos competentes para regular la interrupción del embarazo son los estados, poniendo fin a la histórica resolución Roe vs. Wade, de 1973, que amparaba el aborto en todo el territorio nacional. Este mismo fin de semana ha tenido lugar en Washington una movilización antiabortista masiva, bajo el lema de "Marcha por la vida".

Foto: El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. (EFE)

La última vez que el CIS preguntó a los españoles su opinión sobre el aborto, en 2011, un 26% se declaró en contra. Eso significa que tres de cada cuatro personas en nuestro país eran favorables entonces a que las mujeres pudieran interrumpir libremente su embarazo dentro de los límites que establecía la ley. Sería interesante conocer cómo han evolucionado esas preferencias en la última década, pero, en todo caso, seguramente sea precipitado concluir que el aborto sea un debate cerrado. No solo porque la discusión siempre esté abierta en un sistema pluralista, sino porque existe un nicho no despreciable de votantes para los cuales el aborto colisiona frontalmente con sus convicciones morales, y toda demanda encuentra en el mercado político una oferta de representación.

Que el aborto suscite una controversia mayor que otras leyes de contenido social cuya aprobación es posterior —la hoy incontestada ley de matrimonio igualitario es un buen ejemplo— apunta a la delicada naturaleza del debate. Es fácil acordar que en la regulación del aborto intervienen preceptos éticos más complejos que los que operan, pongamos por caso, en la política fiscal. La trascendencia de establecer plazos de interrupción del embarazo no encuentra semejanza con la delimitación de tramos del IRPF. Y eso no se resuelve proclamando que el aborto es un derecho —eso es solo una obviedad—. Porque el derecho no es una verdad revelada, sino una convención que nos sirve, precisamente, para dirimir conflictos en los que no hay certeza. ¿Por qué es lícito abortar hasta cierta semana del embarazo y no lo es el minuto posterior? Porque así lo hemos acordado.

"Las características de la discusión en torno al aborto no presagian su desaparición definitiva de la conversación pública"

Como dice Gregorio Luri, la persona tiene la dignidad que le queramos dar; pero la discusión es incluso previa a su consideración moral. ¿Qué es —y desde cuándo— una persona? Es una pregunta a la que puede responderse desde la taxonomía que filia las especies, desde la teología, desde la antropología o desde el código civil. Según la legislación española, la personalidad se adquiere con el nacimiento. Pero esto es así desde el año 2011: hasta entonces, solo se reconocía dicho estatus al nacido que sobrevivía al menos 24 horas fuera del útero materno. Muerto antes de ese plazo, se consideraba una criatura abortiva.

Las características de la discusión en torno al aborto no presagian su desaparición definitiva de la conversación pública. No solo por la fuerza de los postulados normativos que la sustentan, sino porque lo normativo tiende a interactuar con lo estratégico o lo táctico en la vida política. Así, su facultad divisiva nos anuncia su recurrente aparición, especialmente en momentos de confrontación electoral enconada: la cacareada polarización. Con todo, no cabe aguardar un cambio legislativo que deshaga el consenso actual sobre el aborto. No hay mayoría social para ello, como ha demostrado Vox en Castilla y León: la "derecha valiente" ya se conforma con un aborto legal, gratuito e ingrato.

En 1978 se celebró en La Habana el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Participaron cerca de 20.000 personas de 145 países, afiliadas a organizaciones políticas de amplio espectro ideológico. La delegación española estaba formada por 153 integrantes, que llegaron a Cuba a bordo de un buque ruso, el Leonid Sobinov: salieron de Barcelona, hicieron escala en Lisboa y cruzaron el Atlántico hacia las Antillas. Casi la mitad eran miembros del PCE y del PSOE, pero había también militantes de Falange, nacionalistas catalanes o cristiano-demócratas de la cuerda de Gil Robles y Ruiz-Giménez. En la embarcación viajaban otros europeos —portugueses, italianos y griegos, sobre todo—, aunque también había exiliados de las dictaduras brasileña, argentina o chilena.

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