La invención de las leyes-relato

La mentira en política tiene un precio mucho más alto de lo que pensamos. No es solo la afrenta a los ciudadanos o el desprecio a las instituciones: es también el coste de oportunidad de tener que refutarlas. Hay un lucro cesante en este tiempo que invertimos, tan pacientemente, en desenmascarar las trolas. El valor de esa pérdida son los debates importantes que no abordamos, las necesidades que no llegan a la agenda, las reformas estructurales que no se aprueban.

La ley del solo sí es sí es un buen ejemplo. La gran mentira que nos contaron sus promotoras es que la norma pone el consentimiento, por fin, en el centro de la doctrina legal sobre la libertad sexual. Docenas de juristas llevan semanas explicando que el consentimiento ya estaba en la base de la legislación contra los delitos sexuales, y ahora hasta en el Gobierno de coalición lo admiten. El ejercicio de señalar lo obvio —que el sexo consentido entre adultos no es delito— es ingrato y fatigoso, pero bien está. Sin embargo, conforme se supera esta mentira se van gestando otras. El nuevo relato es el siguiente: que la ley era bienintencionada y que, aunque ha tenido "efectos inesperados", en muchos aspectos es una ley pionera.

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I.G.

Me pregunto qué idea extravagante de la rendición de cuentas tienen nuestros gobernantes para, al ser fiscalizados sobre su acción política, responder eso: que ha tenido "efectos inesperados". Como niños que se hubieran puesto a mezclar compuestos químicos en tubos de ensayo con el explosivo resultado de la voladura del laboratorio: cómo iban a saberlo. Las buenas intenciones —esa bula moral que la izquierda ha disfrutado históricamente en régimen de monopolio— tampoco cuelan cuando la avería tiene unas consecuencias tan crudas y, ciertamente, no hay narrativa que pueda contrarrestar un contador vertiginoso de violadores gratificados.

En cuanto a los aspectos pioneros de la norma, circulan renovados bulos. Que la sumisión química es delito gracias a ella es uno de los más populares: el Código Penal ya castigaba a quienes se sirvieran de "fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química" para abusar sexualmente de alguien.

Pero concederé que hay algo radicalmente novedoso en esta manera de legislar: han inventado las leyes-relato. En las leyes-relato lo importante, más que el impacto del texto jurídico sobre la sociedad, es el lenguaje. Es una noción muy del gusto del populismo teórico a la Laclau: que las palabras son performativas y construyen la realidad. Así, tanto da si eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual favorece a los violadores, porque el verdadero avance feminista se ha producido en la hermenéutica.

En las leyes-relato lo importante, más que el impacto del texto jurídico sobre la sociedad, es el lenguaje

En las leyes-relato como la del sí es sí —vale también para la ley trans o la de bienestar animal—, lo más importante es la exposición de motivos, esa parte introductoria y justificativa del texto que no tiene fuerza normativa. Es decir, se antepone la retórica al derecho. Y en su retórica la ley es ambiciosa: a la exposición de motivos siguen sesenta y un artículos donde lo más pionero que se observa es el simbolismo.

Predominan los artículos-brindis-al-sol, que por sus verbos conoceréis: los poderes públicos "promoverán", "fomentarán", "impulsarán", "velarán"... Y por sus muy rimbombantes sintagmas nominales: "Reparación simbólica", "compromiso colectivo", "acciones de rechazo". Otra novedad, muy con los tiempos, es la creación de una "mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales". Suena bien.

De lo que no hay rastro es de la dotación presupuestaria necesaria para mejorar la protección de las víctimas, y es una pena, porque los expertos no se cansan de señalar que el problema no es jurídico, sino de recursos: que hacen falta más medios para las oficinas de atención a las víctimas, los equipos psicosociales, las clínicas médico-forenses, los juzgados, la fiscalía. Pero no hay nada de esto, quizá porque el anteproyecto partió del Ministerio de Igualdad, y esas son competencias del Ministerio de Justicia. Pero entonces cabe hacerse alguna pregunta sobre la utilidad del Ministerio de Igualdad y sobre el carácter colegiado del Consejo de Ministros.

De lo que no hay rastro es de la dotación presupuestaria necesaria para mejorar la protección de las víctimas

Otros artículos reconocen derechos que ya existen, como el de los huérfanos de la violencia de género a percibir una pensión, el de la mujer víctima a adaptar su puesto de trabajo de acuerdo con las necesidades de su situación o el de recibir asistencia integral y especializada. Solo se crea una prestación nueva —una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desemple —, pero su regulación se difiere a un decreto que no se ha aprobado, y no hay partida en los presupuestos generales para dotarla.

Entonces, ¿dónde está lo sustantivo de la ley? Pues agazapado en la disposición final cuarta, que modifica el Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual. Nos dicen que no es mal balance: que la ley tiene sesenta y un artículos y solo ha habido problemas con una disposición final. Es incontrovertible, lo que pasa es que esa disposición era el único elemento no homeopático de la ley.

Este país merece legisladores que se tomen en serio la función legislativa. Quién sabe qué otras trolas del relato tendremos que desmentir la semana que viene.