No lo llames solidaridad intergeneracional, sino mantra electoral

El Gobierno insiste en llamar "solidaridad intergeneracional" a la revalorización de las pagas de los jubilados con el IPC. Insiste también en meter en el mismo saco a todos los pensionistas, cobren 700 o 3000 euros al mes. La pensión media de jubilación es de 1.257 euros, pero a todos se les revalorizarán el 8,5% para que ninguno pierda poder adquisitivo, también a los que están muy por encima de la media.

La partida dedicada a las pensiones acumula una subida del 60% en 10 años. Esto supondrá el mayor gasto en pensiones de la historia: un gasto récord en los Presupuestos de 190.000 millones. El Gobierno insiste en que es viable y acusa de insolidaridad intergeneracional a todo el que lo cuestione. E incluso al que no lo cuestiona lo acusa también, porque el presidente Sánchez ya ha cargado directamente contra el PP recriminándole "volar los puentes" del Pacto de Toledo. Y eso que los de Feijóo ni siquiera se han atrevido a oponerse a la revalorización de las pensiones, al menos no abiertamente.

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A. B. Ramos

El PP no está siendo claro respecto a qué quiere hacer con las pensiones. Por un lado, está de acuerdo en que se actualicen con el IPC conforme a lo acordado en el Pacto de Toledo, pero reconoce que duda de la viabilidad de la medida a medio plazo. Medio plazo quiere decir lo que sea después de las elecciones.

Solo Inés Arrimadas se ha atrevido a criticar abiertamente que se suban lo mismo las pensiones máximas que las mínimas mientras se reclama un pacto de rentas. Ciudadanos se desmarca de PP y PSOE y es el único partido que se cuestiona abiertamente que sea sostenible e incluso solidario la subida de todas las pensiones por igual. Será que en política solo se atreve a arriesgar los votos el que los ha perdido.

De que sea sostenible la revalorización de las pensiones depende en buena parte de que Nadia Calviño tenga razón. No la tuvo hace un año cuando proyectó que España en 2022 crecería un 7% y la inflación por estas fechas estaría en el 1,5%. A diferencia de en aquellas proyecciones ya caducas, en el mundo real la inflación se disparó y el PIB ralentizó mucho su crecimiento. La invasión de Ucrania lo ha puesto todo patas arriba. Y como la guerra sigue ahí, y también la inflación y la crisis energética, aventurarse en proyecciones de crecimiento es muy aventurado.

"Y como la guerra sigue ahí, y también la inflación y la crisis energética, aventurarse en proyecciones de crecimiento es muy aventurado"

Este año los presupuestos son aún más optimistas y el escenario internacional aún más incierto. Las previsiones de Airef, del Banco de España y servicios de estudios como el del BBVA son más agoreros que los escenarios proyectados por el Gobierno. Así que ojalá la vicepresidenta acierte en sus previsiones para la economía española y la ministra María Jesús Montero en sus proyecciones de ingresos, porque que buena parte de la 'justicia social' prometida no se convierta en más injusticia intergeneracional depende de ello.

De que la economía española siga creciendo según lo previsto también depende que la revalorización de las pensiones con el IPC puedan pagarse sin que por el camino se ahoguen las empresas y la creación de empleo. En las previsiones del Ejecutivo, los ingresos por cotizaciones crecerán un 12,6%, porque el mercado laboral no se resentirá ni del alza de impuestos ni de la coyuntura internacional. La patronal no lo ve así y protesta por la subida de entre 4,1% y el 8,6% a las cotizaciones sociales, que se han incrementado en los PGE sin diálogo social mediante.

Subir de golpe las cotizaciones sociales para pagar la subida de las pensiones, de todas las pensiones, un 8,5%, para que ningún pensionista pierda poder adquisitivo, tampoco los que cobran las pensiones máximas, puede que acabe siendo viable. Eso ya lo veremos. Lo que está menos claro es que sea muy solidario. Muy redistributivo no suena, desde luego, darle el mismo trato a las pensiones máximas que a las mínimas. Tampoco parece muy solidario intergeneracionalmente blindar el poder adquisitivo de los jubilados con las pensiones máximas mientras hay un estancamiento salarial y el riesgo de pobreza entre los jóvenes españoles duplica el de los mayores de 65.