Javier Maroto y el Club de los 5.000 euros

Un diputado que acaba de estrenarse esta legislatura en el Congreso me contó que, hace poco, un amigo, veterano del partido, le felicitó por haber entrado en “el Club de los 5.000”. Él no entendía bien a qué se refería su interlocutor. Estaba justo buscando piso para instalarse en Madrid y dudó si tal vez se referiría a algún lugar de moda en la capital:

—¿Qué es eso del Club de los 5.000?
—Pues de los que cobramos 5.000 euros, claro.

Por lo visto, lo bueno del Club de los 5.000 es que una vez que entras en ese estrato de la política española es muy difícil que salgas, le explicaba el veterano al político novato. Es una tranquilidad, añadía, porque aunque dejes de ser diputado, si muestras lealtad, el partido ya se encargará de recolocarte en algún sitio de la política local, europea o nacional en el que mantengas ese estatus. Puestos a recolocar, un partido puede incluso recolocar a sus miembros en cualquier parte del mapa de España que se le antoje. Y sin desplazarlos físicamente, que tiene mérito. Sin ir más lejos, a Sotosalbos. Allí ha ubicado el Partido Popular a Javier Maroto. El político vasco es ahora presunto vecino de este pueblo segoviano de 113 habitantes, sin haberlo siquiera pisado nunca.

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El que fuera responsable de la campaña electoral de Pablo Casado en las generales, y número tres del partido, se quedó sin escaño después de la debacle electoral del PP del 28 de abril, cuando pasó de 137 a 66 escaños. Sin embargo, por obra y gracia de los tejemanejes del pacto PP y Cs en la Junta de Castilla y León, Maroto se ha convertido en vecino de este pueblo de la Sierra de Guadarrama. No le ha hecho falta acercarse hasta allí ni a empadronarse. El objetivo era nombrarlo senador autonómico por Castilla y León. Es lo que tiene ser del Club de los 5000.

Cuando Maroto era alcalde de Vitoria (entre 2011 y 2015), cobraba ya unos 70.000 euros más los pluses del partido. Luego accedió a las Cortes en octubre de 2016, cuando el exministro de Sanidad Alfonso Alonso renunció a su puesto en la Cámara Baja para incorporarse al Parlamento vasco. Como diputado, según el portal Sueldos Públicos, cobraba 5.742 euros. Después de tantos años en el Club de los 5.000, Maroto no podía quedarse compuesto y sin cargo tras no lograr su escaño por Álava el 28 de abril. Como para entonces ya estaban hechas las listas para municipales, europeas y autonómicas de mayo, el partido no pudo recolocarlo en ninguna de estas.

Maroto, número tres del partido, se quedó sin escaño después de la debacle electoral del PP del 28 de abril, cuando pasó de 137 a 66 escaños

Con los votos del PP y el apoyo de Cs en segunda votación, la semana pasada Maroto fue designado senador autonómico, donde sustituiría a Ignacio Cosidó. El portavoz del grupo en el Senado gana unos 6.000 euros brutos al mes. Desde el PP, algunos compañeros de Maroto reconocen cierta “vergüenza ajena” ante lo que les parece “una práctica indefendible”. No todo el mundo en el Partido Popular está de acuerdo con este nombramiento a la 'remanguillé', no solo por falta de ética, también porque desde el punto de vista político consideran que debilita la credibilidad de un partido que ya salió muy tocado en las últimas elecciones. Las críticas internas, de momento, son ‘off the record’.

El PSOE ya ha anunciado que llevará el caso a los tribunales si el PP no rectifica, porque ve en el empadronamiento de Maroto en Sotosalbos indicios de irregularidad. En las elecciones generales, como explicaba Rafa Méndez en este periódico hace unos días, también muchos ministros del PSOE fueron por circunscripciones con las que no tenían prácticamente ninguna vinculación (Marlaska por Cádiz, Margarita Robles por Ávila y Pedro Duque por Alicante), pero ser cabeza de lista al Congreso por una circunscripción no exige empadronarse allí. En el caso de los senadores por designación autonómica, sin embargo, sí es requisito.

El PSOE ya ha anunciado que llevará el caso a los tribunales si el PP no rectifica, porque ve indicios de irregularidad

Además, consideran los socialistas que el caso de Maroto, que ha cambiado precipitadamente hasta de comunidad para representar a los ciudadanos de una región a la que no le une ningún lazo, es mucho más sangrante. Debe de ser que el apelotonamiento de tantas elecciones en pocos meses dificultó la discreción con la que habitualmente los partidos llevan a cabo las prácticas del Club de los 5.000.

Los vecinos controlan más que los partidos

El empadronamiento fantasma de Maroto en un pueblo que nunca ha pisado no es una simple anécdota. Es un síntoma del clientelismo tristemente habitual de los partidos políticos en España, cada vez más alejados de la meritocracia. Es también una causa más de su descrédito. En un breve pero certero libro titulado ‘Desprivatizar los partidos’ (Ed. Gedisa), José Antonio Gómez Yáñez y Joan Navarro analizan los rasgos patológicos de los partidos políticos en España y cómo han ido ocupando espacios institucionales de manera oligárquica.

Advierten ambos sociólogos de lo dañina que resulta la acumulación de poder en los partidos políticos españoles, que cada vez ocupan más espacios de poder, muchos de ellos destinados precisamente a controlar sus propias actividades. “Un partido político español tiene menos obligaciones de control y transparencia de sus cuentas y funcionamiento que una comunidad de vecinos”, explican en el libro. Como consecuencia de la prolongación de mandatos y de la concentración de poder interno, el éxito de la supervivencia en una organización política depende de lealtad a grupos cada vez más limitados de personas. Esto facilita la creación de redes clientelares, en las que los espacios de debate y discrepancia interna desaparecen.

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En las antípodas del caso Maroto está el de Francisco de la Torre, diputado y responsable en materia fiscal de Ciudadanos, que acaba de anunciar que abandona su puesto en la ejecutiva del partido de Rivera por discrepancias con este. De la Torre abandonará su acta de diputado y volverá en septiembre a su puesto de inspector de Hacienda, en el que por cierto se gana más que como diputado. El problema no es lo que cobran los políticos, tal vez atraer a los mejores requiera subirles el sueldo. El problema es que nuestro sistema de partidos, con listas cerradas y bloqueadas, impide que los ciudadanos expresen sus preferencias en las urnas por aquellos representantes que mejor defiendan sus intereses. Con el sistema actual, el sueldo de los políticos no depende de que estos trabajen para el bien de los ciudadanos, sino por el bien del líder de turno de cada partido. Que se lo digan a los vecinos de Sotosalbos.