Malversación a la carta: de Puigdemont a la Kitchen

No es tan mala idea como parece proponer la reforma del delito de malversación a la carta. Sobre todo si lo que se quiere conseguir es que dejemos de preocuparnos por la derogación del de sedición, que es una preocupación muy de la semana pasada. Que el Gobierno quiera limitar a desórdenes públicos lo sucedido el 1-O ya no parece tan grave si acto seguido plantea una reforma de la malversación que no solo podría beneficiar a los dirigentes del procés, también a los de los ERE y la Kitchen. No hay como poner sobre la mesa algo mucho más burdo que lo que se discute para escorar la línea roja de lo descabellado un poquito más allá. Si dura mucho más la legislatura, ni línea va a quedar.

Apenas empezábamos a debatir cómo de oportuna es la propuesta del Gobierno de actualizar el Código Penal para derogar el delito de sedición, aún estaba por aclarar la letra pequeña de cuánto beneficiaría esta reforma legislativa a los independentistas del procés, tanto a los fugados como a los condenados por el Tribunal Supremo, cuando llegó la noticia de que la malversación tampoco va a ser lo que era. Junqueras lleva tiempo pidiéndolo abiertamente y por fin el Gobierno ha reconocido que no sería descabellado. Otro empujón a la línea.

Hasta que llegó la propuesta de reformar la malversación, con la idea de que no sea lo mismo robar dinero público para uno mismo que para otros fines, el Gobierno todavía esgrimía como argumento principal que la reforma del tipo penal urgía para armonizarla con otras legislaciones europeas. No fuéramos a creernos que era una reforma a la carta para beneficiar a los indepes. Es más, decían que aunque se acabara con el delito de sedición, el más grave pasaría a ser el de malversación, que determinaría las nuevas penas, de cárcel e inhabilitación, de los que faltan por juzgarse.

El argumento era armonizarse con Europa, que siempre es más digerible que reconocer públicamente que esta reforma que lleva tiempo negociando con ERC está pensada para beneficiar específicamente a los protagonistas del procés, más concretamente, a los socios que necesita para aprobar los PGE.

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Esmerarse tanto en convencernos de ello revela que algo de pudor queda en el Ejecutivo cada vez que empuja la línea roja. O le quedaba. Porque la propuesta de reforma del delito de malversación ha terminado con esa ilusión. Tiempo le ha faltado a Gabriel Rufián para salir a aclarar que el cambio legal que piden debe ser “quirúrgico”, es decir, que no se trata solo, como decía la ministra Margarita Robles, de distinguir entre el lucro personal y el desvío de dinero público para otros fines. No para todos, al menos. ERC ha salido a aclarar que es fundamental que la reforma se vincule solo a los condenados por sedición. O sea, a los suyos.

El Gobierno no va a tener más remedio que aceptar que esta reforma, la de malversación, está pensada para los presos del procés. De no hacerlo, claro, debería reconocer que su reforma dejaría indemnes otras prácticas corruptas de dirigentes que también han sido acusados o están siendo investigados por ello. Y será por delitos de malversación en España. Los tenemos de todos los colores. De los que roban dinero público para asar una vaca a los que lo gastan en destruir pruebas de extesoreros. De los ERE socialistas a la Kitchen del PP.

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Así que si con la derogación de la sedición el Gobierno de Pedro Sánchez se esforzaba en disimular que se trata una reforma a la carta para beneficiar a los socios indepes, con la reforma del delito de malversación necesita aclarar rápidamente que no nos preocupemos, que no tiene ninguna pretensión de universalidad, porque se trata exactamente de eso, de favorecer solo a Junqueras y compañía, no a todos los demás.

Es normal que de pronto el Gobierno tenga tanta prisa en que se tramite la reforma del Código Penal que ha pactado con ERC, para alejarla lo más posible de las elecciones de primavera. Esto no es fácil de explicar en una campaña. Bastante complicado era defender de Badajoz a Albacete los indultos del procés, como para tener además que justificar que a Puigdemont ya no se le pueda juzgar por sedición y ni siquiera malversación.

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El Gobierno quería tramitar la derogación de la sedición por la vía rápida, como proyecto de ley, huyendo de los debates y evitando posibles dudas en los informes del Consejo de Estado y del Poder Judicial. Pero viendo la que se está montando con la propuesta de reformar la malversación, que ha incomodado incluso a Podemos al caer en la cuenta de que podría suponer un coladero para los corruptos de todos los colores, no les vendría mal pedir alguna otra opinión que no sea la de Rufián.

A no ser, claro, que la idea sea precisamente crear confusión con un cambio legislativo. Así, si en vez de beneficiar a cientos de condenados por corrupción, luego beneficia solo a los del procés parecerá menos descabellado. Allá, al fondo del todo, la línea roja se aleja otro poco. Se desvanece.