Segundo Párrafo
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El mayor escándalo de la pandemia
Lo más preocupante es que si los gobiernos no saben lo que ha sucedido en las residencias, difícilmente pueden asegurar que aquellos errores, aquellos horrores, no vayan a repetirse
El Gobierno ha convocado durante la pandemia por coronavirus unas 200 ruedas de prensa y respondido en ellas a más de 1.600 preguntas. Presume a menudo de ello. Pero hay una que nunca responde. ¿Qué ha pasado en las residencias de ancianos en España? El Ejecutivo sigue esquivando esta cuestión, que ayer mismo volvieron a hacerle sin éxito en la rueda de prensa de Moncloa posterior al Consejo de Ministros. No la responde porque no puede. No puede porque no lo sabe.
Lo más sorprendente de todo es que el Gobierno argumenta sin sonrojarse que carece de datos fiables, como si esta fuera una excusa y no la raíz del problema. Sanidad alega “discrepancias” con la información proporcionada por las comunidades autónomas, que desde el 23 de marzo estaban obligadas a actualizar los datos de las residencias al ministerio dos veces por semana. Son tantos los errores en los datos que desde marzo han proporcionado las comunidades autónomas que no es posible dar una cifra verosímil de fallecimientos en residencias. Hace un mes, Pedro Sánchez se comprometió a divulgar esa cifra. Sigue sin hacerlo.
Poco a poco, va quedando en evidencia la desastrosa gestión de algunas autonomías en los centros de mayores, tétrico escenario del 67% de las muertes durante el estado de alarma. También lo ha sido la coordinación gubernamental. Hay comunidades que han proporcionado fechas incoherentes (en las que a medida que avanzan los días sus fallecidos en residencias disminuían en vez de aumentar), otras han omitido las causas de la muerte, las hay que no han contado los residentes que fallecieron en hospitales y otras incluso aportan cifras contradictorias entre sus propias consejerías. En medio del desbarajuste, hay incluso dos autonomías que han comunicado los datos una sola vez en tres meses y al menos una que no ha proporcionado ninguna información a Sanidad de lo ocurrido en sus centros de mayores. El Gobierno, de momento, no quiere desvelar cuál es.
La ministra María Jesús Montero quiso quitarle importancia a las incoherencias del informe interno de Sanidad que analiza lo sucedido en las residencias (ella lo llama “borrador”), en el que Sanidad admite la mala calidad de esos datos. Alega la portavoz que “aún no está completado”. Y aunque trate de ser protocolaria, tal vez esta sea la respuesta más demoledora de todas. La constatación del gran fracaso. Tanto de los gobiernos autonómicos como de los controles estatales. Confirma que carecemos a mediados de julio de información actualizada sobre el número de personas fallecidas en las residencias, de las causas y de las fechas. Tampoco sabemos los nombres de las víctimas. Solo sabemos que ascienden, al menos, a 27.359 (entre confirmados, sospechosos de covid-19 y otras causas), aunque el propio informe del ministerio reconoce que hay una gran “discrepancia” en esa cifra y podría haber hasta 5.500 fallecidos más.
Opinión ¿En serio han tenido que pasar cuatro meses para que Sanidad reconozca que los datos de las comunidades autónomas sobre las residencias no son fiables? ¿No podía haberlos reclamado antes? ¿Cómo decidieron que de las más de 7.000 residencias que hay en España solo 391 necesitaban ser intervenidas si a estas alturas aún el ministerio no sabe qué ha pasado en cada una? ¿Qué comunidades han hecho una buena gestión y cuáles han incumplido su obligación de facilitar los datos? ¿Cuándo se va a dotar a los servicios de Salud Pública de los medios que necesitan para procesar la información crucial en medio de una pandemia? ¿Cuándo habrá un nuevo protocolo de actuación que subsane los errores anteriores?
La gestión de las residencias era competencia de las autonomías. Eso no cambió con el mando único, por más que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo haya utilizado repetidamente como excusa para esconder las negligencias de su propia gestión. Pero el ministro Illa sí podría haber centralizado al menos la información de las residencias para no actuar a ciegas durante la crisis. Solo Madrid y Cataluña suman más de 10.000 fallecidos en residencias, son el epicentro de la tragedia. No son cifras, son personas. Entre las comunidades más afectadas, atendiendo a las cifras preliminares en proporción al número de fallecidos, las hay donde más del 80% de los fallecidos por coronavirus estaba en residencias: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Y mientras los gobiernos de todos los colores se pasan la pelota, la Fiscalía tiene más de 200 investigaciones en relación con la crisis del coronavirus en las residencias para esclarecer los hechos (la mayoría, en la capital).
Cada vez hay más evidencias del desamparo que vivieron los ancianos en las residencias en lo peor de la pandemia. A la falta de medios se sumó la ausencia de coordinación entre unos gobiernos y otros. Cuatro meses después de decretar el estado de alarma, lo que es seguro es que Sanidad todavía desconoce cuántas personas han muerto en los centros de mayores ni sabe en qué condiciones. Deberían, por tanto, tener el pudor de dejar de presumir de transparencia, porque ser incapaz de gestionar los datos tiene el mismo efecto que ocultarlos. Lo más preocupante es que si los gobiernos no saben lo que ha sucedido en las residencias, difícilmente pueden asegurar que aquellos errores, aquellos horrores, no vayan a repetirse. No es un aprendizaje que necesitemos para el año que viene, sino para ya. El mayor escándalo de la pandemia es que seguimos sin estar preparados por si se repite.