¿El Rey barato?

La Casa Real ha dado por primera vez a conocer esta semana el patrimonio del rey Felipe. El jefe del Estado tiene ahorrados cerca de 2,5 millones de euros. Para saber si eso es mucho o poco, es importante decidir con qué tiene sentido compararlo. Si lo comparamos con los 500 millones que 'The Times' le calcula a la fortuna de la reina de Inglaterra, no parece mucho. Más espinoso sería compararlo con los 1.800 millones de euros en los que 'The New York Times' calculaba hace una década la fortuna de su padre, el rey Juan Carlos, o incluso con los 65 millones que el emérito donó en 2012 a Corinna Larsen.

La clave no está en los 2,5 millones. El patrimonio declarado por Felipe VI es noticia, más que por la cantidad, por la declaración misma. Es la primera vez que un rey en España hace público su patrimonio. El comunicado de la Casa Real dice que lo tiene repartido sobre todo en fondos y depósitos (cuidado, Majestad, con la inflación). Según Zarzuela, Felipe VI no tiene ningún bien inmobiliario ni en España ni en el extranjero y también ha dejado caer que esto de hacer público el patrimonio de Felipe VI no tiene nada que ver con los escándalos financieros de su padre. Es más fácil creerse lo primero que lo segundo, lo que no quita que se trate de una decisión personal.

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Si el Rey declara el dinero que tiene, es precisamente para que dejen de compararlo con el emérito, cuya fortuna repleta de irregularidades sigue siendo un misterio entre lo inviolable y lo prescrito. Aclarar que padre e hijo no tienen comparación solo es posible, paradójicamente, comparándolos. Al fin y al cabo, si desde que asumió el trono en 2014 Felipe VI ha impulsado reformas para mejorar la transparencia de la institución, es precisamente por el desaguisado que se encontró tras la abdicación de Juan Carlos I y el fuerte coste reputacional que han tenido en la monarquía los escándalos del emérito.

Felipe VI empezó limitando los regalos que pueden aceptar los miembros de la familia real (ni yates, ni joyas ni Ferraris), y, además de hacer público su patrimonio, a partir de ahora el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar los gastos de la jefatura del Estado, según la reforma recién aprobada en el Consejo de Ministros. El objetivo es recuperar la confianza ciudadana mostrando más transparencia. No ayuda que la transparencia se haya mentado durante mucho tiempo en vano.

Cuánto cuesta una monarquía

Cuenta el catedrático Víctor Lapuente en el libro ‘Reinventando la tradición: las monarquías parlamentarias en el siglo XXI’ (Aranzadi, 2022) que cuando al primer ministro sueco Olof Palme le preguntaban en los ochenta cómo es que en un país tan avanzado como Suecia sobrevivía la monarquía, su explicación era concisa: “Es más barata”. De hecho, a menudo se piensa que las monarquías son más caras que las repúblicas para el Estado, pero no necesariamente. Si bien una monarquía tiene que sufragar los gastos de una dinastía, las repúblicas no solo tienen que sufragar los sueldos, residencias y fastos de sus presidentes, también las pensiones vitalicias de los que dejan de serlo, así como sus procesos de selección.

Desde que la Casa Real empezó a hacer públicos por primera vez los sueldos en 2011, a raíz del escándalo Urdangarin, se puso de moda presumir de que la española era la más barata de las jefaturas de Estado europeas. Eso decía el estudio 'El coste presupuestario de las monarquías en Europa', realizado en 2011 por el profesor belga de Administración y Finanzas Públicas Herman Matthijs, que analizaba ocho monarquías y varias repúblicas del continente. La jefatura del Estado más cara era la de Francia (112 millones), seguida de Reino Unido (45). La Casa del Rey de España tenía la dotación presupuestaria más baja (8,4 millones). Mientras se presumía de esta supuesta austeridad y presunta transparencia, el rey Juan Carlos amasaba una fortuna a espaldas de Hacienda.

Volviendo al libro mencionado de Lapuente, sin embargo, se deduce que las ventajas de las monarquías parlamentarias no residen tanto en que su coste sea menor que el de las repúblicas, sino en si están bien administradas para que los reyes puedan ser una fuente de mayor estabilidad política, protección social y prosperidad económica. Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega, Dinamarca… La lista es larga y, según este catedrático de la Universidad de Gotemburgo, se da la paradoja de que aquellos países que conservan la forma de Estado más arcaica de la historia, es decir, la monarquía, son también los que más han desarrollado su forma más moderna, entendiendo esta como el estado de bienestar. Pone de ejemplo los países nórdicos, que encabezan los 'rankings' internacionales de protección social.

¿Y qué tiene que ver la monarquía con el estado de bienestar? Una de las hipótesis que plantean los estudios que cita es que en aquellas sociedades en las que más se desarrolló la protección social en el siglo XX, el rol paternal del monarca hacía más comprensible la idea de que el Estado se preocupara por el bienestar de los súbditos. También el economista Mauro Guillén, que ha analizado las monarquías parlamentarias desde un punto de vista económico, llega a la conclusión de que las monarquías parlamentarias no solo pueden ser útiles como sistemas políticos, sino también rentables. En su análisis comparativo, la conclusión es que suelen ofrecer a sus ciudadanos niveles de bienestar más elevados que las repúblicas de su entorno y con menores cotas de desigualdad. Sus investigaciones, analizando los regímenes políticos de 137 países entre 1900 y 2010, también revelan que las monarquías parlamentarias sirven de contrapeso más efectivo que las repúblicas frente al efecto negativo que tiene la tendencia de políticos electos a perpetuarse en el poder y tejer redes clientelares.

Entre los argumentos a favor de la monarquía parlamentaria que se dan en el libro mencionado están la estabilidad política que da un rey como árbitro imparcial, por no estar sujeto a maniobras políticas, y las ventajas en la diplomacia internacional de tener un rey como símbolo viviente. Lo fundamental para que el modelo funcione es que sea percibida como un símbolo ejemplar y goce de la confianza ciudadana. Así que en pleno debate sobre la transparencia de la monarquía española y cómo auditar sus cuentas, seguramente tenga más sentido pedirle a una monarquía que sea útil y transparente a que sea barata.

Cuando el apoyo social falla, las bondades del modelo se resquebrajan. De ahí que la monarquía española esté tan preocupada en recuperar legitimidad social tras los escándalos del emérito. Y hacer pública la cifra de los 2,5 millones que el Rey tiene ahorrados puede que contribuya a reforzar la monarquía si la discusión se centra en mejorar la transparencia de la institución y no, como parece tentada buena parte de la opinión pública y no poca del arco parlamentario, en una discusión sobre lo mucho o lo poco que cobra el Rey y cuánto ahorra.

De poco sirven las cifras si no se acompañan de transparencia y ejemplaridad. La prueba está en que Juan Carlos I abdicó solo dos años después de que España empezase a publicar las primeras cuentas de Casa Real presumiendo de transparencia. Se utilizó como argumento de legitimidad tener la monarquía más barata de Europa. Tan barata que si el emérito hubiera pagado todos los impuestos que le correspondían, seguramente hasta nos saldría a devolver. Normal que Felipe VI haga todo lo posible para visibilizar la diferencia.