¿Descentralizar las instituciones? Vale, pero también las manifestaciones

En Madrid se celebran unas diez manifestaciones al día. Unas 3.600 este año. Hoy, los camioneros; ayer, los agricultores; mañana, los loteros. De toda España vienen a diario a protestar por las calles de la capital. Últimamente también han sacado las pancartas policías y sanitarios, pensionistas e interinos. Viajar a Madrid a quejarse de algo es tan típico como ir a ver un musical. Seguro que a veces son los mismos, que ya que se hacen el viaje aprovechan luego para ver El Rey León.

Entre la Castellana y Atocha, pasando por la Carrera de San Jerónimo, raro es no encontrar algún colectivo con megáfono en mano preguntando quién da la vez a la puerta de los ministerios. Para un madrileño es mucho más fácil encontrarse una manifestación que un médico de atención primaria.

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EFE

La capital ejerce con su poderío centralista una especie de dumping del descontento del que, sin embargo, fuera de la M-30 nadie se queja. Madrid lleva siglos adueñándose del mercado de la queja. ¿Cómo es que de este reparto tan poco equitativo nadie reclama su parte?

Ahora que el Gobierno ha reabierto el debate de descentralizar las instituciones y las empresas públicas, ya que desde comunidades como Galicia, Aragón y Valencia están insistiendo en un mayor reparto de las sedes del poder del Estado, sería buen momento de debatir también un reparto proporcional de las manifestaciones.

Uno de cada tres funcionarios de la Administración del Estado están en Madrid

Madrid reúne 233 sedes de instituciones, organismos y entidades públicas estatales, incluidos el Museo Naval, el Instituto español de Oceanografía y la Confederación Hidrográfica del Tajo, aunque aquí no haya ni barcos, ni océanos ni Tajo. La Comunidad reúne cerca del 70% de los organismos públicos y uno de cada tres funcionarios de la Administración del Estado están en Madrid. El Gobierno de Sánchez proponía descentralizar algunas instituciones, para que se distribuyan más organismos oficiales por todo el territorio nacional, pero como ha visto que no siempre sería fácil convencer a las familias de funcionarios de mudarse a Soria, al final la propuesta se ciñe a organismos de nueva creación, para que más ciudades de la España vacía toquen algo de poder y, de paso, de empleo público.

En Almendralejo ya están dándole vueltas a ver qué les puede tocar. En Cádiz querían el Constitucional en honor a la Pepa, pero como se ha descartado sacar de la capital instituciones centrales del Estado, la descentralización ha empezado de a poco. La UNED pondrá dos centros en Alcañiz y Ponferrada. A Cáceres le tocará el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía; el Museo Postal y Telegráfico de Correos estará en Toledo y el Centro de Estudios Penitenciarios del Estado abrirá en Cuenca. Ninguno de ellos marcará un antes y un después en el reparto del poder territorial.

Descentralizar las manifestaciones solo tendría ventajas porque se les haría caso

Descentralizar las instituciones tendrá ventajas y desventajas, según se mire. Descentralizar las manifestaciones, sin embargo, solo tendría ventajas. Y no solo para los madrileños, claro. También los manifestantes encontrarían enormes beneficios. Para empezar, sería más probable que alguien les hiciera caso. En Madrid hay tantas protestas de importación que es difícil reparar en ellas, igual que raramente reparamos en los patos del estanque del Retiro, en la cola para entrar en el Museo del Prado o en la boina gris que cubre el cielo. Las manifestaciones son cosas que los madrileños sabemos que siempre están ahí pero apenas pensamos en ellas. Si nos parásemos a pensarlo, nos manifestaríamos para que se las lleven.