La batalla adulterada del salario mínimo

Este nuevo curso tenemos el mayor desafío económico de las últimas décadas. Tenemos la crisis energética, la de la cadena de suministro y tenemos la mayor inflación en 40 años; tenemos la duda de qué pasará este otoño con la pandemia; tenemos la deuda, la crisis climática y seguimos teniendo la guerra. Y todo esto lo tenemos, además, en un año electoral. Tenemos que buscar soluciones cuando tenemos en campaña a todos los partidos, hasta a los que no existen todavía.

El salario mínimo es uno de los mejores ejemplos del problema de enfrentar un contexto tan complejo en plena refriega preelectoral. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado esta semana en una entrevista en la SER que está preparando una subida del salario mínimo, que en España está en 1.000 euros brutos al mes, por debajo del 60% del salario medio actual que recomienda la OIT (que equivaldría a 1.078 euros mensuales en España).

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La propuesta de Yolanda Díaz no es en realidad nada nuevo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya declaró, a principios de julio, en una reunión con los agentes sociales, que el Gobierno estaba negociando un pacto de rentas a tres años que incluía un alza del salario mínimo para cerrar la legislatura en ese 60% del salario medio. Entonces la propuesta no creó especial polémica. Sin embargo, con la precampaña eterna la cosa cambia. Parece que hay más interés en azuzar la polémica del salario mínimo que en trabajar en el diálogo que ayude a llevarla a cabo.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo a principios del verano que los empresarios no se oponían a subir los salarios, que a lo que se oponen es a que se indexen a la inflación (con el consiguiente riesgo de provocar la llamada inflación de segunda ronda). Ahora, desde la patronal se están preparando para endurecer su postura frente a la subida del salario mínimo y acusan a la ministra de Trabajo de estar en modo electoral. Como crítica, es más creíble que insistir en que subir el salario mínimo a las rentas más bajas colapsará el mercado laboral, ahora que sabemos que el empleo ha seguido avanzando a mejor ritmo del previsto tras las últimas subidas del SMI impulsadas por el Gobierno.

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Yolanda Díaz está en modo electoral, sí. Pero también el propio Antonio Garamendi. La patronal celebra elecciones en noviembre y tiene una fuerte oposición. Y ya sabemos que las campañas electorales ajustadas llevan habitualmente más a la sobreactuación que al diálogo social. Los sindicatos, por su parte, también tienen incentivos para sobreactuar. Cuentan con el apoyo explícito de la ministra de Trabajo, que llama sin tapujos a las movilizaciones contra la patronal, y además la van a ayudar a promocionar Sumar, su nueva marca electoral (que no es ni un partido ni una plataforma, según ella misma ha explicado).

A falta de que se vaya concretando lo que es Sumar, lo que va estando claro es que la vicepresidenta segunda va a utilizar la subida del salario mínimo como uno de los mensajes centrales de su “movimiento ciudadano”, que es como ella lo llama. No solo le sirve azuzar en las calles el SMI para enfrentarse a la patronal, también para diferenciarse dentro del Gobierno de las posturas socialistas. Díaz necesita subrayar que quiere subir “más que nunca” el SMI, así lo dijo esta semana, incluso por encima de los 1.100 euros, para que si se queda en los 1.078 que plantea la OIT y proponía Calviño sea culpa del ala socialista no haber llegado más lejos.

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Entre tanto, Alberto Núñez Feijóo no termina de declararse en contra de la subida del salario mínimo, pero sí en contra de cualquier cosa que proponga el Gobierno. Dice el líder del PP que subir el SMI no es la solución, pero no plantea ningún plan concreto de cómo ayudaría él a las rentas mínimas a afrontar la difícil subida de precios, cuando está claro que los hogares con menos ingresos son los más afectados por una inflación por encima del 10%.

Si patronal y sindicatos, si Gobierno y oposición, incluso ambos socios de gobierno entre sí, van a utilizar el salario mínimo como arma arrojadiza, harán un flaco favor a los trabajadores más vulnerables. La economía española ha demostrado que tiene músculo para aguantar una subida del salario mínimo a cotas más dignas, pero en un contexto tan volátil como el actual haría falta un debate más sereno sobre cuál es la cantidad que las empresas, sobre todo las pymes (que representan el 66% del empleo en España), pueden absorber. Subir el salario mínimo sí, ¿pero cuánto? El diálogo social debería servir para eso.

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Otro peligro de dejar al salario mínimo acaparar el debate político de las próximas semanas es convertirlo en la batalla central sin que se afronte a fondo uno de los mayores desafíos que se presentan en Europa para los próximos meses: cómo ayudar a las rentas más bajas a pasar este invierno. Son los hogares más pobres los que emplean la mayor parte de sus ingresos (cuando los hay) en pagar las facturas de energía y alimentación.

¿Están los gobiernos haciendo todo lo que pueden por proteger a quienes más lo necesitan? ¿Está la oposición proponiendo algo concreto que pueda inspirar mejores políticas públicas o prefiere esperar a ganar las elecciones? ¿Tienen que ser las empresas las únicas que hagan el esfuerzo por reducir esa desigualdad o debe el Estado contribuir con nuevas ayudas? ¿Deberían prepararse nuevos paquetes de ayudas directas como están haciendo otros países europeos? ¿O vamos a quedarnos solo discutiendo del salario mínimo?

En la brocha gorda habitual de las campañas, se cae continuamente en el maniqueísmo de los buenos contra los malos, los del mercado bueno frente a la maligna intervención estatal, compitiendo por titulares ante los del maligno empresario frente a la mano salvadora de la regulación. Entre tanto, no parece que haya mucho tiempo de releer a David Card, el Nobel de Economía que demostró que subir el salario mínimo no destruye empleo (al menos, no en territorios prósperos cuando la economía crece, que es un factor importante a tener en cuenta). La experiencia reciente nos dice que subir el salario mínimo ni va a ser la ruina ni tampoco la panacea que resuelva las dificultades de los trabajadores más vulnerables a la inflación, pero puede ser un arma arrojadiza muy útil en campaña.