Podemos o el colapso de la superioridad moral

De un tiempo a esta parte, todo es relato en España. La nueva política ha contribuido a su importancia: la aparición de nuevas formaciones con la quiebra del bipartidismo dio voz a una nueva generación política que tenía una ventaja sobre los partidos tradicionales: no tenía pasado. Podía, por tanto, competir electoralmente con narrativas.

Una de ellas era el diagnóstico sobre la gestión siempre imperfecta de quienes sí habían tenido responsabilidades de gobierno. En un contexto de crisis económica y social aderezada con dosis de corrupción, como la que siguió a la Gran Recesión, la narración se construía sola. El juicio era severo y a menudo también justo. A ese relato de diagnóstico acompañaba otro de promisión. Los nuevos partidos, aseguraban sus portavoces, no cometerían los errores de los viejos, serían honrados, dignificarían la política y pondrían en marcha proyectos sociales ambiciosos: acabarían con la pobreza infantil, con el paro juvenil, y con la riqueza solo para unos pocos; pondrían fin a la brecha entre hombres y mujeres, harían de la vivienda un bien accesible y plantarían cara a las compañías eléctricas. El programa electoral lo aguanta todo.

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En el caso de Podemos, había algo más. La explotación del relato no era solo una táctica electoral, sino que tenía que ver con los fundamentos estratégicos y normativos que sostenían el proyecto. Sus líderes se habían formado en el populismo teórico de Ernesto Laclau y en un posestructuralismo que, desde Lacan, Barthes y Derrida, y partiendo de Saussure, proclamaba que el lenguaje moldea el pensamiento y la cultura, y construye así la realidad: todo aquello de los significantes vacíos y la hegemonía.

Podemos se hizo especialmente fuerte en el relato feminista y lo usó en su dialéctica antagonista: adoptó el morado asociado a la causa de la mujer como color corporativo, e incluso cambió su nombre para conjugarlo en femenino, Unidas Podemos. Es cierto que la operación tenía algo de campaña de marketing para un lavado de la marca: al partido lo votaban proporcionalmente pocas mujeres y no conseguía librarse ―comprensiblemente― de esa imagen de organización que funciona como un serrallo.

Como fuere, sucede que no se puede vivir del relato eternamente. Al final hay que pasar de las palabras a los hechos, y entonces se impone la rendición de cuentas. Siempre que la izquierda ha renunciado a ser liberal, ha naufragado en ese tránsito de la teoría a la acción. Lo dijo Bernstein: el socialismo, o es una corriente del liberalismo, o no es más que una doctrina mesiánica y salvaje. La nueva izquierda no es una excepción, y parece que se le atraganta la tesis once de Marx sobre Feuerbach.

Pero, dado que hoy es un partido de gobierno, cabe ya analizar cuál ha sido la aportación de Podemos a la política española. Basta que nos fijemos en la propuesta estrella de la formación, amadrinada por Irene Montero y hecha después suya por todo el consejo de ministros, incluido el presidente del Gobierno: la llamada ley del solo sí es sí.

Recordemos que el caldo de cultivo de la norma es la reacción de indignación, amparada y promovida por Podemos, contra los jueces del caso de La Manada en 2018, cuyos acusados fueron sentenciados primero a nueve y luego a quince años de cárcel ―por aportar contexto: las penas por homicidio en España oscilan entre los diez y los quince años de prisión.

Aquel fue un juicio celebrado en un clima de presión social y mediática excepcional y asfixiante, en el que se pusieron en circulación algunas de las ideas que nos han traído hasta aquí: el señalamiento de los jueces y de una justicia patriarcal que no protege a las mujeres; el credo de que la distinción entre abuso y agresión niega la centralidad del consentimiento en los delitos sexuales ―y su derivada hecha eslogan: solo sí es sí―; y aquel otro grito: "Hermana, yo sí te creo", que desplazó los hechos del proceso judicial para dejar vendidas a las víctimas a la veleidad de la confianza ―pienso en Dolores Vázquez, a la que solo la evidencia absolvió de un crimen del que la opinión pública la había encontrado culpable: a ella no la creyeron.

El perjuicio infligido es incalculable, seguirán produciéndose rebajas de penas conforme se evalúen a la luz de la ley vigente

Ese es el ambiente emocional e ideológico del que parte la redacción de una ley que el gobierno más feminista de la historia anunció como el mayor avance para los derechos de las mujeres en décadas. El relato se hizo carne y habitó entre nosotros, y ahora llega el momento del despiece.

La ley perseguía una mejor protección de las mujeres frente a los agresores sexuales. Lo que tenemos es un goteo de revisiones de pena favorables a los condenados por estos delitos. Cuando escribo esta columna ya son más de trescientos los beneficiados. Es tarde ya para el antipunitivismo cabal: todos escuchamos los discursos que siguieron al juicio de La Manada, y que dibujaron el retrato de un país de violadores impunes y mujeres amenazadas. Hoy escuchamos un mensaje cobarde y desquiciado: el punitivismo no es la solución, pero las reducciones de condena son culpa de unos jueces que aplican mal la ley; que prevarican.

Ahora nos anuncian que darán marcha atrás ―para este viaje no hacían falta alforjas― para reducir los daños ocasionados por la norma. Pero no se refieren a los ocasionados a la sociedad, sino a la reputación del Ejecutivo. "Vamos a hacer lo que sea necesario para proteger este Gobierno de coalición", ha dicho Irene Montero. El perjuicio infligido es incalculable, y no solo porque el mal ya esté hecho; seguirán produciéndose rebajas de penas conforme se evalúen a la luz de la ley vigente las revisiones de caso que hayan sido solicitadas.

Ojalá sirva, al menos, para que en adelante nos dispensen de sus homilías sobre feminismo

Hay más. A la desprotección efectiva de las víctimas de violación hay que añadir el menoscabo de la justicia ―pilar fundamental del Estado de derecho―, y la postración de la política, degradada en un ejercicio de exhibicionismo moral, sectarismo ideológico y pésima técnica jurídica que ha alumbrado finalmente un bodrio legal. Todo ello con la complicidad del PSOE, de los ministros socialistas y del propio presidente del Gobierno.

Si a la causa que decía más elevada, la de la mujer, ha reservado Podemos lo peor del derecho penal, pueden hacerse una idea del resto. Esta es la gran aportación de la formación morada a la política española. Ojalá sirva, al menos, para que en adelante nos dispensen de sus homilías sobre feminismo. Para que nos ahorren las lecciones de superioridad moral. Ya no hay relato que valga.