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¿Asalto al poder judicial o desbloqueo?
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Marta García Aller

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¿Asalto al poder judicial o desbloqueo?

La última sorpresa ha sido la reforma para forzar a la renovación de dos magistrados del TC, sin necesidad de la mayoría cualificada que hacía falta hasta ahora en el CGPJ

Foto: Alberto Núñez Feijóo frente a Pedro Sánchez en el Senado. (EFE/Juanjo Martín)
Alberto Núñez Feijóo frente a Pedro Sánchez en el Senado. (EFE/Juanjo Martín)
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Para seguir todas bien las consecuencias de las reformas que amontona de forma exprés el Gobierno esta semana, había que haber aprovechado el puente para estudiarse bien las troncales de Derecho Penal y Constitucional en vez de para desconectar. Aunque como esto último es mucho más probable, estos días del país a medio gas son ideales para presentar todas las iniciativas que desde el Ejecutivo confían que pasen lo más inadvertidas posible.

La última sorpresa ha sido la reforma para forzar a la renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional, sin necesidad de la mayoría cualificada que hacía falta hasta ahora en el CGPJ. Antes de esta novedad, que tiene a los juristas tan sorprendidos como divididos, el foco estaba en la rebaja del delito de malversación que reclamaba ERC y que beneficiará a los condenados del procés, igual que la eliminación del delito de sedición, a la que a su vez le quitó el protagonismo. Con tantos desvíos de atención entrelazados es difícil seguirles el rastro. De eso se trata.

Foto: Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial celebrado en octubre. (EFE)

También ayuda a desviar la atención de la modificación exprés y a la carta de la malversación y la sedición el totum revolutum de trilerismo legislativo de última hora. PSOE, Podemos y ERC plantearon el viernes otras reformas en el Código Penal que van desde endurecer los delitos contra los derechos de los trabajadores, a garantizar la protesta pacífica.

De todas estas reformas de última hora, la más excepcional es la de la renovación del Tribunal Constitucional. El Gobierno pretende eliminar la obligatoriedad de los tres quintos de los votos del CGPJ para poder nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde. El bloque conservador del CGPJ, por su parte, ha reaccionado a la enmienda forzando un pleno para esquivar la reforma, lo que continúa aumentando la tensión entre el Legislativo y el Judicial.

Tanto el Gobierno como sus socios culpan al PP de no haber dejado más opción tras cuatro años de parálisis del Poder Judicial por su negativa a renovar el CGPJ. Y desde el PP acusan al Gobierno de "toma de las instituciones".

Foto: Pablo Echenique y Gabriel Rufián en el Congreso. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Hay juristas a favor y en contra, pero todos coinciden en que lo que propone el Gobierno es totalmente excepcional. Hay juristas que la valoran como un mal menor ante la urgencia de desbloquear los órganos constitucionales. Otros advierten de que esta reforma exprés es peligrosa porque limita los contrapesos en los equilibrios de los poderes del estado y dinamita la necesidad de consenso, que hasta ahora era necesario para los nombramientos, pero que se ha demostrado imposible en los últimos cuatro años ante la falta de entendimiento de los principales partidos.

Lo cierto es que llevamos cuatro años de bloqueo inédito en el Poder Judicial. Cuatro años que han tenido al CGPJ funcionando con una composición caducada de mayoría conservadora heredada de los años de Mariano Rajoy. Desde 2018, el PP ha evitado pactar la renovación, que tiene que ser acordada por una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. Y esta parálisis es, a su vez, la que ha tenido bloqueada tanto la renovación del Tribunal Constitucional y que el Supremo tenga casi una veintena de vacantes.

Pero para devolver la normalidad a las instituciones, lo primero que hace falta es respetarlas. Y tramitar un cambio de este calado de forma de urgencia, recurriendo a una proposición de ley para evitar requerir informes al CGPJ, al Consejo de Estado y a cualquier otro órgano que pueda cuestionarla, no inspira mucha confianza. Menos aún si encima se lleva a cabo al mismo tiempo que se tramitan las enmiendas para la reforma de la sedición y la malversación que buscan favorecer a los independentistas del procés, que son precisamente los que atentaron contra la propia Constitución.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)

Recurrir a soluciones exprés como esta para reformar algo tan delicado en la estructura constitucional como la separación de poderes es consecuencia de la incapacidad de los partidos de haber hecho su trabajo con normalidad democrática y acorde a la ley para haber llegado antes a un acuerdo. Igual que no deberíamos haber llegado hasta este nivel de bloque del Poder Judicial, tampoco merecemos este desbloqueo. Está por ver qué dice Bruselas de todo esto.

¿Es esto entonces un asalto al Poder Judicial o un desbloqueo del Constitucional? Seguramente las dos cosas a la vez. Aunque habría que sumar una tercera. También es muy triste. No hace falta estudiar Derecho para saber que cambiar la ley por la incapacidad de hacerla cumplir debilita la confianza y aumenta la degradación institucional.

Para seguir todas bien las consecuencias de las reformas que amontona de forma exprés el Gobierno esta semana, había que haber aprovechado el puente para estudiarse bien las troncales de Derecho Penal y Constitucional en vez de para desconectar. Aunque como esto último es mucho más probable, estos días del país a medio gas son ideales para presentar todas las iniciativas que desde el Ejecutivo confían que pasen lo más inadvertidas posible.

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